ESCUCHARAdvierte de que los sectores con menos ingresos pagan los intereses más caros y, una vez cursado el juicio ejecutivo, no tienen posibilidad de defensa.
A poco de cumplir un año, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que encabeza el cordobés Carlos Gonella, presentó un informe con un eje diferenciado de lo que podría resultar la función tradicional de esta unidad. Concretamente, el trabajo analiza el modo en que el sistema financiero irrumpió en la economía de los sectores populares mediante los préstamos en efectivo o de la cada vez más amplia emisión de tarjetas de crédito por las grandes cadenas comerciales
Bajo el título “Créditos para el consumo y su impacto en los sectores populares”, el informe destaca cómo los créditos para el consumo implicaron un proceso de expansión del sistema financiero que introduce a personas que jamás tuvieron contacto con ese medio a una trama para la que no tienen información ni la experiencia sobre cómo guiarse. Esa expansión no sólo “reproduce lógicas especulativas” sino que incorpora a esas personas “en un sistema con un alto nivel de opacidad y que funciona con una lógica perversa”.
Así las cosas, el relevamiento destaca que los prestamistas se aprovechan de las necesidades básicas de todo un sector de la población, así como de la necesidad de consumo de bienes suntuarios impuesta por las campañas de marketing de grandes compañías. Esos prestamistas no son sólo las entidades bancarias tradicionales sino también múltiples ofertantes informales con un dudoso respaldo económico, que se valen de argucias legales para justificar su actividad o simplemente escapan de toda regulación posible.
Altos costos
Los créditos para el consumo, conforme la investigación realizada, no poseen un carácter integrador a causa de que la bancarización de los sectores populares tiene como contrapartida comisiones, seguros y las tasas de interés más altas del mercado, reproduciendo así las diferencias sociales existentes en la sociedad, destaca la Procelac.
“Mientras los grupos económicos tienen un negocio planificado, organizado y estructurado al detalle, las personas endeudadas se presentan como la otra cara de la moneda: desperdigadas, sin organización y sin información”, remarca el estudio.
Y agrega: “De esta manera, opera una situación paradojal: las personas de menores ingresos pagan más por las compras de los mismos productos. Esto último ocurriría debido a que, si bien los préstamos facilitan el acceso al consumo, lo hacen con un costo altísimo que termina alcanzando una parte de los ingresos de los sectores populares, que finalmente son absorbidos por el sistema financiero o especulativo en lugar de ser destinados a la reproducción de la economía productiva o real”.
Relación desigual
En el curso de la investigación se realizó un relevamiento de 61 juicios ejecutivos iniciados por una sociedad anónima (SA) que se dedica al otorgamiento de créditos para el consumo, siendo la mayoría de los tomadores de los préstamos personas asalariadas. En todos los casos (a excepción de tres no enmarcados en una relación de consumo) la SA presentaba la demanda junto con el pagaré solicitando el embargo de los haberes o, en su defecto, de los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias u otro tipo de acreencias.
De los 58 casos vinculados con operaciones de crédito para el consumo, en 53 se procedía conforme la pretensión de la financiera o se estaban tomando las medidas diligenciales a tal fin.
Así, más de 90% de los juicios ejecutivos relevados ejecutaron un pagaré sin tener la certidumbre de si éste no fue utilizado de manera abusiva, estableciendo montos que no son los efectivamente adeudados.
“Dicha situación no otorga al deudor oportunidades razonables para defenderse adecuadamente, dificultando con ello una adecuada protección judicial efectiva de susderechos”, precisa el trabajo.
Medidas
Para la Procelac, es necesario iimpulsar un debate público sobre la necesidad de una mayor regulación del mercado de los créditos para el consumo.
Entre las medidas plantea la necesidad de transparentar el costo financiero total y la tasa de interés, así como la adaptación de la legislación existente a los fines de supervisar aquellas entidades oferentes de créditos actualmente no reguladas.
“En lo que respecta a la forma en que tramitan las causas derivadas por incumplimiento en los pagos, también resulta imperioso abrir instancias de reflexión al menos dentro del Ministerio Público Fiscal, como podría ser el desarrollo de talleres de trabajo orientados a rediscutir las formas procesales más adecuadas para garantizar a los consumidores financieros el correcto ejercicio de sus derechos constitucionales”, concluye la Procelac.
