ESCUCHAREdberto González de la Vega intentó deslindar su reponsabilidad funcional y dijo desconocer que se hubieran vendido ilegamente armas a Croacia y Ecuador. Hoy declaran tres peritos oficiales.
“La fábrica no dependía de mí”, con esas palabras Edberto González de la Vega, el único acusado que declaró ayer en la primera audiencia por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, intentó deslindar su responsabilidad sobre lo ocurrido aquel fatídico 3 de noviembre de 2005 en el que murieron siete personas y centenares resultaron heridas.
Al momento de las explosiones, González de la Vega era el director de Coordinación Empresaria de la Fábrica Militar, pero, según expuso ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, “hubo una incorrecta interpretación del organigrama, las funciones y las responsabilidades que cada cual tenía”.
“Yo no pude producir problemas en la fábrica ni manejar personas para que provocaran la explosión”, dijo en un intento por convencer al Tribunal de que él sólo se hacía cargo de cuestiones contables y jurídicas, entre otras tareas de menor envergadura.
En su declaración, De la Vega – quien fue uno de los condenados por el contrabando ilegal de armas a Croacia y a Ecuador (fallo que fue recurrido)- explicó que llegó a Río Tercero con posterioridad a la segunda explosión que se produjo en la Fábrica Militar y, que por orden del ministro de Defensa, Oscar Camillión, fue quien se encargó de evitar una eventual tercera explosión recogiendo el material bélico que había quedado disperso en diferentes puntos de la ciudad.
Según surge de la instrucción de la causa, lo ocurrido en la Fábrica Militar de Río Tercero fue un intento de borrar pruebas del contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador. Intentando comprobar esa hipótesis, la querella interrogó al militar retirado, aunque sin demasiado éxito. Según dijo, él desconocía que hubiera existido dicha venta ilegal de armas.
El resto de los acusados, Jorge Cornejo Torino, Diego Gatto y Carlos Franke -todos acusados de estrago doloso agravado por la muerte de personas- optó por el silencio evitando hacer uso de la palabra. Algunos de ellos, adujeron “no tener claro de qué se los acusa”.
Nulidades
Los jueces Carlos Lascano, José José Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón abrieron el debate pasadas las 9 con la lectura de la pieza procesal acusatoria. La audiencia se desarrolló con muy pocos asistentes, apenas un puñado de familiares entre ellas las dos hijas de la fallecida abogada Ana Gritti, principal impulsora de la causa.
Como era de esperar, la audiencia continuó con los planteos de nulidades de las defensas, que reeditando viejos reclamos, pidieron la “nulidad absoluta” del auto de elevación a juicio.
En primer término, el abogado Tristán Gavier, defensor de Cornejo Torino y Gatto, planteó que “la acusación no reúne las condiciones mínimas para que sean válidas”.
El letrado argumentó que “los hechos que se describen en la acusación son generales, no hacen referencia a las conductas y responsabilidades particulares”. Así, Gavier consideró que se los acusa a sus defendidos de organizar las explosiones pero no se describe cómo se produjo.
Los defensores oficiales Marcelo Arrieta, quien defiende a González de la Vega, y Hugo Burgos, defensor de Franke, también se sumaron al planteo con argumentos similares.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal rechazó los planteos por unanimidad.
Para hoy está previsto el inicio de las testimoniales. Fueron citados 15 peritos químicos y contables. En esta jornada, declararán tres peritos químicos oficiales, todos profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que sostienen la hipótesis de la querella respecto de que las explosiones fueron intencionales y dirigidas. Se estima que durante el juicio se incorporarán 80 pruebas testimoniales y 200 informes técnicos.
Responsabilidad política
Familiares de las víctimas de la explosión y vecinos de Río Tercero se acercaron ayer hasta la sede de los Tribunales Federales 2 para seguir de cerca el proceso judicial y pedir justicia.
Todos coincidieron en que las culpabilidades no deben estar dirigidas sólo a las responsabilidades funcionales, sino que también debe juzgarse la responsabilidad política.
Como se sabe, el expresidente, Carlos Menen, y el exjefe del Ejército, Martín Balza, en funciones al momento de los hechos y sindicados responsables políticos de la tragedia, no serán parte de este juicio porque fueron sobreseídos de las responsabilidades.
No obstante, esas resoluciones fueron recurridas y se esperan decisiones al respecto.
