Mediante una acordada, pidió al Gobierno que adopte las acciones recomendadas por los jueces federales del norte del país. Para el secretario Berni, las “fronteras están bien cuidadas”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) requirió ayer al Consejo de la Magistratura y a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad que arbitren de modo urgente las medidas sugeridas por jueces federales del norte del país debido a “la grave problemática” que denuncian vinculada con el tráfico de estupefacientes y otros hechos delictivos en esa zona.
La resolución fue firmada por todos los ministros del Máximo Tribunal: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y E. Raúl Zaffaroni.
El documento se divulgó a pocas horas de que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, asegurara que “las fronteras están bien cuidadas” del narcotráfico.
Meses atrás, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, había convocado a representantes del fuero federal y de la cartera de Seguridad para discutir qué medidas de cooperación se podían tomar para mejorar el control del delito en esa zona. A esa reunión asistió Sergio Berni, quien al dejar tribunales exigió ayuda de los magistrados para no liberar a los delincuentes que apresan las fuerzas policiales y se comprometió a progresar en la prevención.
A ese cónclave, realizado el 18 de septiembre pasado en el Palacio de Tribunales, también asistieron Graciela Fernández Vecino, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Jorge Luis Villada, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Miguel Medina, juez federal de esa ciudad.
El comunicado del Centro de Información Judicial (CIJ) reveló que, tras esa reunión, el 24 de octubre último, el Máximo Tribunal “recibió un informe sobre esta problemática con respecto a la jurisdicción Salta-Jujuy, firmado por Villada y su par Roberto Loutayf Ranea; mientras que al día siguiente fue girado a la Corte el documento referido a Tucumán, suscripto por Daniel Bejas y Fernando Poviña, jueces federales de esa jurisdicción.
En ese marco, días después la Corte libró oficios al Consejo de la Magistratura y a los ministros Julio Alak y Arturo Puricelli para solicitar que arbitraran “las medidas que fueran necesarias para combatir la grave problemática denunciada por los jueces federales del norte del país, sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta de ninguno de dichos organismos”. Ayer, los siete jueces firmaron otra resolución para reiterar el pedido.
Grave situación
El duro informe que recibieron los jueces de la Corte Suprema sobre la situación del narcotráfico en el Noroeste Argentino (NOA) señala que en Salta y Jujuy se registra la “instalación de grupos extranjeros de gran magnitud que están operando y que se cuentan por miles en la frontera”.
“El NOA es la gran puerta de entrada para la mayoría del tráfico ilegal de drogas y otros delitos conexos (como la trata de personas)”, manifestaron los jueces de cámara.
Al informar de la situación, los jueces salteños y jujeños ilustraron el panorama con algunos datos. Informaron que entre 2005 y 2012 se observó un incremento de 84,6% en las causas penales. Además, aseguraron que hay “una crisis en el sistema carcelario, cuya capacidad de alojamiento colapsó”.