El debate comenzó cerca de las 16. La iniciativa llegó a recinto con más de 170 modificaciones. En Diputados se logró aprobar la ley de responsabilidad del Estado.
En una de las sesiones más trascendentes del año, el Senado de la Nación se aprestaba anoche a darle media sanción al proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que obtuvo dictamen favorable la semana pasada.
La sesión especial se inició con demoras a raíz de las reuniones que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había mantenido con jefes de los bloques en la Cámara alta, y de una discusión entre el oficialismo y el radicalismo por el modo en que se iba a tratar y votar la reforma.
La iniciativa llegó al recinto con más de 170 modificaciones impuestas por el oficialismo al texto original redactado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
Lo que generó más críticas es la decisión del oficialismo de excluir los artículos relacionados con la responsabilidad del Estado y volcarlos en un segundo polémico proyecto de ley que paralelamente se debatía ayer en Diputados.
Precisamente, el presidente de la comisión bicameral de seguimiento de la reforma y unificación, el kirchnerista Marcelo Fuentes, defendió el proyecto oficial y reconoció que un punto central de conflicto es “el tema de la responsabilidad del Estado dentro o fuera del Código Civil”.
El bonaerense Aníbal Fernández (FPV) también respaldó la propuesta del oficialismo al apuntar que el “Código Civil del Vélez Sársfield expresaba una filosofía individualista que responde a la clases dominantes de la época” y afirmó que “los más marginales van a encontrar respuesta con esta reforma”.
Fue el radical Ernesto Sanz, el primero orador por la oposición, quien dijo que la reforma propuesta por el oficialismo “va a abrir las puertas a la judicialización” por no haber encontrado consenso y haber realizado cambios inconsultos al texto de la comisión redactora.
Según habían adelantado en horas de la tarde, la UCR y el FAP anunciaron que votarían en contra de la iniciativa oficial en general.
El anteproyecto de Código Civil y Comercial fue redactado por una comisión encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, junto a la ministra Elena Highton de Nolasco y la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci.
Luego, una comisión de juristas, liderada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, revisó el texto, que fue enviado al Congreso y sufrió modificaciones en manos del bloque oficialista. A su vez, fue discutido a lo largo de numerosas audiencias públicas en todo el país.
La polémica
Entre los puntos más polémicos del dictamen del Frente para la Victoria se encuentra el artículo 19, modificado a último momento, que indica que la vida se inicia “desde la concepción” y no incluye los tratamientos de fertilización asistida –sí incorporados en otros artículos-.
Ese cambio le permitiría al kirchnerismo contar con el apoyo extra de algunos legisladores de la oposición, como la puntana Liliana Negre de Alonso (peronismo disidente), impulsora de la reforma del artículo en cuestión.
El oficialismo también decidió eliminar la regulación de la maternidad subrogada, más conocida como “alquiler de vientres”, la fecundación post mortem y la denominada “función social” de la propiedad privada.
La responsabilidad del Estado
Paralelamente al debate de la reforma del Código Civil, en la Cámara de Diputado en oficialismo logró aprobar cerca de las 22 la ley de responsabilidad civil del Estado.
El debate comenzó pasadas las 15.57 con la presencia de 131 legisladores oficialistas y aliados, esto es, dos más del quórum que habilita el proceso de deliberaciones. También bajaron al recinto los diputados opositores que responden al senador Adolfo Rodríguez Saá, además de Mauricio Ibarra (Unión por San Juan), el correntino Rodolfo Fernández (ex UCR) y el fueguino Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino).
El resto de la oposición se sumó al recinto una vez que el kirchnerismo tuvo despejado el camino. La UCR, el FAP, el Frente Renovador, el Pro, el peronismo disidente, Unidad Popular, Proyecto Sur y un puñado de monobloques ya anticiparon su voto en contra.
El polémico proyecto obtuvo dictamen de mayoría la semana pasada, en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con la sola firma del Frente para la Victoria y bloques aliados. Una de las críticas principales de la oposición recayó en que la regulación haya sido excluida del proyecto de Código Civil y Comercial, bajo el argumento oficial de que corresponde al ámbito del derecho administrativo.