El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, amplió la imputación contra el ex secretario judicial Víctor Manuel Montti -actualmente con falta de mérito por otros hechos- y pidió que se lo convoque a declaración indagatoria por su participación en crímenes de lesa humanidad. Montti integraba el juzgado federal de esa ciudad que entre los años 1975 y 1976 implementó “un mecanismo que convirtió esa sede judicial en una especie de ‘escribanía’ convalidante de los quehaceres del Área de Defensa 212 en materia de la aplicación de la ley 20840”.
Esta norma es la denominada “ley antisubversiva” -aprobada por el Congreso de la Nación en 1974- que le dio basamento “legal” a la persecución por motivos políticos y sirvió para blanquear en los tribunales la privación ilegal de la libertad de miles de personas a lo largo de todo el país por parte de las fuerzas armadas y de seguridad. En efecto, el fiscal imputó al ex secretario por haber aceptado en el Juzgado Federal las declaraciones ante autoridades policiales y militares de 11 víctimas privadas ilegalmente de la libertad que fueron obligadas a autoincriminarse y a involucrar a otras personas, varias de ellas coaccionadas bajo tormentos, y por no haber investigado los crímenes que esas mismas personas denunciaron que los represores habían cometido contra ellas.
El fiscal señaló que Montti intervino en “una práctica sistemática comprensiva del incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión de denuncia” .