ESCUCHARLa necesidad de la sanción de una ley nacional de agroquímicos que actúe con mayor rigor en el control del uso de esos productos, evitando efectos nocivos tanto en la salud y el medioambiente, se encendió tras la polémica por el mal uso del glifosato y los niveles de contaminación detectada en barrios de Córdoba por fumigación.
Tras idas y vueltas con distintos proyectos desde 1983, el 16 de julio pasado entró en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto elaborado entre las direcciones de Sanidad Vegetal de las provincias y los colegios profesionales nucleados en el seno de la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia).
Hoy, los agrónomos esperan que en ese proyecto, que acaba de tomar estado parlamentario, los legisladores nacionales se interioricen y tome un impulso definitivo para ser finalmente aprobado. La ley, la fiscalización y la seguridad en el manejo de estas sustancias será uno de los ejes principales del 5° Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, que tendrá lugar hoy y mañana en Villa Carlos Paz. Antes de la apertura, José Zambelli, titular de la Fadia, dialogó con Comercio y Justicia sobre este tema, que encabeza la agenda de esos profesionales.
– ¿Cuál es el espíritu del proyecto de ley que impulsan?
-El proyecto intenta tener un cuerpo legal nacional, que otorgue un espaldarazo importante a las legislaciones provinciales porque, en el diagnóstico de los estados provinciales, tenemos por ejemplo La Rioja y Tierra del Fuego, que no tienen ley provincial de agroquímicos. Por otro lado, la mayoría tiene dos matices: leyes provinciales sin decreto reglamentario o leyes con decreto, pero ninguna con funcionamiento en la realidad; es letra muerta. Córdoba tiene una ley desde mediados de los ‘80 que modificamos y aprobamos en 2004 y que muy lentamente va poniéndose en marcha. Tiene que haber voluntad política de profundizar e incrementar la fiscalización. Ahí es donde está el quid de la cuestión.
– ¿Qué objetivos plantea la ley?
– Este proyecto de ley nacional tiene tres grandes objetivos: la salud social, la preservación del medioambiente y mantener y elevar la productividad del sector agropecuario, donde el agroquímico se ve como un recurso que debe ser usado racional y planificadamente. Además, reafirmar la legislación vigente para que los laboratorios más pequeños y nacionales puedan continuar, como hasta ahora, con el patentamiento de los productos, porque allí es donde lidian con las cámaras trasnacionales que quieren subirle los estándares de patentamiento, con el objeto de desplazarlos.
– ¿ Cuál es el planteo sobre el rol del agrónomo?
– Decimos que el personal autorizado para la ejecución de todos los procesos de esa ley y, fundamentalmente, la receta de aplicación o receta de prescipción o fitosanitaria, debe estar a cargo de un profesional autorizado que, textualmente, dice que debe ser un ingeniero agrónomo o un profesional universitario, en cuyo título las incumbencias sean similares a las del ingeniero agrónomo.
Además, insistimos en la aplicación de las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), que contemplan el uso responsable de los agroquímicos, en el que medie un profesional. Dependiendo de la modalidad y la responsabilidad de uso, una sustancia puede ser benéfica o mortal; entonces, lo que tiene que mediar es la buena práctica, con profesionales con el conocimiento cient&iacu
