ESCUCHARGran parte de la tarea legislativa está relacionada con defender los intereses de los ciudadanos frente a decisiones que un gobierno puede tomar de manera arbitraria.
Por Diego Mestre – Exclusivo para Comercio y Justicia
Contar con un congreso en el que los representantes puedan debatir con fundamentos cabales cuestiones de toda índole, es un signo de salud institucional. Por el contrario, cuando existe una mayoría automática que prescinde de argumentos elaborados para apoyar ciertos proyectos de ley, o cuando se gobierna por decreto, la democracia y el país se perjudican.
El dictamen que fue presentado a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles llamado “Convenio de solución amigable y de avenimiento entre la República Argentina y Repsol” fue rechazado por la Unión Cívica Radical, porque el Gobierno argentino acordó desembolsar 5.000 millones de dólares a Repsol en concepto de indemnización. Aquella decisión abrupta fue justificada por la soberanía energética nacional.
Expropiaciones a precio injusto
A todos nos gusta que nuestro país pueda disponer de sus recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y estamos de acuerdo en que deba pagarse un precio conforme lo que manda la Constitución nacional, para que los inversores internacionales sigan creyendo en nuestra seguridad jurídica. Sin embargo, surge la pregunta: ¿Las expropiaciones que se embanderan en el patriotismo y la soberanía deben ser proseguidas incluso a un precio injusto?
Existen algunos aspectos que no tienen lógica y vician la transparencia del acuerdo entre el Gobierno argentino y Repsol:
1) El Tribunal de Tasaciones de la Nación valuó a YPF en 4.925 millones de dólares. De acuerdo con la evidencia presentada en los dictámenes, existe una disminución injustificada del pasivo de unos 1.700 millones de dólares y un aumento del activo de otros 1.700 millones de dólares, que no tiene asidero. De esta manera, se han desembolsado alrededor de 3.500 millones de dólares más de lo que corresponde.
2) La tasación de la empresa fue realizada a precios de mercado actuales, siendo que la expropiación tuvo efecto en mayo de 2012, cuando el valor de Repsol era sustancialmente menor debido a presuntos vaciamientos.
3) En poco tiempo se tasaron 126.646 bienes, entre los que encontramos casi 30 mil pozos de petróleo, 10 empresas controladas en diferentes países (EEUU, Brasil, Bolivia y España), equipos, plantas, plataformas offshore y muchos más bienes de capital como terrenos, vehículos terrestres y aéreos, entre tantos otros que resulta extenso enumerar. La mayoría de estos bienes no está concentrada en un lugar sino distribuida por todo el territorio nacional. El Tribunal de Tasaciones cuenta con aproximadamente 40 personas que realizan todas las tareas, desde la limpieza hasta las pericias técnicas. Tiene asignado un presupuesto de 14 millones de pesos por año ¿Es posible que un órgano así haya sido capaz de tasar correctamente una corporación de la magnitud de Repsol?
4) El acuerdo implica, entre otras cosas, que Argentina ha desistido de todas las acciones de reclamo extrajudiciales que pudieren surgir por daños de diversa índole: perjuicios ambientales, maniobras eventualmente fraudulentas, presuntos vaciamientos de bienes, ocultamiento de pasivos y otras contingencias.
5) Del 51% expropiado, aún no se realizó el traspaso efectivo del 49% que corresponde a las provincias designadas, como fue indicado por la ley 26741.
Supuesto patriotismo
En vista de los elementos expuestos, me pregunto: ¿cuánto cuesta el supuesto patriotismo que este modelo utiliza como escudo con el que justifica decisiones arbitrarias? ¿Cuánto dinero de las arcas fiscales, nutridas con el sacrificio de nuestro pueblo, cuestan las decisiones tomadas de manera urgente y desprolija? ¿Ésta es la mejor manera de llevar adelante un país?
Debemos legislar honrando el esfuerzo que los ciudadanos aportan en forma de impuestos para el desarrollo nacional. Legislar con integridad significa defender al pueblo de los negociados espurios que, a veces, ocurren a espaldas de él. La salud institucional es la verdadera soberanía.
