ESCUCHAREl ingreso del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Congreso, anunciado ayer por la presidenta Cristina Fernández, fue un paso más dentro de un proceso que, de manera silenciosa y persistente, vienen impulsando desde hace varios años distintas organizaciones e instituciones sociales del país. Uno de esos actores es la Coalición por una Radiodifusión democrática, constituida por universidades, sindicatos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, movimiento cooperativo, radios comunitarias y asociaciones de radios de pequeñas y medianas empresas.
Como miembro del sector de las radios comunitarias, Mario Farías integró la Coalición y participó de la discusión del proyecto presentado ayer. En diálogo con Comercio y Justicia, el dirigente de FM Sur –ubicada en Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba– consideró que la iniciativa propone una “ampliación de las posibilidades de expresión de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país” y ataca “la concentración de los medios”. También destacó el proceso de debate social –a través de foros en las distintas provincias– que acompañó al anteproyecto, que finalmente logró modificar 50 de los 140 artículos que contenía la iniciativa original.
– ¿Por qué es importante este proyecto?
– En líneas generales, nos parece que es un proyecto que avanza en el terreno de la democratización de las comunicaciones y en la ampliación de las posibilidades de expresión de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Avanza también en desatar los nudos en lo referente a la concentración de los medios.
En ese sentido, el hecho de que, por ejemplo, uno de sus artículos plantee la división del espectro radiofónico en tres sectores -el comercial o lucrativo, el público y el sector sin fines de lucro- y otorgue 33% del espectro a cada uno de ellos, nos parece muy interesante. Todas las críticas que hoy se están escuchando -y las que se van a escuchar-, respecto de que es un proyecto mordaza, que va a condicionar a los medios, que es autoritario, que va en contra de la posibilidad de la libertad de expresión, son mentiras. El proyecto apunta, justamente, a todo lo contrario: abre la posibilidad para que otras voces y otros actores se puedan expresar y, en ese camino, se abre una posibilidad mucho más concreta para que los argentinos tengamos un espectro de comunicación mucho más democrático, donde la gente tenga pluralidad de fuentes y de acceso a la información, tenga distintas miradas sobre la realidad y no un mensaje monocorde y homogéneo. Los grandes medios monopólicos se atribuyen para sí la palabra pública y lo que intenta el proyecto, justamente, es abrir la posibilidad de la palabra a otros sectores que la tienen negada.
– ¿El proyecto incorporó las propuestas de los foros que se hicieron en todo el país?
– No hemos visto aún la redacción definitiva, pero extraoficialmente sabemos que hay unos 50 artículos, de los 140 que contenía el proyecto, que han tenido modificaciones.
De todas maneras, creemos que el anteproyecto que presentó la Presidenta en marzo ya era bastante fiel al que propusimos desde la Coalición. Esos 21 puntos que presentamos representaron un consenso importante de organizaciones y actores de la sociedad civil, que se pusieron de acuerdo más allá de sus diferencias; un acuerdo plural bastante inédito en la vida política argentina. Esos puntos fueron la ba
