ESCUCHARDenunció intencionalidad política en el paro, que calificó de irracional. Insistió en que no habrá marcha atrás con las concesiones y criticó a quienes quieren regresar a la Tamse. Antes, Alejandro Rossi, titular de Autobuses, cuestionó en duros términos a delegados y gremio y amenazó con retirarse del sistema. Anoche, Trabajo declaró ilegal la medida iniciada por agresiones a los choferes. Éstos y UTA ratificaron la huelga. Denuncian a Mestre por haber adjudicado aún con informes sobre supuesta endeblez de la prestataria.
El intendente Ramón Javier Mestre lanzó ayer una dura embestida contra el gremio de la UTA y delegados de la empresa Autobuses Santa Fe, a quienes cuestionó por pretender “voltear el sistema y volver a la vieja Tamse”.
En ese marco, ratificó la continuidad de las concesiones en el sistema de transporte urbano y reclamó el acompañamiento de los trabajadores para una normal prestación del servicio.
Mestre habló ayer pasado el mediodía, promediando la jornada de mayor tensión desde que se adjudicaron y concesionaron los servicios del nuevo sistema, poco más de un año atrás.
Es que si bien la medida de fuerza lanzada en la madrugada de ayer por los trabajadores de Autobuses Santa Fe no fue la primera en el transporte y ni siquiera la más prolongada, la situación derivó en una réplica del municipio que nunca antes se había alcanzado semejante tenor.
Las asambleas en Autobuses -en la práctica un paro total- comenzaron a la madrugada como reclamo por la agresión que el domingo pasado sufrieron algunos choferes, de manos de pasajeros supuestamente enojados por la irregular frecuencia en algunas líneas. En un principio, la medida no contó con el aval pleno de la Comisión Directiva de UTA que, no obstante, luego apoyó el reclamo. En ese marco y tras una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo que no obtuvo mayores resultados, Mestre salió “con los tapones de punta” a cuestionar a la UTA y a los delegados.
“Quieren voltear el sistema, volver a las viejas formas, regresar a la vieja Tamse”, disparó, y acto seguido aseguró que “no van a poder parar los cambios que llevamos adelante”.
En tanto, el secretario de Transporte, César Ferreyra, buscó refutar las denuncias de los choferes respecto a incumplimientos de la empresa.
“Esta madrugada (por ayer) constatamos 259 coches disponibles, cinco más que los requeridos por contrato”, ejemplificó a este medio, como para desvirtuar el reclamo de los trabajadores sobre la falta de unidades que impedían cumplir recorridos en tiempo y forma.
Poco antes, a media mañana, Alejandro Rossi, titular de Autobuses Santa Fe, calificó al paro de “extorsivo”. “Queremos pedirles a estos señores (de UTA) que nos dejen trabajar y si no, que nos permitan irnos y que se busquen a otro”, remató.
Para Rossi, el paro en realidad obedeció a otras causas. “Hemos tomado la decisión de no pagarles más el sueldo a los 22 ‘ñoquis’ que tenemos y que se llaman dirigentes sindicales que pretenden cobrar sin trabajar”, señaló a Comercio y Justicia.
Es que en el fondo, tanto el municipio como la empresa siempre apuntaron a que las medidas de fuerza, mas allá de algunos elementos objetivos, ocultaban como intención última forzar el regreso de la Tamse o obtener algunas prebendas que la empresa municipal había avalado como “uso y costumbre”, mas allá de las cláusulas convencionales.
Esa postura, que es rechazada por el gremio y por los delegados, ayer fue directamente blanqueada por Mestre y por Rossi.
En cuanto a por qué las medidas involucran a Autobuses y no a Ersa o Coniferal, Rossi dijo que desconocía.
Por lo bajo, fuentes consultadas aseguran que esa situación tiene varias razones. Por un lado, a Autobuses pasó el grupo “más revoltoso” de Tamse. En tanto, a diferencia de Ersa y de hecho también Coniferal, la empresa del grupo Rossi es “estricta” respecto a eventuales “acuerdos” de diferente tipo con los trabajadores, convenios que en todos los casos tienen costo económico.
“En Coniferal el ausentismo llega al 4 por ciento, en Ersa al 6 y en Autobuses al 12 por ciento. Todas tienen una flota similar, infraestructura parecida y la misma ropa de trabajo”, ironizó por su parte Ferreyra para cuestionar la situación de los trabajadores de esa firma. Como fuere, la empresa también suma su parte. Aunque Rossi lo niega, trascendió que busca presionar para aplicar en la medida de lo posible el convenio colectivo de UTA nacional, menos beneficioso para los trabajadores y, por consiguiente, “más económico” para la prestataria que el convenio Córdoba.
Ayer, el municipio buscó interesar del tema a UTA nacional que, según indicó su titular días atrás, observa con preocupación el panorama.
Por lo demás, la situación no es nueva pero ayer eclosionó como nunca antes. Y más allá del cruce de acusaciones, el gremio afronta una situación interna compleja que, de hecho, tampoco es nueva pero que cada tanto genera más conflictos. Las diferencias entre el titular de UTA, Ricardo Salerno, y el titular adjunto, Osvaldo Diani, debutaron en la asunción misma como flamantes autoridades, el 5 de enero.
Para completar el panorama, en la última elección de delegados en Ersa y Autobuses (los mandatos de los delegados de Ciudad de Córdoba, absorbida por ambas prestatarias, debía revalidarse como así también los que venían de Tamse) el ganador fue el sector de Alfredo Peñaloza, ex titular del sindicato, derrotado por el grupo encabezado por Salerno. En ese marco, los conflictos fogoneados por algunos delegados o bien por las bases no siempre cuentan con apoyo de la conducción gremial, que no logra encolumnar los planteos.
Diferencia de números
En tanto, ayer, coincidentemente con el paro en Autobuses, un trabajador de esa empresa auspiciado por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, presentó una denuncia contra Mestre, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el actual, César Ferreyra, por supuesto “abuso de autoridad”. “Adjudicaron el servicio a una empresa cuya situación financiera era complicada”, resumió Ortiz Pellegrini.
Según el letrado, la situación aparece reflejada en un informe económico-financiero de la compañía elaborado por la Provincia, fechado el 31 de marzo de 2014, en el cual se revela el panorama. Ese documento, firmado por Carlos Alayes, cooordinador de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, fue elaborado a raíz de la solicitud de Autobuses como prestador de los interurbanos.
El documento refiere a la situación “muy crítica” de la firma y a un “futuro complicado” para una correcta prestación del servicio. Con todo, Autobuses tiene la concesión de los servicios a Monte Cristo, Malvinas Argentinas y un sector de Punilla sur.
“Con esos antecedentes no se debió adjudicar”, señaló el abogado. Para el municipio los números son otros (ver gráfico) y recuerdan que la adjudicación fue por datos del balance 2012 de la compañía. Los números incluyen la prestación en otras provincias, principalmente urbanas.
En tanto, en la web del Banco Central, la empresa tiene hoy todos los créditos en situación normal luego regularizar con Mercedes Benz por la compra de colectivos de la marca.
Conflicto irresuelto
Luego de la declaración de la ilegalidad por el Ministerio de Trabajo de la provincia, los choferes de Autobuses Santa Fe mantenían anoche la medida de fuerza mientras UTA analizaba los pasos a seguir. La declaración de ilegalidad abre las puertas a sanciones por parte de la empresa a los trabajadores, al tiempo que también contra la UTA por parte de la autoridad laboral nacional. En tanto, las actuaciones fueron giradas al fiscal de turno para eventuales medidas judiciales. Por lo demás, el ministro de Trabajo, Adrián Brito, también cuestionó a los empresarios por su “irreponsabilidad” en el cumplimiento de determinadas obligaciones.
