ESCUCHARLas estadísticas muestran un promedio de $101 mil por demanda. No obstante, sólo un juicio de expropiación entablado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación derivó en un pago de $6,86 millones. Las mayores erogaciones corresponden a acciones entabladas por empresas constructoras. El BGN ganó en 2010 un proceso por $1,5 millones.
La Procuración del Tesoro de la Provincia canceló juicios contra ésta por 54,5 millones de pesos, cifra récord desde 2008, desde que se publican -al menos parcialmente- las estadísticas sobre ese tipo de acciones.
Efectivamente, de acuerdo con datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, en 2008 se pagaron 22,39 millones de pesos correspondientes a 449 demandas. En 2009 hubo 200 juicios abonados por 27,9 millones de pesos. En tanto en 2010 se abonaron poco más de 15 millones aunque hay meses con información discontinuada.
Lo mismo en 2011, cuando no figuran los meses de abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre (en rigor figuran pero no hay información disponible)
En tanto, en 2012, sólo se informan los meses de octubre, noviembre y diciembre, que en total acumulan pagos apenas superiores al millón de pesos.
Respecto al año pasado, desde febrero a diciembre se abonaron 54,58 millones de pesos en 577 demandas.
Los desembolsos más importantes se produjeron en marzo, cuando la Provincia canceló 55 juicios por 12,16 millones de pesos.
Con todo, sólo una demanda derivó en pagos por 6,86 millones de pesos. Se trata de la causa caratulada “Provincia de Córdoba c/Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y Otros -Expropiación-”.
En rigor, el STIA tiene otras demandas por expropación ganadas a la Provincia por montos también millonarios aunque de menor cuantía.
En 2013 también se verificaron fuertes desembolsos derivados de juicios de contratistas de obra pública.
Por caso, la empresa José Cartellone fue acreedora de pagos por casi 2,5 millones de pesos.
También la empresa Delta recibió fondos por más de 3,4 millones de pesos.
Por lo demás, hay juicios perdidos por la Provincia por expropiaciones menores, honorarios, por mora, laborales, por daños y perjuicios y por mala praxis, entre otros.
En cuanto a los nombres, hay algunos conocidos, mas allá de las constructoras ya mencionadas. Por ejemplo, sólo en mayo pasado figura un juicio pagado a Juan Minetti por 98 mil pesos, otro a un conocido desarrollista por 293 mil pesos y uno de un dirigente del sector supermercadista de Córdoba que le ganó una demanda a la Dirección General de Rentas por 8.746 pesos.
El banco de los Rohm
En cuanto a los datos de años anteriores, el repaso de las demandas pagadas por la Provincia también permite observar datos curiosos o abrir interrogantes sobre las causas que derivaron en las erogaciones para la Procuración del Tesoro.
Por ejemplo, el 3 de marzo de 2010 la Provincia pagó 1,4495 millón de pesos en la causa “Banco General de Negocios SA en liquidación judicial c/Provincia de Córdoba Plena Jurisdicción”. Se trata del banco propiedad de los hermanos Rohm, único precalificado en la licitación para privatizar parte del Banco de Córdoba, durante la primera gestión de José Manuel de la Sota.
También en 2010 aparecen fuertes desembolsos a empresas constructoras, por ejemplo Supercemento, que sólo en octubre de ese año recibió dos pagos de 2,4 y 3,5 millones de pesos, respectivamente.
En tanto, en noviembre, Supercemento volvió a recibir otros 2,4 millones, que se repitieron en diciembre.
Ya en 2011, la misma empresa volvió a cobrar casi 5 millones de pesos. En total, esta compañía embolsó más de 15 millones de pesos por juicios al Estado provincial.
Asimismo, también en 2010, José Cartellone percibió 3,07 millones de pesos, siempre según la información oficial.
Funciones
De acuerdo con los datos informados en la página web de la Provincia, el procurador del Tesoro tiene a su cargo “la defensa en juicio del patrimonio del Estado Provincial, salvo los casos en que la misma sea asumida por el Fiscal de Estado, o delegada conforme a lo establecido por el Artículo 6º de la Ley 7854 y de acuerdo con lo que disponga la reglamentación. A estos efectos, el Fiscal de Estado, el Procurador del Tesoro o sus sustitutos serán parte legítima y necesaria en todos los juicios en que la Provincia esté interesada. La defensa en juicio del patrimonio del Estado Provincial. Será parte legítima y necesaria en todos los juicios en que la Provincia esté interesada”.
El procurador del Tesoro desde 2012 es Pablo Juan María Reyna. Abogado de profesión, fue secretario de Justicia de la Provincia entre 2005 y 2011, mientras que desde 2012 desempeña su actual cargo.
