Un total de 172 empresas de todo el país fueron incluidas durante el primer mes de vigencia del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), donde figura el listado de firmas multadas por habérseles comprobado casos de trabajo en negro.
Se trata de de un nuevo instrumento legal diseñado para exponer a los empresarios con personal no registrado y así presionarlos a su regularización. La herramienta es de carácter público y apunta a combatir el empleo en negro.
Los empleadores que permanezcan en el Repsal no podrán acceder a programas, acciones de fomento o subsidios del Estado, y tampoco a líneas de crédito de bancos públicos.