ESCUCHARAlejandra del Boca, legisladora del Frente Cívico – GEN busca crear un banco de tierras fiscales que puedan ofrecerse a la venta, con destino a la construcción de vivienda única familiar, dando solución a más de un millón de personas.
Intervenir en el desarrollo urbano sustentable de la provincia de Córdoba; ofrecer alternativas para el acceso a la tierra destinada a la construcción de vivienda única para uso familiar; favorecer la reducción del precio del suelo urbanizado, como forma de regular y limitar los procesos de valorización de la tierra y especulación inmobiliaria. Tales son las finalidades del proyecto de ley elaborado por Alejandra del Boca, legisladora del Frente Cívico – GEN. Su iniciativa para crear un banco provincial de tierras ya tomó estado parlamentario en la Unicameral.
En su fundamento hace mención a los datos del Censo Nacional de 2010, que detallan que Córdoba tiene una población de 3.308.876 habitantes y un total de 1.031.843 hogares, de los cuales 48% sufre problemas de vivienda. Según los datos oficiales: 30.955 hogares (3%) tiene problemas de hacinamiento crítico; 103.184 cordobeses (10%) habitan una vivienda deficitaria, y 361.145 (35%) no son propietarios de la vivienda o terreno.
Bajo ese diagnóstico, Del Boca dialogó con Comercio y Justicia para brindar detalles de su propuesta legislativa.
-¿Qué se busca con el proyecto?
-La problemática de la vivienda siempre se focaliza en la entrega de viviendas. Pero la cuestión en sí abarca más cosas. Cuando se habla de ese tema, en Córdoba hacemos referencia a más de un millón de personas que no tienen vivienda, o habitan una no apta, o sufren hacinamiento, o no encuentran terrenos. Eso deriva en la toma de terrenos. Si bien no hay un relevamiento oficial, se calcula que hay unas 30 tomas en toda la provincia. A lo que apunta este proyecto es a trabajar primeramente sobre la falta de tierras. Hay gente que dice que tiene la posibilidad -de a poco y con ayuda de la familia- de ir construyendo su casa, pero tienen dificultades para acceder al terreno debido al gran valor que ha adquirido la tierra de la mano de los negocios inmobiliarios. Incluso, ése también fue uno de los problemas de los créditos del ProCreAr: la falta de terrenos para construir. Entonces el proyecto apunta a generar un banco de tierras donde se centralicen todos los terrenos fiscales que tiene la Provincia y que se puedan ofrecer a la venta con destino a la construcción de la vivienda única familiar, con un precio acorde -obviamente por debajo de lo que pide hoy el mercado-, con un plan de pagos en cuotas y con algún tipo de subsidio del gobierno. Los destinos pueden ser para familias individuales (vivienda única) u ONG. Hay que tener en cuenta que estas últimas son las que mayor cantidad de viviendas familiares ofrecieron en este últimos tiempo. Hay que recordar que hasta hace poco tiempo funcionaba la Corporación Inmobiliaria que vendía tierras, pero lo hacía a desarrollistas. Ahora se disolvió ese ente y creemos que el mejor fin que le podemos dar a las tierras del Estado es a atender este problema.
-Había un proyecto del gobernador De la Sota, al menos lo anunció en junio de 2012. ¿Es así?
-Nunca mandó nada a la Legislatura. Si uno toma el discurso de apertura de sesiones del año 2013, hizo todo un apartado focalizado sobre lo que iba a hacer respecto de las viviendas. Allí se habla incluso de conformar un banco de tierras en la ciudad de Córdoba. La ciudad ya tiene una ordenanza al respecto, aunque no está reglamentada. Me basé en esa ordenanza para el proyecto. También analicé lo que hay en la materia en otras provincias.
-¿Cuántos terrenos tiene el Estado que pueden destinarse a este fin?
-No se sabe. Por eso en el proyecto se establece que una de las primeras cosas que se debe hacer es informar las tierras disponibles que no tengan un destino específico, es decir, que no estén destinadas para escuelas, espacios verdes u otro fin. Hoy por hoy no se sabe qué tiene la Provincia.
-¿Cómo está pensada la operatoria de las ventas?
-Tiene que publicarse en el Boletín Oficial, se deben presentar ofertas, en sobre cerrados, como “mini-licitaciones”, aunque no lo sean. De allí saldría un adjudicatario que también debería ser difundido por medio del Boletín Oficial para que la operatoria tenga la mayor transparencia posible. Para decidir los adjudicatarios también se plantea un sistema de puntaje, porque el sistema de sorteo no me parecía justo. El sistema debe quedar establecido por el ejecutivo, pero la idea es que se tenga en cuenta la cantidad de miembros del hogar, ingresos, si hay discapacitados, si está a cargo de una jefa de hogar. Creí que era mejor que todo esto fuera ponderado, y no el sorteo.
-¿Se contemplará la cuestión de los servicios?
-Sí, porque ése es otro de los problemas que tenemos: se ponen a la venta terrenos que no están urbanizados. La urbanización hace referencia a que cuenten con calles, luz y agua. Es lo mismo que pide la ordenanza de urbanización.
Detalles de propuesta
Cómo se conformaría el banco de tierras
Según el proyecto de ley, integrarán el Banco de Tierras los predios fiscales y demás inmuebles del dominio privado provincial, actualmente existentes, ocupados o no, y los afectados a reserva; las tierras que los gobiernos, de la Nación o municipales, o entidades privadas le transfieran, y sean aptos para su urbanización, construcción de vivienda; los que el Estado provincial adquiera específicamente con destino al presente banco, por medio de permutas y/o compras que realice mediante concursos, licitaciones, expropiaciones o cualquier otro procedimiento que resultare aplicable; los que el Estado adquiera mediante las ejecuciones judiciales que correspondieren en contra de aquellas personas físicas y/o jurídicas que tengan muchos años sin pagar los debidos impuestos; los que el Estado reciba a título de donación, herencias vacantes o legado; los que el Estado provincial reciba como consecuencia de la aplicación de planes nacionales de loteo para la construcción de viviendas y/o destinados a cubrir el déficit en la producción de suelo urbanizado de calidad o a reducir y/o intervenir en la fijación de los valores de los terrenos y/o de los alquileres o a incidir en las políticas de redistribución y/o subdivisión de la tierra; todo otro que el Estado provincial decida dotar al Banco de Tierras.
