martes 19, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

El cierre de las salas de contención, una prioridad todavía en espera

Cómo se encuentra el proceso de adecuación de los servicios de salud mental a las normativas vigentes.
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Así lo señala un relevamiento del Órgano de Revisión de la Nación y un pedido de informes que hizo la legisladora cordobesa Liliana Montero.

Por Luz Saint Phat – [email protected]

El cierre de las salas de contención en los hospitales monovalentes es una de las grandes asignaturas pendientes en Córdoba, si se lo compara con lo estipulado hace cinco años por las leyes de salud mental nacional (Nº 26657) y provincial (Nº 9848) sobre los dispositivos terapéuticos.

Así lo señalan los datos relevados en los distintos hospitales monovalentes de la provincia por el Órgano de Revisión de Salud Mental de la Nación (http://www.mpd.gov.ar/pdf/Monitoreo%20instituciones%20-%20Cordoba.pdf) -emitido el 7 de julio pasado-, y el pedido de informes que hizo al Ejecutivo provincial la legisladora Liliana Montero durante los primeros días del mes de septiembre (http://lilianamontero.com.ar/proyecto-resolucion-17378-fecha-08-09-2015-informe-sobre-hosp-neuropsiquiatrico-hosp-colonia-vidal-abal-hosp-jose-a-ceballos/).

“Con base en un informe del Órgano de Revisión de Salud Mental de la Nación y en el desglose que realizamos de los aspectos que allí se señalan, elevamos un pedido en la Legislatura para que se evalúe cuál es el estado de la aplicación de las leyes de salud mental a nivel provincial”, explicó  Montero a Comercio y Justicia.

“A partir de ese relevamiento y de la falta de respuesta a nuestra solicitud, constatamos una vez más que el Gobierno de la provincia no ha hecho nada en relación a la salud mental por decisión política, sino más bien por presión de la acción pública, como fue en el caso de Bell Ville”, agregó la legisladora. “El tema de la existencia -aún hoy- de las salas de contención es clave. Esto sucede principalmente porque todavía no se han creado los dispositivos alternativos que permiten su cierre y porque no están destinados los recursos económicos y humanos necesarios”, aseguró la presidenta del bloque del Frente Cívico en la Unicameral.

“En cuanto a los logros en el avance de la implementación de las leyes, sí se puede pensar en el compromiso y trabajo de los profesionales de salud mental. Lo que sucede es que sin recursos para la implementación de las nuevas normativas, no es mucho lo que se puede hacer”, amplió Montero en conversación con este medio.

“Aún así, el pedido está hoy durmiendo el sueño de los justos y todavía no hemos recibido ninguna respuesta”, agregó.

Estado de situación
El relevamiento del Órgano de Revisión de Salud Mental de la Nación fue efectuado los días 2 y 3 de junio de este año.

La tarea fue realizada por María Graciela Iglesias, secretaria del organismo, junto a dos miembros de la Secretaría de Derechos Humanos.

En esa oportunidad se visitaron los hospitales Neuropsiquátrico de la ciudad de Córdoba, Colonia E. Vidal Abal, de Oliva, y José Antonio Ceballos, de Bell Ville.

Respecto del primer nosocomio y en lo que  se refiere específicamente a la salas de contención, el informe indica que en él se tomó nota de la refuncionalización de estos espacios, con excepción de uno. “Se constató que uno de ellos se mantenía intacto, y según relataron parte de los profesionales de asistencia que acompañaron la visita, desconocen la utilización de procedimientos alternativos para atender al desarrollo de eventuales crisis”, dice textualmente el informe.  “Si bien mencionaron que no se estarían utilizando durante el último mes, se observó la presencia de colchón y disposición para ser utilizado.

Manifestaron asimismo la falta de profesionales para la conformación de equipos interdisciplinarios y la preeminencia de médicos psiquiatras para la atención”, completa el documento.

Respecto del Hospital Colonia Vidal Abal y sobre la misma temática, el texto del Órgano de Revisión indica que “se constató la presencia de ocho salas de aislamiento, en cuatro de ellas habían sido extraídos los pasadores de las puertas y las cuatro restantes estaban intactas. El personal de la institución informó que ninguna de ellas estaba en uso; no obstante, usuarios dieron a conocer que habitualmente estaban siendo ocupadas”. En sus conclusiones sobre el estado de situación de este hospital, el documento asegura que “se pudo observar la ausencia de autoridades de la institución que pudieran dar cuenta de la gestión de la colonia”, y agrega que “el hospital se encuentra funcionando con un paradigma obsoleto en salud mental, en el cual predomina el aislamiento en las afueras de la ciudad de las personas con padecimiento mental, sin control de legalidad ni resguardo de los derechos” reconocidos en la ley 26657. “De este modo, la institución se configura meramente como un dispositivo de disciplinamiento y reclusión, viéndose coartada cualquier posibilidad de tratamiento”, agrega el dictamen.

Por último, sobre el monovalente de Bell Ville, el documento destaca el proceso de transformación que se ha llevado adelante en él. Así, el dictamen considera que “es de destacar que se está llevando adelante un proceso de reforma y transformación del hospital con el cual se encuentran comprometidas las autoridades del mismo”. Aún así, el organismo indica que “si bien son medibles los logros, se considera necesario avanzar en la sustitución de las salas de contención por la inclusión de procedimientos menos restrictivos, como así también avanzar en estrategias que sustituyan el encierro de los usuarios con problemáticas más severas”.

Marcha
En la tarde de hoy se desarrollará en la ciudad de Córdoba la segunda Marcha por el Derecho a la Salud Mental. Bajo la consigna “Del dicho al hecho… ¿Qué pasa con nuestros Derechos?”, la manifestación se iniciará a las 18 en la intersección de las avenidas Colón y La Cañada.

La movilización busca interpelar a los ciudadanos para que se interioricen respecto del estado actual del campo de la salud mental en la provincia y que conozcan los principales desafíos y asuntos pendientes de la implementación de las leyes sancionadas a principios de la década por la Nación y la Provincia.

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