ESCUCHARTres camaristas y dos jueces federales de la ciudad de Córdoba se encuentran en la lista de los magistrados denunciados cuya situación podría ser analizada a partir de este mediodía en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Se trata de los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Luis Rueda, Abel Sánchez Torres e Ignacio Vélez Funes y los vocales del Tribunal Oral Nº 1 y Nº 3, Carlos Otero Álvarez y Cristina Garzón de Lascano, respectivamente.
El tratamiento de los expedientes de la Comisión de Acusación fue publicado en la orden del día de los temas a tratar por el Consejo, aunque ello dependerá del quórum y la disponibilidad de los consejeros para evaluar cada uno de las denuncias que involucran a los magistrados cordobeses.
El expediente más avanzado es el que tiene como protagonistas a los jueces de la Cámara Federal de Córdoba, quienes están siendo investigados por el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” de sus funciones en la causa “Piccón”. El hecho tiene que ver con un caso que ocurrió en 1990 en el Liceo Militar General Paz y en el que un cadete que entonces tenía 13 años, quedó cuadripléjico luego de que un oficial lo obligara a realizar "movimientos vivos" después de cenar. Tras la denuncia, los consejeros citaron a la madre de Piccón y a los camaristas, quienes presentaron en febrero su descargo por escrito.
Otros denunciados
De cumplirse con el orden del día, la Comisión de Acusación también debería resolver hoy si finalmente cita a declarar a Otero Alvarez, en el marco de las denuncias que pesan en su contra por su actuación durante la última dictadura militar.
Entre los graves hechos que se le adjudican, se lo acusa de haber autorizado traslados de detenidos políticos a disposición del Tercer Cuerpo de Ejército, que luego fueron ejecutados cuando era secretario del extinto juez federal Adolfo Zamboni Ledesma.
El Consejo de la Magistratura tiene también en agenda el tratamiento del expediente que involucra a Garzón de Lascano denunciada por haber prohibido la fabricación, comercialización y venta de anticonceptivos por considerarlos abortivos. La jueza está acusada por mal desempeño de sus funciones y prevaricato.
