La Sala 2ª del Trabajo declaró inconstitucionales y arbitrarias las autorizaciones otorgadas por la Secretaria de Ambiente de la Provincia y la Municipalidad de Malvinas Argentinas.
En un fallo dividido, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo resolvió ayer frenar la construcción de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas hasta que se presente la evaluación de impacto ambiental y se realice una audiencia pública.
Según precisaron los magistrados en la resolución a la que accedió Comercio y Justicia, el Estudio de Impacto Ambiental debe realizarse en forma previa a la instalación de la planta, pues es una herramienta que permite “asegurar la prevención de daño o la posibilidad de daño ambiental”.
Bajo esa premisa, el fallo concluye que el estudio debe ser “ requerido para la realización de la obra y no para su funcionamiento”, y agrega que la falta de convocatoria oportuna, “además de violentar el mandato normativo, devendría ineficaz si se la convocare en forma previa a habilitar la operatividad del emprendimiento”.
Así las cosas, los jueces Silvia Díaz y Luis Fernando Farías declararon inconstitucionales y arbitrarias las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Ambiente de la provincia y por la Municipalidad de Malvinas Argentinas.
Voto en disidencia
A contramano de los expresado por sus pares, el juez Miguel Ángel Azar opinó que se comete un error al no advertir de que se trata de un aviso de proyecto de una “obra civil” que una vez concluido, previo a la puesta en funcionamiento, deberá presentar el pertinente estudio de impacto ambiental. “Mis pares ya consideran que estamos en presencia de un menoscabo al medio ambiente y que la actividad a ejercer desgasta al mismo, contamina y produce un daño ambiental, entre otros por la utilización de líquidos residuales altamente peligrosos. Es decir que sin ninguna pericia técnica idónea que lo demuestre llega a una conclusión falsa y carente de asidero legal”, remarcó en su voto Azar.
En otro tramo de su voto, el juez informó que visitó la planta que tiene Monsanto en la provincia de Buenos a Aires, donde pudo “verificar que la misma es una planta modelo que no produce ningún daño ambiental”.
A su vez, Azar acusó a sus pares de ensayar una “especie de per saltum” y omitir por completo lo oportunamente dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que permitía la continuidad de la obra civil.
Apelación
Conocida la resolución cerca del mediodía de ayer, Monsanto adelantó que apelará la sentencia ante el TSJ dado que “considera legítimo su derecho a construir la planta al haber dado cumplimiento a todos los requisitos legales y haber obtenido las autorizaciones para ello conforme la normativa vigente, lo que fuera confirmado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia de fecha 7 de octubre de 2013″.
En la misiva, la firma siguió: “Hace más de tres meses que los empleados y contratistas de Monsanto no pueden ejercer el derecho a trabajar, debido a la acción de extremistas que bloquean los ingresos al predio, ejercen violencia y desoyen sistemáticamente las decisiones judiciales”.
Seguirá el acampe
– Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó Anexo, confirmó que seguirá el bloqueo de los dos portones de ingreso al predio de Monsanto hasta tanto no tomen una decisión política los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal para prohibir la instalación de la planta.
– Durante el bloqueo se produjeron cuatro episodios de violencia.