ESCUCHARAlberto Binder, experto en derecho procesal penal, estuvo en la Universidad de Congreso, en Mendoza, y criticó duramente el actual sistema judicial argentino y de los tribunales federales. Por Alejandro Gamero *
Es raro escuchar a un académico del derecho criticando con dureza a la Justicia ante un auditorio de magistrados y abogados que la administran y la utilizan a diario. Mendoza fue una de esas excepciones. Alberto Binder “sopapeó” al sistema judicial argentino sentenciándolo con una lapidaria frase: “hoy la Justicia es una administradora de privilegios”.
Lo dijo durante una jornada organizada por Infojus sobre la reforma Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, más que hablar de la obvia modernización conceptual, Binder fue al nudo del problema; es decir, a la necesidad de cambiar la operatividad diaria de un sistema judicial que él considera caduco. Arrancó diciendo que “nuestro pensamiento jurídico Penal está muy atrasado” y destacó tres desafíos que el sistema democrático impone a la reforma judicial de la Justicia Federal para que sea útil: que tenga capacidad para combatir la criminalidad creciente. para de defender las libertades públicas y para construir una Justicia confiable y creíble.
Contra ese concepto, Binder sentenció: “al contrario, el sistema judicial es hoy un administrador de los privilegios del poder”. Además, aseveró que el proceso judicial debe ser oral de punta a punta, y de una vez por todas. Luego, manifestó: “hay que acabar con el juez de Instrucción porque por su función conceptual no puede enfrentar la criminalidad. No veo que vayan a trabajar en conjunto para combatirla”.
Trámite
En cambio, señaló que lo deseable es un Ministerio Público dinámico, que funcione en equipo, que le hable a la sociedad, y no “un grupo de fiscales atrapados en el trámite, porque el trámite es el opio del sistema judicial”. En ese sentido, habló de la tarea de los fiscales y subrayó que “el Ministerio Público es el que gestiona el dolor social, el dolor de las víctimas” y que, por eso, la relación entre ellos debe ser profunda”.
En tanto, destacó que la problemática del delito es distinta a la del pasado y que aunque la pobreza y la marginalidad están siempre mezcladas, sería cándido pensar que la criminalidad surge solo de este sector. “El delito hoy es un negocio, una cuestión de negocios, hay mucha plata en juego y sería una tontería enfrentarlo si no hay una fuerte decisión política de perseguir, detectar y controlar los flujos de dinero de la criminalidad”, remarcó. Según Binder, la reforma judicial debe estar preparada para afrontar aquella situación. “La discusión que tenemos acá es cómo hacer para que la sociedad pueda metabolizar el fenómeno de la violencia”, aseguró.
Binder explicó que más allá de que la inseguridad pueda ser preocupante en la Argentina, actualmente no tiene comparación con la situación más grave de otros países de la región y precisó: “aquí tenemos 9 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que otros países cercanos llegan a un promedio de 18 cada 100 mil, y les digo que si en Medellín, Colombia, logran bajar el índice a 35 homicidios cada 100 mil habitantes, hacen una fiesta”. Para el jurista, el problema es que a la realidad nacional de la criminalidad se le contrapone la de un sistema judicial que, así como está, no sirve, y “una carencia muy grande de políticas criminales”.
“Evaluamos lo que pasa desde el delito, pero en realidad lo que en la calle tenemos son fenómenos criminales, como el robo de autos, el narcotráfico, la trata de personas y no tenemos un plan de política criminal para enfrentarlos”, manifestó.
Quedó entendido en la conferencia de Binder que las políticas contra a criminalidad son responsabilidad del Estado, del gobierno de turno. También dejó en claro que es necesario poner la Justicia Federal a tono con la demanda de la realidad dentro de un sistema democrático. Es que la Justicia Federal tiene –nada más y nada menos– el monopolio de la investigación penal sobre el narcotráfico, el contrabando, la evasión fiscal, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros, todos delitos que requieren del funcionamiento de organizaciones criminales.
* Periodista
