Argentina se opone a los reclamos de los tenedores de bonos que accionaron para recibir de modo automático y sin litigar, el mismo beneficio que Aurelius y NML Capital.
El Gobierno presentó un escrito al juez neoyorquino Thomas Griesa en el cual expresa “una moción de rechazo” al reclamo de los denominados “me too” (yo también), para sumarse a la lista de acreedores beneficiados por el fallo que obliga a Argentina a pagar bonos en default, en un litigio que ya podría rondar 7.000 millones de dólares.
La administración de Cristina Fernández se opone a los reclamos de trato igualitario de más de 500 bonistas que buscan el pago de deudas por 5.400 millones de dólares por el default del país de 2002, según documentos judiciales difundidos en Nueva York.
En un nuevo paso de su estrategia judicial, el Gobierno intenta evitar que el controvertido magistrado obligue al país a pagar los 1.600 millones de dólares (por capital e intereses) a los fondos buitrse y otros 5.400 millones a acreedores que se presentaron a último momento.
Esos fondos se presentaron hasta el 2 de marzo para lograr que la sentencia del magistrado de Nueva York se haga efectiva y los beneficie en las mismas condiciones que a los fondos especulativos NML Capital y Aurelius Capital Management.
“Como predijo la República (Argentina), las compuertas finalmente se abrieron”, afirma la Casa Rosada en la moción presentada ante la Corte estadounidense que lleva adelante el denominado “juicio del siglo”.
“El reclamo de los demandantes es claro: incrementar en más de US$ 5.400 millones la suma que se les debe pagar, antes de que cualquier acreedor reestructurado pueda recibir el pago de intereses programados”, sostiene la presentación.
El 2 de marzo último venció para los “me too” el tiempo para anotarse en el listado que confeccionó Griesa, para que acreedores con bonos de la deuda externa argentina en default desde 2001, que hasta ahora no hicieron juicio en los tribunales norteamericanos, puedan sumarse a los reclamos. Se supone que los que no se presentaron quedarán fuera de cualquier alternativa de pago que avale la justicia de Estados Unidos.
Entre los nuevos reclamantes están en su mayoría los mismos fondos buitres que fueron comprando bonos en default (por fuera de sus tenencias originales) a bonistas que no quisieron esperar el final del juicio contra Argentina.