ESCUCHAREl Gobierno nacional quedará facultado desde 2010 a modificar las condiciones de las deudas de las provincias con el Estado nacional. Esta posibilidad, que en principio será discrecional, estará supeditada a la situación financiera del propio Gobierno.
Así aparece reflejado en el proyecto de Presupuesto 2010 que el ministro de Economía, Amado Boudou, presentó ayer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
La decisión de abordar, ahora con mayor flexibilidad, el problema de la deuda de las provincias con el Estado nacional, aparece reflejada en los artículos 73 y 74 del proyecto de ley.
En ese marco, según el artículo 73, “el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, podrá implementar un programa para asistir a las provincias con financiamiento para la atención del déficit financiero y para regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios escenciales, de acuerdo con las posibilidades financieras del Estado nacional”.
Se trata, en rigor, de la extensión del denominado Programa de Asistencia Financiera (PAF) ya vigente, por el que la Nación refinancia deuda a las provincias y que en el caso particular de Córdoba alcanzó este año a 600 millones de pesos.
No obstante, avanza aún más al introducir los posibles atrasos salariales o de servicios básicos, situación propia de la crisis por la que hoy atraviesan muchos distritos.
Según el texto, ese programa se implementará a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial mientras que la Secretaría de Hacienda será la encargada de dictar las normas reglamentarias y aclaratorias para desarrollar esos objetivos.
Pero es el artículo 74 el que supone el mayor cambio con respecto a la situación actual con relación a las deudas que las provincias mantienen con la Nación.
Efectivamente, según ese texto, se “faculta al Ministerio de Economía a modificar las condiciones de las deudas que mantienen las jurisdicciones provinciales con el Estado nacional, el que en cada oportunidad determinará de acuerdo con sus posibilidades financieras, las deudas de que se trate”. Y avanza aún más: “Se podrá acordar quita, espera, remisión y novación de deudas, tanto de capital como de intereses, así como atender a su vencimiento, las obligaciones que en cada caso se determinen cuando hubieran sido contraídas originalmente, con garantía del Estado nacional”. El artículo se completa con la facultad para la Secretaría de Hacienda de “instruir al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial a los fines indicados, incluyendo la emisión de Bonos Garantizados por el Estado nacional”.
El esquema introducido va en línea con los trascendidos que tomaron cuerpo en los últimos días sobre un inminente abordaje por parte del Gobierno nacional de la situación cada vez más complicada de las provincias con respecto a los vencimientos de capital e intereses de los pasivos con el Gobierno nacional.
De todas formas, el texto del articulado no avanza en mayores detalles sobre la manera en que se instrumentará el mecanismo, aunque queda evidente que cualquier atención de una situación particular quedaría a discreción de Economía.
Córdoba debe afrontar el año próximo amortizaciones totales por 922 millones de pesos de las cuales 794 millones son con la Nación.
De acuerdo al proyecto de Presupuesto, el consolidado de provincias cerrará 2009 con un resulta
