ESCUCHARUna iniciativa de la legisladora Nancy Lizzul prevé equiparar la ley 9331 con la del Compre Trabajo Argentino, que incluso establece sanciones para casos de incumplimiento. Pretende que ingrese a a la Unicameral antes de fin de año.
La legisladora por el Frente Cívico y Social (FCyS) y presidenta de la Comisión de Industria y Minería, Nancy Lizzul, presentó ayer en la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas un anteproyecto por medio del cual prevé modificar la ley 9331 del Compre Córdoba, equiparándola al Compre Trabajo Argentino, en la cual no se contempla, entre otras cosas, la excepción de cumplimiento de la normativa; e incluso estipula sanciones.
Así lo explicó a Comercio y Justicia la propia autora de la iniciativa, al tiempo que aseguró: “Proponemos derogar el artículo 12 que prevé la excepción porque creemos que es la puerta a la discriminación de las empresas locales. Sucede que el Gobierno, en vez de planificar las compras con tiempo, espera a último momento y justifica en la urgencia el no cumplimiento de la normativa vigente”.
El ítem indica: “Los sujetos contratantes comprendidos en el artículo primero quedarán eximidos del cumplimiento de la presente Ley en los casos de que por necesidad, urgencia o emergencia debidamente justificada deba garantizarse en forma inmediata la realización de la obra o la prestación de un servicio”.
“Ya habíamos recibido numerosas críticas de parte de empresas cordobesas que aseguran que quedan fuera de las contrataciones del Estado aun cumplimentando todos los requisitos”, explicó la legisladora. “Inclusive a principios de año, cuando el Gobierno presentó la gran novedad de las subastas electrónicas a raíz de que debían cubrir las necesidades surgidas a partir de las inundaciones, nosotros pudimos constatar que el 100% de las compras no fueron realizadas a empresas locales, habiendo quienes podían abastecer esos productos”, dijo.
La propuesta también contempla la aplicación de sanciones: “Se considerarán incursos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, según corresponda, a los funcionarios públicos y los administradores y empleados” que no cumplieren esta norma.
No sólo para pymes
Otras modificaciones previstas en el anteproyecto de ley, que espera poder ingresar en la Unicameral antes de fin de año, prevé incorporar a todas las empresas, no sólo las pymes, y elevar los porcentajes de preferencia para las licitaciones.
“Incorporamos a todas las empresas otorgándoles un porcentaje de prioridad de 5% por encima de las competidoras de otras provincias y elevamos a siete el porcentaje de prioridad para el caso de las pymes (que actualmente se ubica en 3% ), ya que a partir de un estudio comparativo con similares proyectos de otras provincias pudimos observar que era insuficiente”.
Lizzul indicó además que continuará con la presentación de la iniciativa en otras cámaras e incluso en el interior provincial “porque la experiencia nos indica que mientras mayor es el apoyo que recibimos, es mayor la dificultad del oficialismo para no tratarlo”.
