ESCUCHARPor Alfredo Flury
La aprobación en junio pasado de la Ley de Política Ambiental provincial constituyó una bisagra en la historia de la legislación en la materia y abrió un período clave para la puesta en vigencia de la norma.
Votada prácticamente por unanimidad (sólo en contra por la legisladora de la izquierda Cintia Frencia), el compendio normativo es ambicioso en sus objetivos y abarcativo del amplio contexto que exige una política medioambiental responsable.
En ese marco, el desafío de la Provincia es ahora avanzar decididamente en la implementación del esquema y remediar en lo posible el pobre desempeño de las últimas administraciones respecto del cuidado del ambiente en todas sus formas.
De hecho, uno de los desafíos será revisar la denominada Ley de Bosques, votada en 2010 y que el año próximo deberá ser sometida a la primera revisión quinquenal.
Aquel proyecto tan bien trabajado en el debate previo, terminó en una ley que violentó el aporte de decenas de sectores y apenas sí satisfizo la presión de los ruralistas, en pos de sus intereses.
La necesidad de expansión de la frontera agrícola y preservar a actores económicos de evidente aporte en la actividad provincial pudo más que una política de fondo que pusiera fin a desmontes descontrolados.
desafío
La vigencia plena de la ley será la verdadera prueba del compromiso oficial con el entorno
Está vez, la apertura del Ejecutivo por medio del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, dejó paso a un proyecto consensuado que avanza en su puesta en marcha.
El texto incluye un compendio de instrumentos de Política y Gestión Ambiental enumerados en el artículo 8 de la ley. En ese marco, mas allá de la implementación de audiencias públicas y consultas populares para determinados proyectos (el más conocido y polémico que deberá pasar por esa instancia es el de la radicación de la multinacional Monsanto), la norma incluye como primer punto el ordenamiento ambiental del territorio.
Se trata de un marco clave para fijar parámetros de uso de suelo y un mapeo de varias capas que incluya, no sólo los bosques nativos, sino acuíferos y otros estratos ambientales que determinarán una política de desarrollo compatible con la defensa del ambiente.
En ese marco, el secretario de Ambiente, Germán Pratto, señaló a Comercio y Justicia que ya se avanzó en un primer encuentro con diferentes actores claves para avanzar en ese ordenamiento territorial que, según la ley, deberá presentarse a la Legislatura un año después de la promulgación de la norma, esto es el 27 de junio próximo.
El avance en la implementación de ese marco y de todos los aspectos de la ley, algunos aún sin reglamentar como los temas vinculados con salud y la remediación, será la verdadera prueba de que el Gobierno está decidido a asumir su rol en un área básica.
