ESCUCHARUn estudio técnico sobre el impacto en la economía y el medio ambiente de la explotación minera en Córdoba y la Argentina realizará la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Su Consejo Superior dispuso que la investigación la lleve adelante el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea). El estudio será la base de un pronunciamiento público y el diseño de una estrategia sobre la problemática minera. También servirá como aporte frente a las críticas a la actividad de las organizaciones ecologistas y de las empresas del sector que rechazan el exceso regulatorio.
Según las autoridades universitarias, los resultados brindarán los fundamentos científicos sobre los cuales se mueve la actividad extractiva en el país.
El centro especializado de la UNC deberá concluir la investigación dentro de un plazo de 30 días. En la tarea participarán especialista de diferentes disciplinas, quienes evaluarán los efectos de esa actividad económica en el país.
El Consejo Superior trató el tema sobre tablas en su sesión del pasado martes, luego de receptar diversas inquietudes sobre esta materia. El cuerpo de consiliarios aprobó una resolución que señala “la convicción de que la agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben ceder frente al interés general de la sociedad argentina”. Todo ello para un pronunciamiento dentro de bases científicas.
Las empresas
Con ocasión de la nueva norma sobre minería aprobada por la Legislatura provincial a fines del año pasado, la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) emitió un severo pronunciamiento condenatorio.
La ley provincial prohibió las explotaciones metalíferas a cielo abierto y el empleo de químicos peligrosos como el ácido sulfúrico. La cámara recordó que en las ciudades son muchas las industrias que emplean ácido sulfúrico y consideró las reglamentaciones como antimineras y antiproductivistas.
Consultado por Comercio y Justicia, Raúl Bornancini, gerente de Cemincor, señaló que el estudio puede arrojar mucha luz sobre la legitimidad minera, que es una actividad lícita, con una legislación ambiental específica que deben acatar los empresarios mineros.
“La ley aprobada en Córdoba creó un clima antiminero. Distinto al caso de San Juan, donde la tierra apta para la agricultura no supera 3% y debe buscar otras fuentes de la economía y la oportunidad llegó por la minería. Hay en desarrollo de un gran proyecto binacional argentino-chileno que está cambiando la realidad de San Juan. La iniciativa ha subido los salarios, porque la fuerza laboral se empieza a abocar masivamente hacia los emprendimientos mineros”, explicó Bornancini.
