ESCUCHARUn hito en la enseñanza del derecho en el país. Revolucionaria desde su misma concepción, chocó contra la cultura política de la arbitrariedad.
Por Luis R. Carranza Torres
Córdoba, año 1834. Luego de ser la parte principal dentro de la Liga Unitaria del general Paz, la provincia ha vuelto al redil federal, bajo el gobierno de los Reinafé.
El gobernador nominal era José Vicente, si bien con sus hermanos Francisco, Guillermo y José Antonio formaba un clan que establecía en la práctica un cuatorvirato a la cordobesa como auténtico gobierno.
Este último era el intelectual del grupo y encargado de reemplazar a su hermano gobernador como su delegado, cuando se ausentaba fuera de la capital.
Es en una de dichas suplencias que el 28 de febrero de 1834 dispone la creación de una Cátedra de Derecho Público en la Universidad Mayor de San Carlos.
Enrique Martínez Paz, en su obra La formación histórica de la provincia de Córdoba, la destaca como “una extraordinaria iniciativa, la cual revelaría una visión que sin duda, la historia no se ha atrevido a reconocer a sus iniciadores”. Su inclusión en el plan de estudio se produce a expensas de la reducción de los cursos de derecho civil y canónigo, como nos explica Pedro Yanzi Ferreyra.
En los fundamentos de la resolución gubernamental se establecía su necesidad, ya que: “Considerando este Gobierno que los conocimientos en la gran ciencia de legislar son aquellos por donde el país debe marchar a su organización y que son los únicos que pueden hacer a esta producir los efectos que aseguren la felicidad del Estado; y viendo por otra parte que al paso que se ha cuidado de instruir a la juventud en Códigos e ideas que están en perfecta, conformidad con las bases y formas de gobierno adoptadas en el mundo civilizado, se ha descuidado enseñar lo que puede ponernos en la aptitud de acomodar a ellas nuestra legislación; ha creído uno de sus más sagrados deberes poner en la parte que las circunstancias le permiten un remedio a este mal adoptando medidas que perfeccionará en mejor oportunidad…”
No era pues una cátedra más sino que se la pergeñaba con la intención de brindar el sustento cognoscitivo que permitiera arribar a la definitiva organización política del país, en tiempos en que la palabra “Constitución” era mal vista, por ser tenida por unitaria. Las pactos federales eran, por entonces, la única forma aceptada para vincular a las provincias entre sí.
Para cubrir el cargo de profesor titular de ésta, se aceptó la “oferta generosa del Dr. Don Santiago Derqui”, profesor de la casa, “de servir la cátedra sin otro compensativo que el de prestar a Córdoba este servicio” y “sin perjuicio de la de Filosofía en que sirve”, según consta en el Libro de Actas de Sesiones de la universidad. No eran tiempos de vacas gordas para el claustro, y ahorrarse un sueldo docente no era una mala perspectiva. Otros docentes que se desempeñaron en ella fueron Agustín Pastor de la Vega, Enrique Rodríguez y Ramón Ferreyra.
Inicialmente, se acordó que la nueva cátedra cumpliera con sus actividades de enseñanza en el mismo lugar físico donde Derqui dictaba filosofía. Respecto de los “legistas” como denomina la resolución a los estudiantes de derecho de entonces, sus clases eran “dictadas” durante una hora los días lunes, jueves y sábados. Empezaban a las cuatro de la tarde en el primero y segundo curso y a las nueve de la mañana en el tercero. Se enseñaba el derecho público en su extensión, abarcando el político, de gentes, el constitucional y hasta la economía política.
Pero como nos dice Félix Torres, en su estudio sobre Derqui en la universidad de Córdoba, ¿cómo podía compatibilizarse la realidad política del país bajo el rosismo con los principios constitucionales de la libertad, por caso de Constant sobre que “una constitución es la garantía de la libertad de un pueblo”? ¿O las ideas que los ciudadanos tenían derechos frente al poder, o que el gobierno que no garantizaba los derechos de las personas era una tiranía? Aun cuando fuera una práctica intelectual, no se podía. En tal sentido, la cátedra alcanzó siete años de vida antes de perecer.
Cuando la cosa no daba para más, en la sesión universitaria del 2 de marzo de 1841 se entendió que “sería más útil a la enseñanza el suprimir esta cátedra”, sin mayores aclaraciones. El gobierno acogió rápidamente tal propuesta por decreto tres días después, el cual al ser notificado en la universidad dejó en el acta de sesión respectiva expresado que “el Claustro después de prestar el más grato obedecimiento al Supremo Decreto”. Y, acto seguido, se dispuso a reglamentarlo. Quienes habían terminado de cursar podrían rendirla, el resto no podría concluirla ni rendirla, perdiendo de tal modo lo hecho en la materia. Se trataba de conocimientos peligrosos, de los que valía la pena olvidarse lo más pronto posible.
Era, como podemos ver, una enseñanza molesta para los poderosos, dentro o fuera de la universidad o el gobierno. Pero repasando los nombres de a quienes se impartiera tales conocimientos vemos más de una coincidencia con los constituyentes de 1853 o quienes tuvieron que poner en práctica la Constitución Nacional, que fue su resultado.
Los “legistas”, a la postre, terminaron ganando y constitucionalizando al país. Además que cupo a su profesor titular inicial, Santiago Derqui, ser primero ministro de Justicia de la Confederación y luego el primer presidente de la Nación Argentina unificada.
