ESCUCHAR2011. El mismo día en que se presenta el proyecto para derogar el merodeo del Código de Faltas, los vecinos de la Junta de Participación Ciudadana más representativa de la provincia, Alta Córdoba, que funciona en la comisaría de ese barrio, se expresan en Facebook.
Su director, Marcelo Lesta, informa que la junta compró urnas para que los vecinos delaten anónimamente a quien consideren sospechoso, información que sirve de insumo, luego, a la policía: “La idea es repartirlas estratégicamente en diez comercios distintos de nuestro barrio, con la idea de que vayan rotando, para ir recaudando información todos los sectores de nuestro barrio. Las denuncias serán anónimas”, señaló. Respecto de la discusión sobre la derogación de la figura del merodeo, expresó: “Yo estoy absolutamente en contra de toda modificación. Si esto se modifica, quedamos totalmente desprotegidos y la policía, desarmada por completo. Estoy a favor de que se respeten los derechos humanos pero los derechos humanos también son para las víctimas. Los que quieren hacer esa reforma quieren hacer política y hacerse los buenitos. Habría que ver si no llaman a la policía cuando ven a un sospechoso”.
Los vecinos festejan en el sitio web lo postulado por Lesta quien, tres años después, es el representante de las Juntas de Participación Ciudadana invitado por el Estado a firmar un acuerdo marco de seguridad con la plana mayor policial de la provincia.
Mayo de 2013. La ciudad, sobre todo los barrios periféricos, se cubre de helicópteros policiales con cámaras que permiten hacer primeros planos con gran nitidez. Tecnología que promete proveer mayor control sobre lo que se denomina oficialmente inseguridad ciudadana. Paredes, formado en la CIA y en la DEA, presenta su renuncia.
Diciembre de 2013. La policía se autoacuartela en reclamo de mayores sueldos y equipamiento y se autoproclama dueña de la calle. Corren rumores acerca de que algunos saqueos podrían haber sido organizados por la misma policía desde sus cuarteles. Un sector de la ciudadanía sale armada a defenderse de otros ciudadanos, que considera sospechosos. Se actualiza la caza del otro en una lucha cuerpo a cuerpo por el territorio que se considera propio.
7 de febrero de 2014. Algunos medios denuncian vinculaciones de la policía, en particular de la Dirección de Drogas Peligrosas, con el narcotráfico. Detienen a policías.
31 de marzo de 2014. Vecinos del barrio Irupé linchan en la calle a un hombre de 34 años, a quien acusan de intentar robar la mochila de una adolescente. Se producen otros linchamientos en el país.
23 de abril de 2014. Se firma un convenio marco entre la Policía de la Provincia y la Subsecretaría de Participación Ciudadana, entre el jefe de Policía, Julio César Suárez; el subjefe, el subsecretario de Participación Ciudadana, Diego Hak, y dirigentes barriales, centros de almaceneros y vecinos en general, entre los que se destaca el nombre de Lesta, dirigente de la junta de Alta Córdoba.
El jefe policial destaca la “policialización de la ciudad”, en una lógica que da continuidad a la propuesta oficial de “involucrar al vecino en la problemática de la seguridad, conjuntamente con la policía”, según Hak.
25 de abril de 2014. Se publican fotos de policías armados que exponen durante horas, ante la prensa, a decenas de ciudadanos encapuchados, con las manos atadas, encerrados dentro de un corralito destinado a animales. Sujetos reducidos a un estado bestial que linda con la animalidad, privados de sus derechos ciudadanos y de su estatuto humano. Al menos 500 efectivos participan de este megaoperativo en el que se detienen también a menores de edad.
Fines de abril de 2014. José Manuel de la Sota viaja a Estados Unidos para buscar apoyo para la lucha contra el narcotráfico, en el marco de la recién creada Fuerza Policial Antinarcotráfico, que será organizada, seleccionada y conducida por el fiscal General del Poder Judicial.
Visita, además, el Centro Internacional de Estudios Estratégicos, el Inter American Dialogue y al subsecretario del Departamento de Comercio de EEUU, al director del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental en EEUU y oficial de Servicio Exterior del Departamento de Estado. También mantiene reuniones con el FBI y la DEA. El viaje ocurre en un contexto de definición de las candidaturas para las próximas elecciones a la Presidencia de la nación.
7 de mayo de 2014. Un grupo de familiares de jóvenes muertos por la policía en supuestos asaltos acusa a la policía de “gatillo fácil” y convoca a una marcha bajo el lema: “Por todos los jóvenes asesinados en manos de la policía”. Como respuesta, el jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, ratifica que los efectivos imputados por la muerte de los jóvenes actuaron en “legítima defensa” y destaca el trabajo policial.
8 de mayo de 2014. En el Día contra la Violencia Institucional, numerosas organizaciones de la sociedad civil se convocan para denunciar las prácticas institucionales violatorias de los derechos humanos. Al mismo tiempo, otros vecinos colocan en sus barrios urnas anónimas para delatar a los extraños, piden más cámaras de seguridad en las plazas y puertas de escuelas públicas, más helicópteros policiales sobrevolando la ciudad. Aplauden y colaboran para que, en las calles de Córdoba, cada diez minutos la policía continúe levantando a un pibe por “Código de Faltas”, legalidad contravencional que otorga mayores facultades a la policía que a un juez y la habilita a detener personas por portar rostro de sospechoso, eufemismo por el que se detienen sujetos degradados, que portan en sus cuerpos marcas que cruzan estigmas de raza y posiciones de clase.
Hasta la fecha, el Estado no ha propuesto poner un límite legal a las facultades de la institución policial sospechada y acusada de corrupta y violenta. Mientras tanto, empodera legalmente a ciertos sectores de vecinos con la atribución de ser auxiliares de la policía.
* Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea y doctoranda en Semiótica (UNC). Especialista en discursos mediáticos y jurídicos sobre (in)seguridad ciudadana y violencia institucional. Miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC.
