ESCUCHAREl ex juez Carlos Otero Álvarez y los defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina fueron procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También están acusados el ex fiscal Antonio Cornejo y el ex juez Miguel Puga.
La causa contra los magistrados y funcionarios que ocuparon puestos de la Justicia federal cordobesa durante la última dictadura cívico-militar sigue más vigente que nunca, luego de que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó ayer los procesamientos y rechazó los pedidos de nulidades de las defensas de los funcionarios judiciales involucrados.
La resolución, cuyos fundamentos se conocerán el próximo 2 de junio, agravó la situación del ex juez federal Carlos Otero Álvarez, a quien se lo procesó como probable autor responsable de encubrimiento, delito por el cual había sido sobreseído por el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena. La Cámara también le confirmó el procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otero Álvarez fue secretario del fallecido juez federal Adolfo Zamboni Ledesma y se lo involucra en 93 hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar que incluyen tormentos, robo, abuso deshonesto, detenciones, allanamientos ilegales y hasta un aborto.
En el mismo fallo, los camaristas Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos agravaron la situación procesal de los abogados defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina, a quienes se les revocó la falta de mérito y se los acusa ahora por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por último, la Cámara resolvió confirmar las acusaciones contra el ex fiscal Antonio Cornejo (por su actuación en siete hechos), y el ex juez Miguel Ángel Puga. A ambos se les endilgan los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento.
La causa de la supuesta complicidad de jueces, fiscales y defensores oficiales es emblemática, toda vez que otras investigaciones por las actuaciones de civiles en el terrorismo de Estado, sustanciadas en otras provincias, están virtualmente paralizadas.
El recorrido judicial
Desde su inicio, la causa judicial fue varias veces interrumpida por apartamientos y recusaciones, la mayoría basados en la “amistad íntima” de los jueces y funcionarios actuales con sus pares acusados. Sin magistrados cordobeses en condiciones de intervenir, la instrucción derivó en 2010 en el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena.
En abril de 2011, la Cámara Federal de Córdoba -en su anterior composición- rechazó la prescripción de los delitos al considerar que “guardan íntima vinculación con hechos calificados como crímenes de lesa humanidad”.
En agosto de 2012, por pedido de los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta, Herrera Piedrabuena indagó, procesó y ordenó detener a Puga y a Otero Álvarez en la cárcel de Bouwer, y a Cornejo, Haro y Molina en prisión domiciliaria. Meses después recuperaron la libertad y la causa volvió a estancarse, cuando los abogados de Puga, Otero Álvarez y Cornejo apelaron sus procesamientos y la fiscalía apeló la falta de mérito dictada para Haro y Molina.
