ESCUCHARAlberto Binder intervino en la reforma de 20 códigos procesales en América Latina; ideó la reforma policial que intentó León Arslanián en la provincia de Buenos Aires y trabajó con los gobernadores de casi todo el país. Sin embargo, es un experto en seguridad que, cuando habla, no deja contento a casi nadie. Cuestiona a Sergio Massa, Daniel Scioli, Hermes Binner y al Gobierno nacional; destroza a la Justicia federal y se diferencia también de la prédica de Eugenio Zaffaroni y del “mundo UBA”. “Hay un sector progresista que quiere relatar el partido y lo relata mal”, dice.
Miembro del Consejo asesor del Inecip e impulsor del Acuerdo de Seguridad Democrática, cuestiona la política “ficcional” de mano dura. “El viejo modelo de doble pacto de la dirigencia política con la policía y de la policía con las redes de criminalidad no sólo es indeseable sino que ahora es imposible. La dirigencia ya no puede hacer pactos estables con la policía y la policía no tiene ninguna capacidad de hacer acuerdos con las redes”, dijo.
Jorge Capitanich dijo que la seguridad reaparece en la agenda porque la crisis económica fue superada.
Sería muy extraño que en toda la región estén saltando los mismos problemas y haya una especie de conspiración regional de toda la prensa para ponerlo en campaña. Es una visión muy reduccionista. Que hoy los medios tienen agendas propias, repotencian los problemas y obligan a generar agendas públicas reactivas e irresponsables, eso sí, y hay que asumirlo como un hecho dado. La inseguridad aparece siempre porque hay una cierta fascinación: es una noticia que vende. Pero el problema es cómo la dirigencia política sigue sin saber construir políticas de seguridad. El plan de Scioli y la respuesta de Capitanich, dentro de un mismo gobierno, los vaivenes de todos estos años, demuestran que hay una dirigencia que no se anima o no sabe o no quiere entrarle a fondo y en serio al problema.
Dijo también que Scioli toma sus propias decisiones en función de sus objetivos.
Es que no es cierto tampoco, como dice Capitanich, que los problemas de seguridad son siempre problemas locales. Sino, no se explica que el gobierno federal tenga más de 100 mil agentes de seguridad. Hay fenómenos como el narcotráfico, como el control de la criminalidad financiera y el lavado, como la trata de personas, que son claramente competencia federal.
¿Es útil la declaración de emergencia de Scioli?
Esto que Scioli llama emergencia no es nada más que una emergencia administrativa. Alguien que puso las ideas que tiene siempre (¡ya no se le ocurre ninguna más!), las pone todas en un paquete y les dice “emergencia”. Que explique Scioli, si quiere hablar en serio, por qué gasta cinco veces más en publicidad oficial que en el sistema de protección de menores.
¿Qué distingue a la discusión de estos días de la de hace 15 ó 20 años, cuando a la reforma que intentó Arslanián le siguió la política de meter bala de Ruckauf?
Poco. Tenemos dos visiones de la seguridad. Lo que vemos hoy es una forma exacerbada del coyunturalismo. Estamos en campaña electoral y el tiempo se va acelerando. Hacen políticas cada vez más cortas. Ni siquiera se pone en conexión el levantamiento policial, los saqueos y los linchamientos, como si fueran fenómenos desligados.
¿Cómo deberían haber sido leídos esos hechos?
Cuando analizás los problemas de seguridad, tenés siempre la conjunción de tres dimensiones. Factores sociales -marginalidad, pobreza-, respuesta estatal, y un determinado nivel de confianza de la ciudadanía a partir de eso. Bastante parecido a lo que ocurre con la política económica. Es algo que a veces responde a ciclos largos. Y los factores sociales en Argentina se vienen deteriorando.
Tuvimos un tipo de política que avanzó en algunos aspectos en distribución, pero trabajó bastante poco en la estructuración de comunidades.
¿A qué se refiere?
Fortalecer lazos comunitarios en los barrios. Es una debilidad de la actual política de inclusión. Formas de inclusión que excedan lo que es el reparto de dinero, aunque se haga de la forma más transparente.
¿Qué es lo que falla en la respuesta del Estado?
Los ministerios de Seguridad dan un paso y retroceden cinco. Estamos gastando una década y media en dar peleas que se tendrían que haber resuelto hace mucho tiempo. Lo mismo en la Justicia. Es un desgaste excesivo y la sociedad se va desesperando.
No estamos prestando atención a cómo se va instalando la violencia y los mercados delictivos en las comunidades más pauperizadas del país. Hay que sentarse a revisar las políticas de inclusión. Lo que llamamos la fábrica de la violencia aparece en toda nuestra historia. Cada tanto, estallan hechos de violencia que uno no entiende. Y uno dice: ¿de dónde salió toda esta violencia? Se fue fabricando durante 20 años.
¿Qué hizo el kirchnerismo en término de seguridad? Massa, Macri e incluso Scioli lo presentan como un garantismo infructuoso ¿Es así?
Como siempre con el kirchnerismo, es difícil encasillarlo. El kirchnerismo no sostiene una política de mano dura, pero no hizo las cosas necesarias para construir una eficiencia distinta. ¡Hay que ser eficaz, no hay vuelta!
El único campo donde trabajó es en las técnicas policiales de control de la protesta social en el ámbito metropolitano (en las provincias, es lo de siempre). La política de Aníbal Fernández, que después tiene continuidad con la de Berni, es la de autonomía policial. Y las policías nuestras están desprofesionalizadas y con liderazgos malísimos que piden invertir en lo que no hay que invertir. No son controlables, tienen planes de formación malísimos. Es una crisis fenomenal. Salvo el interregno de Nilda Garré, lo que hubo fue autogobierno policial. Con el agravante de la distorsión de las fuerzas federales, traer la Gendarmería al Conurbano, mandar la PSA a Retiro.
¿Y por qué fracasó el interregno de Garré?
No fracasó. A Garré la intervinieron a los ocho meses. Cuando entra Berni ya estaba el ministerio intervenido. Ahí, ella perdió el control de 80 por ciento del ministerio. Fue una decisión del Poder Ejecutivo de volver a la política de autonomía policial.
* Vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales.
