ESCUCHARLa comisión de preadjudicación aún no emitió dictamen. Sin definición, se demora el ingreso del proyecto al Concejo Deliberante, paso indispensable para avanzar en la adjudicación. En ese marco, la comuna volverá a prorrogar los contratos con LUSA y Cotreco, que vencen a fin de mes. El Ejecutivo asegura que la decisión política es adjudicar, aunque los tiempos, en la previa del proceso electoral, atentan contra la conclusión del proceso.
Las empresas LUSA y Cotreco, actuales prestarias del servicio de recolección de residuos de la ciudad de Córdoba, continuarán con la tercerización del negocio al menos por un mes más, a la espera de una definición del proceso de licitación y posterior concesión del servicio por ocho años, a 16 meses de producirse la apertura de sobres.
Ayer, el concejal oficialista Lucas Cavallo fue el encargado de confirmar la inminente decisión de volver a prorrogar los contratos a raíz de los plazos exiguos para adjudicar y traspasar el servicio a las nuevas prestatarias.
Con todo, Cavallo aseguró que la decisión política es avanzar con el proceso en marcha.
Pero los tiempos ponen en riesgo una definición sobre el tema.
Por lo pronto, la negociación con las dos empresas que quedaron en carrera, LUSA y Cotreco, ya concluyó y, luego de sucesivas negociaciones, se logró bajar los costos del futuro servicio a unos 115 millones de pesos mensuales, unos 13 millones de pesos respecto al costo actual de la prestación.
Ese monto corresponde a un servicio determinado, muy similar al actual y bien diferente del planteado originalmente en los pliegos de licitación.
El municipio asegura que el proceso inflacionario posdevaluación de enero de 2014 disparó los costos y exigió una revisión plena de los items a contratar en el marco de una licitación “por renglones”, que permitía adjudicar determinados servicios.
El cambio radical de los puntos a contratar respecto a las exigencias originales y los posibles inconvenientes jurídicos que esa situación podría abrir pueden estar siendo claves en la demora en la adjudicación del servicio.
De hecho, la oposición hace tiempo plantea la necesidad de desactivar el proceso y dejar que la próxima administración municipal resuelva la continuidad del servicio. Esa postura era abonada por algún sector del Ejecutivo, aunque más por el “ahorro” que se generaría al postegar los vínculos actuales que por el argumento opositor.
De hecho, si se adjudica habrá que pagar no sólo más por el servicio nuevo sino también atender a las indemnizaciones del personal, que se estima rondan 130 millones de pesos, que en principio se pagarán en ocho cuotas.
La postura choca contra la decisión política del intendente Ramón Javier Mestre de concluir el proceso que fue parte de su campaña electoral y uno de los dos grandes desafíos de su gestión – junto con la adjudicación del servicio de transporte urbano de pasajeros-.
Pero los tiempos se extienden y el avance del año electoral complica la estrategia del intendente, que es tratar de evitar el costo político que implicará un cambio de servicio, por menos traumático que resulte, y no dejar cabos sueltos para las críticas de la oposición.
En ese esquema, las empresas aún no fueron notificadas de ninguna prórroga, al igual que los trabajadores, quienes de hecho mantienen las notificaciones con los preavisos de despido y discontinuidad de vínculos desde el 1 de abril.
“Tenemos la garantía del municipio de que vamos a cobrar las indemnizaciones”, dijo anoche una fuente del Surrbac, el gremio que nuclea a los trabajadores del sector. El tema es cuándo cobrarán.
Si la licitación se declara caduca o se dilata en el tiempo a la espera de una decisión del futuro intendente, los cerca de 100 mil pesos por empleado a cobrar en cuotas no se harán efectivos y, según admitió el informante gremial, “muchos compañeros están con el dinero ya ‘calzado’ en diferentes gastos”.
Por el lado de las empresas, más allá de aguardar una adjudicación, estiman que, de no concretarse, sólo aceptarán una prórroga por un plazo de al menos 24 meses, hasta tanto la futura administración determine el futuro del servicio. “Necesitamos un horizonte de mediano plazo en un servicio que requiere tiempos y escala para el desarrollo de inversiones mínimas”, señalaron.
