ESCUCHAREl fiscal federal Gustavo Vidal Lascano imputó ayer al intendente de Córdoba, Ramón Javier Mestre, por el delito de supuesta defraudación a la administración pública.
El jefe comunal está acusado de desviar -presuntamente- fondos nacionales que eran para Tamse a la empresa Ersa. Además de Mestre, la imputación recayó sobre el secretario de Transporte, César Ferreyra, su antecesor, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y una cuarta persona de apellido Romero, perteneciente a la empresa Ersa.
Vidal Lascano está a cargo de la causa que investiga la presunta defraudación luego de una denuncia penal que el concejal Daniel Juez, del Frente Cívico, había presentado en la Fiscalía Anticorrupción provincial, aunque luego el tema recayó en el fuero federal.
En aquella oportunidad, Juez lo acusó de desviar fondos de subsidios nacionales destinados a ocho trolebuses de la empresa municipal Tamse hacia las empresas privadas ERSA-Autobuses Santa Fe. Por cada una de esas unidades, la Secretaría de Transporte de la Nación enviaba unos 30 mil pesos mensuales, con lo cual el perjuicio para el Estado municipal rondaría 240 mil pesos por mes.
Según Juez, esta maniobra irregular está ocurriendo desde septiembre de 2013. Con documentación extraída de la página web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el concejal dijo tener acreditado que la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por las firmas Ersa Urbano y Autobuses Santa Fe cobraba dichos subsidios.
La denuncia se enfoca en el propio Mestre porque, según las reglamentaciones de la CNRT, es el intendente, como máxima autoridad de la ciudad, quien debe asegurar la veracidad de la información que se eleva sobre el parque automotor para la posterior percepción de los subsidios.
