ESCUCHARLos números cerrarán el año sin mayor margen. Si bien a julio, último dato disponible, el superávit financiero de la Provincia alcanzaba a 648,4 millones de pesos para la Administración Central, el deterioro es evidente en la comparación interanual (61,7 por ciento abajo). Y el propio ministro de Finanzas, Ángel Elettore, admite que el ejercicio 2015 terminará con cifras ciertamente ajustadas.
En ese marco, con una actividad económica apenas discreta y con un contexto externo complejo, los reclamos de Córdoba a la Nación y la promesa de soluciones a esas peticiones desde el Gobierno central a partir del 10 de diciembre abren un panorama de expectativas positivas en función de los recursos en juego, ya sea como ingresos netos o bien como fondos que dejarán de drenar desde las cuentas públicas provinciales.
Las cifras no son menores -De la Sota las cuantifica en $12.000 millones- y si bien la tarea que asumirá el mandatario electo Juan Schiaretti desde diciembre será clave, también lo será el resultado de las negociaciones con la Nación desde esa fecha, en función de los ingresos extra que están en juego. Esa relación se centrará en estos ejes:
Caja de Jubilaciones. La falta de envíos de fondos nacionales para cubrir parte del rojo previsional de Córdoba ya fue denunciado por la Provincia y se encuentra en análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia. La presentación original corresponde a una supuesta deuda de $1.040 millones de 2011 a valores de esa fecha. Es por la eventual falta de cumplimiento de la Nación al acuerdo firmado para la cobertura de parte del déficit para los años 2010 y 2011. La Nación asegura que Córdoba incumplió con el texto del convenio y por eso suspendió los envíos.
Detracción de recursos de la coparticipación primaria para la Anses. Se trata otra causa radicada en la Corte y complementaria de la anterior. Según el argumento del gobierno provincial, ante la falta de convenio de cobertura para el rojo previsional desde 2012 a la fecha, la Nación debería dejar de detraer recursos que van a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) -cambio que operó tras la entrada en vigencia de las AFJP- y redireccionarlos a la Provincia. A la fecha, ese reclamo superaría $5 mil millones.
Refinanciación de deudas y ATN. También se halla en estudio por parte de la Corte Suprema. La denuncia apunta a la decisión del Gobierno nacional de dejar afuera a Córdoba del programa de refinanciación de deudas. La decisión que se tomó a partir del 1de enero de 2014 argumentó que Córdoba debía desistir de las demandas contra la Nación para continuar en ese plan. Desde entonces, -2014 y 2015- Córdoba pagó servicios de capital e intereses por unos $1.400 millones. Paralelamente, la Nación no le habilitó Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra similar que, en el caso de las otras provincias, fueron usados para disminuir el capital de la deuda que mantenían con la Nación.
Bono de EPEC. Si bien esa causa no está en la Corte, también fue judicializada en su momento por Córdoba aunque luego desistió porque un fallo favorable hubiera implicado que el título entrara en default.
Se trata del bono por US$565 millones a 96 meses de plazo y a una tasa de 12,5% anual que tomó casi íntegramente Anses y cuyos fondos fueron destinados a la construcción de la central termoeléctrica de Pilar. La pretensión es que, o bien se renegocie la tasa -situación ciertamente difícil- o bien se alarguen los plazos de pago.
En la misma línea, también se evalúa que la Secretaría de Energía de la Nación por medio de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) reconozcan un mayor precio por megavatio generado mediante la denominada Resolución 220.
Paralelamente, subsisten diferencias importantes respecto de los valores reconocidos en el precio de la energía y de aumento de tarifas aplicados que también están judicializados. Cammesa reclama más de $4.500 millones por energía adquirida por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) como distribuidora y nunca pagada. En tanto, EPEC asegura tener acreencias por más de $3 mil millones, todos temas que si bien ya se discutían entre las partes, ahora deberán negociarse bajo otra impronta.
Por lo demás, también hay reclamos por deudas generadas por obras públicas, principalmente viviendas de los planes federales y también por trabajos viales, entre ellos tramos de la avenida de Circunvalación. Esos reclamos rondan $500 millones.
Nuevo escenario
En definitiva, se trata de reclamos multimillonarios que, de prosperar -ya sea por la vía judicial o ahora por medio de una negociación, que hasta el momento parecía sin salida- abre la posibilidad de contar con al menos parte de esos ingresos en el mediano plazo.
No es dato menor, en este contexto, la posibilidad de salir a buscar recursos en el mercado externo para obras de diferente tipo.
A diferencia de la última década, se abre desde diciembre la promesa del próximo gobierno nacional de otorgar los avales para poder emitir afuera. La autorización será clave: Schiaretti presentó días atrás en Beijing, China, un programa de obras públicas por más de US$3.700 millones.
En definitiva, un nuevo capítulo en la relación político-institucional entre Córdoba y la Nación parece inevitable. Y esa nueva etapa promete, al menos en el frente de litigios abiertos, una resolución favorable a los planteos de Córdoba. Cómo se administrarán esos recursos potenciales que llegarían a la Provincia, es una decisión que corresponderá a Schiaretti y su equipo de trabajo a partir del 10 de diciembre.
