“Es para evitar una escalada de una campaña sucia de diferentes sectores”, justificó el ministro Lawson quien, no obstante, defendió la medida. La suspensión mantiene la adjudicación aunque abre un impasse “hasta que el próximo gobierno resuelva”. El empresario Sorensen, de Grababus, dijo que hasta anoche no había sido notificado. “Hay 150 familias con futuro incierto”, señaló y no descartó acciones judiciales. Críticas de opositores.
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