La atención general en estos últimos tiempos se ha dirigido a las contingencias generadas por la Justicia estadounidense en función de los créditos de los llamados “fondos buitres” y se ha perdido de vista que los principales problemas son otros.
Es hora que volvamos a centrar nuestro interés en buscar soluciones a los problemas no resueltos o que lo están sólo a medias, en vista de que parecen haber sido relegados por las negociaciones con los “fondos buitres”. Quizá el prioritario esté referido a la enorme franja de personas que todavía abarca el denominado “empleo informal”. Después de registrar una significativa baja luego de haber trepado a su nivel máximo de 54,7% en 2001, se habían logrado sensibles mejoras que los ubicaron en 33,3% (4 millones), pero en los dos últimos años ese indicador se ha mantenido incólume y ello nos debe preocupar muy seriamente.
Cabe recordar que durante el año 2000, con el voto favorable de 189 países, se proclamaron los “Objetivos del Milenio”, que incluyeron el de coadyuvar a que todos ellos logren, en un lapso no mayor de 15 años, acceder a un “trabajo decente”. En Argentina, sin aportar datos concretos sobre su aceptación, el Plan Trabajar que se puso en vigencia en enero ppdo. reunió a más 800 mil inscriptos que cumplen los requisitos exigidos para percibir $600 mensuales que los obligan a reanudar su formación a partir del nivel en que habían interrumpido sus estudios.
La composición del escenario laboral
Los índices de actividad vienen expresando un ligero retroceso de la economía general durante el primer semestre de 2014, aunque ello, por el momento, no se ha traducido en despidos masivos. Sin embargo, los regímenes de incentivos implementados son escasos frente a la magnitud del problema. Lo que se deduce es que el objetivo oficial consiste en que en el transcurso de los próximos dos años pasen a revistar en condiciones legales correctas unos 650 mil de aquéllos, una modesta proporción (16,25%) del total que tiene dificultades hasta ahora insalvables.
Un ligero examen sobre la composición de ese dramático colectivo revela que más de la mitad de él está constituido por jóvenes de hasta 25 años de edad, la mayoría de los cuales está pugnando por acceder a su primer puesto de trabajo o dejar de ser un “innominado”. Lo grave de esta situación es que el respectivo empresario que decide tomarlos, además de no depositar las cargas sociales que corresponden, aprovecha esa situación para pagar mucho menos que lo establecido por las normas vigentes, generando un acto típico de competencia desleal respecto de los que obedecen los dictados de ley.
Debe tenerse muy presente que el enriquecimiento indebido que implica ese proceder dentro del ámbito de la actividad privada siempre se hace en desmedro de los asalariados identificados como “en negro”. Aunque cueste creerlo, el Estado, que en sus respectivas jurisdicciones debería vigilar el cumplimiento integral de la legislación laboral y previsional, también apela a métodos reñidos con ellas. La mayor y más frecuente “licencia” en que se suele incurrir es la de fraguar “contratos a plazo fijo” que procuran disimular la vigencia de una relación de dependencia.
Resulta bastante difícil imaginar, por tanto, que encare una leal y eficiente campaña para eliminar estos deleznables vicios cuando el poder político es uno de los infractores más contumaces y de mayor magnitud. En la actualidad, uno de cada tres trabajadores en relación de dependencia no figura en las nóminas y son bastante pocas las empresas que evitan cometer este tipo de infracciones, razón por la cual una intensa tarea correctiva no sería de tan compleja ejecución.
Las últimas medidas que se han adoptado liberan temporariamente o disminuyen el pago relativo a aportes por leyes sociales de las empresas con menor cantidad de personal; pero ello debe ser aprovechado para intensificar las verificaciones en el caso de las medianas y, muy especialmente, las grandes. Es falsa e intencionada la versión lanzada por éstas en el sentido de que no son transgresoras en tales aspectos. Una última advertencia: de no armonizarse ambas acciones y programar simultáneamente en un lapso limitado e intensivo de ejecución, su resultado será de muy relativa significación.
El drama de los más jóvenes
Este tramo social, en gran proporción, está desocupado o subocupado y a él deben agregarse los identificados como “ni-ni” (ni estudian ni trabajan) quienes, según las estimaciones más confiables, oscilan entre 748 mil y 848 mil. Resulta obvio que alguien los alimenta, viste y les provee dónde reposar (casi siempre sus padres), pero aquéllos, en su perturbado estado mental, no hacen nada durante las 24 horas del día y tampoco piensan en los años venideros. Es preocupante que los cursos ideados para motivarlos no hayan disminuido significativamente su número y cabe preguntarse con cierta angustia qué será de ellos en el futuro.
En cuanto a los jóvenes que requieren insertarse en algún trabajo, se estima que son unos 550 mil, de los cuales también se ubican la mayoría en esa franja de edades de 18 a 24 años inclusive. En esta circunstancia, cuando la búsqueda se extiende y no han logrado alcanzar su objetivo, hay cierta tendencia a que se apodere de ellos el desaliento. A dicho colectivo debe sumarse no menos de otro 1,2 millón que corresponde a los que tienen la “suerte” de tener un puesto, aunque de muy baja categoría y escasamente remunerado, que les imposibilita pensar en un horizonte distinto; con alto riesgo de caer en el profundo precipicio de la frustración.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede central en Ginebra, ha elaborado cierta precisión sobre qué significa “trabajo decente” en cualquier lugar del planeta. Lo define como el que viabiliza un proceso individual de mejora social y económica, que coadyuva a satisfacer las aspiraciones de los comprometidos en el cumplimiento de dicha meta. El verdadero desideratum sobre lo que cada uno quisiera emprender luego se suele configurar cuando transcurren los últimos años del ciclo de enseñanza media.
En nuestro país, en las universidades públicas, que actualmente concentran 84,7% del alumnado de dicho ciclo, están en condiciones de acceder a una amplia variedad de carreras en forma totalmente gratuita. Esta conquista tuvo como artífices iniciales a los jóvenes que a partir de 1918 participaron para concretar las consignas de la Reforma Universitaria que, desde Córdoba, irradiaron al continente y al mundo su generosa visión de apertura a las masas. En Chile todavía reclaman, sin haberlo alcanzado, que se concrete una realidad semejante; y obviamente en Estados Unidos, después de severos “filtros”, hay que pagar importantes sumas o engrosar un elevado pasivo que deberá ser satisfecho después de haberse recibido.
La situación en el mundo
Los escenarios más dramáticos son los de España y Grecia pero, en realidad, toda Europa Occidental ofrece altos niveles de desocupación abierta combinada con su ocultamiento para evitar el pago de cargas sociales e impúdicamente justifican que más de la mitad esté en esa situación porque “ha prestado consentimiento”. Esta aseveración contiene una alta carga de hipocresía pues, en la terrible emergencia que soportan, no tienen otra alternativa que bajar sumisamente la cabeza.
En el primero de los países citados, con una población total de 46,7 millones de habitantes, los desocupados ascienden a 6,1 millones, que implican 27,1% de la población activa total.
De los que aún conservan sus puestos, 57,4% no figura en los registros legales y 61,2% de ellos son jóvenes de hasta 25 años. Este proceso de caída data del año 2008 en adelante y se ha venido agudizando sin que todavía deje de subir el número de desocupados totales o parciales -aunque debe admitirse que en los últimos meses lo hizo a menor ritmo-. Además de todo lo referido, debe agregarse que se ha acentuado una empecinada discriminación de género, pues por cada afectado de sexo masculino hay 1,9 de sexo femenino.
En Grecia, aunque se trata de una economía mucho más reducida y su población es apenas de 11,5 millones, los que han quedado sin ocupación ascienden a 1,49 millones, lo que reitera la vigencia de medidas muy semejantes. Aunque no es tan extrema, la situación del Reino Unido y Francia sigue siendo delicada, sin que hasta ahora hayan logrado revertir esa tendencia. De similar proporción son las realidades de Portugal, Irlanda e Italia.
Muy especial ha sido la evolución en Estados Unidos, país que causó la crisis inicialmente al vender como valores sanos nada menos que un millón de créditos hipotecarios a bancos europeos, que se convirtieron en valores incobrables. La Secretaría del Tesoro acudió en función de salvataje del sistema bancario que estaba al borde de la bancarrota; pero es obvio que no se había medido la verdadera dimensión del problema pues su primera inyección de nuevos fondos fue de “apenas” US$780 mil millones… a los que luego tuvieron que multiplicar por diez al agregar otros… ¡US$6,75 billones!
En el momento más crítico durante el trienio 2008/10, el índice de desocupación trepó a 9,2%, que corresponde a 15,2 millones de “parados”. En la actualidad, según datos oficiales, ese índice habría descendido a 6,2%, que equivale a no menos de 10,2 millones. De esta cifra, 49,7% pertenecería a jóvenes de hasta 25 años de edad y se calcula que unos 3 millones de ellos han abandonado desilusionados la búsqueda de un nuevo puesto.
Transcurridos más de seis años les ha sido imposible alcanzar el promedio anual de 3% que se requiere para absorber totalmente las sucesivas incorporaciones. Esa circunstancia causa que parte de ellos no logre insertarse y enfrente serias dificultades pues el producto bruto interno no ha crecido más que 1,9%.
En resumen, en el mundio la población económicamente activa cubre 47,6% de la total, alrededor de 3.550 millones de personas, y de éstas aproximadamente 275 millones son los desocupados absolutos. El rigor de las discriminaciones surge al constatar que en este último colectivo 180 millones son de sexo femenino y 143 millones jóvenes de ambos sexos.