ESCUCHARFrente a la Sala I de la Cámara de Apelaciones porteña se realizó ayer la audiencia pública en la que se trató el pedido a indagatoria de los imputados en la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa, ocurrida durante la última dictadura cívico-militar.
Entre los involucrados por la operación están los directivos de La Nación y Clarín, Bartolomé Mitre; y Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, respectivamente. La querella a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos insistió en que los involucrados sean citados a indagatoria y resaltó que en los cinco años desde que fue promovida la denuncia “fallecieron cinco de los imputados sin que haya avanzado la causa”.
El pedido de indagatoria a esos empresarios y a Raymundo Juan Pío Podestá, ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, y Guillermo Juan Gainza Paz, acusado de ser el intermediario para el desapoderamiento compulsivo de la familia Graiver, principal accionista de la papelera, fue realizado en marzo pasado por el entonces fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella. El juez Julián Ercolini lo rechazó por considerar que todavía debían esperarse los resultados de medidas de prueba contables. Ante esa decisión, Gómez Barbella apeló la medida y, ante un nuevo rechazo de Ercolini, presentó el recurso de queja que fue habilitado por la Cámara.
Cuando faltaban pocos minutos para las 13, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, comenzó exponiendo sus argumentos para avalar la necesidad de citar a los imputados a prestar declaración indagatoria. Alén detalló que en los tres años que la causa lleva en el juzgado de Ercolini no se produjeron “significativos avances en la investigación” y resaltó que se observaba una “reticencia del juzgado para permitir el esclarecimiento del caso”.
