ESCUCHARRecién designado y a poco de cumplirse una semana de su llegada al Alto Cuerpo, el abogado penalista, especializado en derecho penal-económico, dialogó en exclusiva con Comercio y Justicia. Cómo llegó al TSJ, cuáles son sus aspiraciones y principales desafíos.
La llegada de Sebastián López Peña al Tribunal Superior de Justicia (TSJ)trae aires nuevos y frescos al Poder Judicial de Córdoba, no sólo por su juventud respecto del resto de los vocales sino también porque viene del ejercicio de la profesión de abogado y no desde el seno de los tribunales.
Su postulación sorprendió a muchos, incluso a él mismo, según admitió a Comercio y Justicia en una entrevista que brindó en exclusiva a este medio. Dice que tuvo que “cambiar el chip” antes de aceptar el cargo y cree que el recambio generacional “poco a poco” irá aggiornando a la Justicia para que sea más próxima y confiable a la gente.
La postulación de López Peña fue apoyada por diferentes sectores: en la audiencia pública no se escuchó crítica alguna hacia su persona. Todos le reconocen su capacidad académica y su formación profesional. En los últimos años, se dedicó especialmente a los delitos de “guante blanco”o del derecho penal-económico. Antes de ello, durante la gestión del ministro de Justicia, Luis Angulo, fue quien estuvo a cargo de coordinar los proyectos de reforma de los Códigos Procesales de la Provincia.
Asegura que la docencia es “ su cable a tierra”, “como ir a comer un asado con amigos”, por eso decidió continuar dando clases aunque de manera muy acotada. “ El ejercicio de la magistratura demanda mucho trabajo”, asegura.
– ¿Esperaba esta postulación? ¿Cómo fue la designación?
– La verdad es que no me lo esperaba, me costó la decisión, a mi me gustaba lo que hacía y me iba bien. La pregunta era, entonces, “si te va bien y te gusta ¿para qué cambiar?”, pero era una postulación que al mismo tiempo me llenó de orgullo; son oportunidades escasísimas que ocurren una vez en la vida. Estar sentado hoy aquí es un cambio de chip, yo era de la calle, de subir y bajar del auto o el taxi varias veces por día.
– ¿Qué impronta le gustaría darle a su gestión?
– Recién llego pero lo que veo y veía cuando ejercía mi profesión de abogado es la gran cantidad de recursos que llegan a TSJ. Hace 20 años entraban 30 causas al año, este sistema fue pensado para cuando entraban pocas causas; sin embargo hoy se recurre todo porque recurrir en Sala Penal no tiene costos. Hubo un crecimiento exponencial de causas y por eso se hace muy importante establecer mecanismos para agilizar las resoluciones; si seguimos siempre igual vamos a colapsar en algún momento. Tenemos que pensar en metodologías de trabajo que mejoren la capacidad de respuesta, digitalizar sentencias y recursos, por ejemplo, hoy se pierde mucho tiempo transcribiendo, son ideas habrá que ver.
El otro gran desafío es mejorar la estrategia de comunicación del Poder Judicial; la gente tiene que entender que aunque el fallo no le agrade, el juez resuelve en función del expediente, está atado al expediente.
– Pero para eso tiene que haber una apertura de los jueces hacia la comunidad explicando sus decisiones, ¿no cree?
– Eso está sucediendo. Yo creo que en los últimos años hay una apertura lenta del Poder Judicial hacia la sociedad. Antes cualquier juez te decía “yo hablo por la sentencia” y ahí quedaba. Sin embargo, de a poquito -y esto tiene que ver con una cuestión generacional- el juez sale a dar explicaciones de sus fallos. Es importante dar explicaciones cuando la causa la amerita, claro que ése es el límite porque un juez no puede estar todo el tiempo dando explicaciones de porqué falla de determinada manera, pero si se trata de una causa de interés público creo que tiene que salir a darlas. En paralelo a esto, hay que trabajar también la confianza hacia el Poder Judicial, hay que trabajar y mucho en eso. Nosotros tenemos una experiencia muy buena en Córdoba, que son los juicios por jurados, si se habla con personas que han sido jurados uno se da cuenta que cambiaron las perspectiva que tenían del Poder Judicial, es una cuestión comunicacional y de confianza.
– ¿Qué opinión le merece lo que se ha denominado “la politización de la Justicia”?
– Yo he oído manifestaciones de magistrados que dicen “soy juez o fiscal pero como ciudadano opino tal cosa”. Sin embargo, yo creo que un juez o un fiscal no es un ciudadano que puede opinar libremente, las palabras de la magistratura deben ser muy medidas porque no las dice solamente una persona con nombre y apellido, las dice el cargo que ocupa; en ese sentido tendría mucho cuidado. Además, no hay que perder de vista que todo acto de gobierno es revisable por el Poder Judicial de tal manera que esta simpatía o antipatía manifiesta, si le tocara intervenir en determinada causa, puede repercutir en la tarea judicial; esto es lo que está pasando hoy en el ámbito federal, hay una confrontación abierta. Yo creo en el sistema republicano y, si creo en el sistema republicano, tengo que defender la división de poderes con sus deficiencias y virtudes y, en ese sentido, la identificación de un sector de la Justicia con un gobierno – no con el Estado- que responde a una ideología política partidaria me parece que no va, ni a favor, ni en contra. Quienes se identifican con una postura opositora están equivocados y quienes dicen que salen a defender con el argumento de que no nos podemos meter, también se equivocan.
Su carrera
Sebastián López Peña es doctorado en Derecho Penal Tributario en la Universidad Complutense de Madrid bajo la tutela del reconocido catedrático Enrique Bacigalupo, exmiembro del Tribunal Supremo de España. Cursó el posgrado en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y es profesor titular y miembro del Comité Académico en el Posgrado en Derecho Penal Económico en la Universidad Blas Pascal. Por otra parte, fue director por concurso de Política Judicial y Reforma Procesal de la Provincia de Córdoba. Es autor en diversas publicaciones y conferencias en materia de derecho penal.
