A propósito de la oportunidad procesal para solicitar la suspensión del juicio a prueba

La ley 24.316 (BO. 19/5/94) incorporó al Código Penal el título XII del Libro Primero (De la suspensión del juicio a prueba), regulando en el plexo normativo de los art. 76 bis, ter y quater, el instituto de la probation anglosajón. Éste, respondiendo al principio del derecho penal de mínima intervención (ultima ratio), en esencia procura la resocialización del imputado sin condena y, con ello, evitar la estigmatización (marca, mala fama, perjuicios sociales y familiares) que para el inculpado implica el sometimiento a juicio e imposición de una condena; a la vez busca ayudar a cubrir el déficit que acarrea la rigidez del principio de legalidad vigente –informado por los principios de oficiosidad e irrefragabilidad–, a fin de lograr el descongestionamiento del sistema judicial penal argentino y con ello que exista mayor tiempo y recursos para el juzgamiento de hechos de cierta envergadura y trascendencia penal.
Ahora bien, como gráficamente titula su libro Sayago

, aspectos conflictivos son los que lo caracterizan, toda vez que cada palabra utilizada en los art. 76 bis, ter y quater, por silencio, imprecisión o ambigüedad, tiene sus interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales representadas en tesis amplias y restringidas. Estas divergencias interpretativas (gracias a las cuales evoluciona y se desarrolla el derecho) van desde la discusión sobre los delitos comprendidos (procedencia –o no– de la probation respecto de delitos conminados con penas superiores a tres años de prisión o reclusión)

; siguiendo por la discusión sobre la admisibilidad del instituto para delitos conminados con pena de inhabilitación

y respecto a la fuerza vinculante del consentimiento fiscal

; hasta llegar a la controversia doctrinal que hoy atrae nuestras palabras: ¿cuál es la oportunidad procesal para solicitar la suspensión del juicio a prueba? ¿Desde qué oportunidad procesal (momento inicial –a quo–) y hasta cuándo se puede solicitar este beneficio (momento final –ad quem–)?
Existe un vacío legislativo referido a la oportunidad procesal para formular la solicitud de suspensión del juicio. Esto se debe a que la ley 24.316 no lo precisó, y el CPP de Córdoba no llenó dicha carencia legislativa al no contener disposición alguna referida al instituto (aspecto regulado por otras provincias en sus Códigos de forma, ej. Neuquén, Buenos Aires, Misiones, entre otras). Esta realidad normativa originó diversas interpretaciones doctrinales respecto del cuestionamiento planteado

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Con relación al momento inicial –a quo–, existe un grupo de autores que sostienen la llamada tesis amplia. Entienden que se puede plantear inmediatamente después de receptada la declaración al imputado, en la etapa de investigación, considerando el término “juicio” como proceso penal, abarcativo de la etapa de investigación y el plenario; entre otros, adhiere a esta postura De la Rúa

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Quienes sostienen que la solicitud puede plantearse durante la primera etapa del proceso, luego de la declaración del imputado y hasta la clausura de la instrucción, argumentan que la finalidad perseguida por la ley es evitar la realización del juicio, por lo que extender la oportunidad del planteamiento del incidente hasta el momento de fijación de la audiencia de debate sería consentir la realización parcial de aquél –desnaturalizando el espíritu de la norma–. Se argumenta también que el primer párrafo del art. 76 bis utiliza el término imputado, con lo cual es posible solicitar el beneficio desde el comienzo del proceso, desde que se adquiere tal calidad. Ochoa

, aceptando una posición amplia, sostiene que el beneficio “puede ser otorgado después de indagado el imputado y siempre que existan elementos de convicción suficientes como para tener por lo menos la probabilidad de la existencia del hecho y la participación responsable del imputado”; aquí contamos con una posición que podría considerarse de tránsito a la posición restringida.
Otros, sostenedores de la llamada tesis restringida, consideran que la oportunidad procesal se da una vez agotada la investigación, a partir de los actos con que se inicia la etapa del juicio, entendiendo que el término “juicio” es considerado “en el sentido técnico utilizado por la ley procesal…, esto es, la etapa del proceso que tiene por base una acusación concreta y fundada en los hechos y derecho en cuyo transcurso rige el contradictorio pleno entre acusador y acusado, los que se encuentran en paridad de condición jurídica”

. Laje Anaya

sostiene que lo que se suspende es el juicio; por ello la causa debe haber ingresado al tribunal, y que éste haya citado al juicio a las partes para que éstas ofrezcan la prueba pertinente. Ese es el momento procesal y oportuno en que debe solicitarse la suspensión; pasado dicho momento, la solicitud será inadmisible. Tarditti

considera que “en cuanto a la oportunidad que la petición debe formularse por el imputado, el lenguaje empleado en la ley implica que debe tener lugar durante al juicio, en el sentido técnico de esta expresión… Razones vinculadas con el interés público comprometido en la persecución penal, aconsejan esta interpretación, por cuanto la suspensión tendrá lugar cuando la investigación preparatoria ya ha sido cumplida y, por tanto, ningún riesgo corre con la paralización del proceso”. Sayago

refiere: “Nos parece que el momento procesal oportuno para plantear inicialmente la suspensión del juicio a prueba es el de los actos con que se inicia la etapa del juicio, esto es, conforme los diversos sistemas procesales, cuando se cita a las partes intervinientes en la causa para proseguir con la nueva etapa del proceso (art. 361, CPP Cba.)”.
Expuestas las posiciones doctrinales, analizo el interrogante subexamen y argumento. El proyecto del Poder Ejecutivo de agosto de 1992 –que motivó el tratamiento y sanción de la ley 24.316–, expresamente señalaba la posibilidad de aplicar la probation (que llamaba suspensión de la persecución a prueba) después de la declaración del imputado y hasta la fijación de la audiencia de debate, pero el Congreso, luego de la discusión parlamentaria, abandonó este criterio; adoptó y redactó la ley siguiendo la fórmula “suspensión del juicio a prueba” tal como se denominó el Título XII del C. Penal. Por ello, entiendo que según el espíritu de este instituto, no es la etapa de investigación la que se suspende (lo sería de haberse aprobado el criterio del Proyecto del Poder Ejecutivo) sino la del juicio en sentido técnico. Así, para solicitar la aplicación del beneficio, será necesario que se halle agotada la etapa preparatoria y de investigación, de manera que se recepte la prueba –referida a la existencia del hecho y la participación penalmente responsable– necesaria para la acusación, y que ésta sirva de base para el eventual juicio. Cumplido este presupuesto, entiendo que la oportunidad inicial –a quo– para solicitar la suspensión del juicio a prueba es la de los actos con que se inicia la etapa del juicio propiamente dicho. Doy más razones. La ley hace referencia a que la suspensión es revocable, y eso ocurrirá si el imputado no cumpliera con las obligaciones –reglas impuestas–, en cuyo caso “se llevará a cabo el juicio”, debiendo entenderse el vocablo “juicio” en sentido técnico. Esto es así porque en caso de reanudación, (por revocación) permite que existan los elementos probatorios referidos a la existencia del hecho y la participación penalmente responsable del imputado necesarios para continuar y realizar el juicio suspendido, a fin de llegar a una decisión jurisdiccional sobre los extremos mencionados (existencia del hecho y participación responsable). Procesalmente es necesario que existan elementos de prueba suficientes para evitar que se recurra a este instituto jurídico como una estrategia defensiva especulativa, tendiente a tornar dificultosa (por tardía) la recepción de elementos probatorios mínimos para llevar adelante el eventual juicio; toda vez que de aceptarse la suspensión en la etapa de investigación, se correrá un grave riesgo, pues la experiencia nos demuestra que muchas veces el paso del tiempo hace dificultosa o imposible la recolección de ciertas pruebas. Sólo una vez que la instrucción se halle completa, el imputado podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. Por ello, el punto de partida para solicitar el beneficio del art. 76 bis es el decreto de citación a juicio (art. 361, CPP de Córdoba)

. Desde otro ángulo, respecto de la postura defensiva, el encartado recién podrá saber cuál es el camino que le conviene adoptar una vez agotada la investigación y de esta manera conocer los elementos probatorios existentes y la extensión del daño acaecido, y así considerar si son acertadas las condiciones que le imponga el tribunal. Toda vez que si quisiese solicitar la suspensión antes de la clausura de la investigación, la incertidumbre será la reinante.
En tanto que el momento final –ad quem– para ejercitar el derecho que tiene el imputado es aquél donde empieza estrictamente el juzgamiento del imputado, demarcado por la fecha fijada para el inicio de la audiencia de debate. En ese período de tiempo, comprendido entre el decreto de citación a juicio hasta la fecha de inicio de la audiencia de debate, el imputado podrá solicitar al Tribunal la suspensión del juicio. En este punto, el Proyecto del PE fue claro respecto a la oportunidad procesal última para solicitar el beneficio al hacer referencia a que podía hacerlo hasta la resolución que fije o la audiencia de debate o el cierre de la discusión sobre la causa. No así la ley definitivamente sancionada –24.316–, que guardó silencio al respecto. Sayago

, sosteniendo el criterio que compartimos, expresa “creemos que el momento final para ejercitar ese derecho que tiene el imputado, para manifestar que ha decidido optar por el camino alternativo que la ley le proporciona, no puede ser otro que aquel donde empieza a concretarse la otra vía procesal posible…, es decir, cuando se inicia estrictamente el juzgamiento del imputado, momento que está determinado por la realización de la audiencia de debate”. La ley 24.316 creó un sistema de suspensión del juicio –en sentido técnico– y no un sistema de suspensión de la sentencia, por lo que admitir la aplicación del art. 76 bis una vez abierto el debate implicaría admitir un sistema distinto al establecido por la ley

. Podemos sostener además, así como lo hicimos al analizar el momento inicial, que permitir solicitar la suspensión del juicio a prueba durante el transcurso del debate o aun terminado, podría facilitar una defensa especulativa del imputado, quien, de acuerdo a como se vaya produciendo la audiencia o como haya terminado (favorable o no), podría valerse de este instituto según su conveniencia, contrariando los fines inspiradores de la ley. ■

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