ESCUCHAREl fiscal federal Guillermo Marijuan dio impulso a la investigación penal contra los dos jueces subrogantes de la Cámara Nacional de Casación Penal que otorgaron la excarcelación a represores procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Fuentes tribunalicias confirmaron que, de esa manera, el representante del Ministerio Público respondió afirmativamente al requerimiento efectuado por el juez federal Claudio Bonadío.
Los informantes indicaron que, tras recibir el dictamen de Marijuan, el magistrado ordenó las primeras medidas, entre ellas solicitar las certificaciones respectivas de las resoluciones cuestionadas y los votos de cada uno de los jueces denunciados.
Denunciados
Los magistrados denunciados son Luis García y Guillermo Yacobucci, quienes -en su carácter de jueces subrogantes de la Sala II de la Cámara de Casación Penal- en diciembre último concedieron la excarcelación (suspendida por un recurso fiscal) de los represores Alfredo Astiz y Jorge “el Tigre” Acosta.
La causa la entablaron un grupo de abogados encabezados por María Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, éste letrado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, y las sobrevivientes de los centros clandestinos de detención “Atlético” y el que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), Delia Barrera y Graciela Daleo, respectivamente.
Los denunciantes pidieron que se enjuicie penalmente a Yacobucci y García por “prevaricato” (dictar fallos contrarios a Derecho) y por abuso de autoridad, delitos previstos en los artículos 248 y 269 del Código Penal.
