ESCUCHARFuertes debates sobre la democratización de distintos ámbitos que hacen a la convivencia y a la salud republicana se han planteado, especialmente, en esta última década.
La democratización de los medios de información –o comunicación-, la democratización de la justicia, la democratización de la Secretaría de Inteligencia, entre otras “democratizaciones”, han ganado terreno en el debate público.
Sobre este aspecto y como verdadero triunfo de una vigorosa democracia, la discusión no es patrimonio exclusivo de políticos, periodistas y académicos.
Ya se nos presenta como habitual participar en conversaciones -que en ocasiones desembocan en fuertes altercados- con nuestros vecinos, familiares y/o compañeros de ruta, sobre cuestiones que, algunos años atrás, eran inimaginables.
El manejo de un multimedio, los mecanismos de designación de funcionarios judiciales, el grado de reserva que debe guardar un agente perteneciente a un servicio de inteligencia, ya forman parte del menú de opciones en ocasión de entablar una conversación.
Se trata, en definitiva, de discutir sobre la transparencia, control y monitoreo de actividades delegadas a representantes del Estado, o delegadas a quienes -por los vaivenes del capitalismo- se erigieron como monopolio para prestar un servicio, cuidado o atención.
Sigue a la espera
Llamativamente, existe un ambiente que es totalmente ajeno al debate público y que se mantiene en un lugar de sombras, en un cono oscuro sobre el que se habla poco y nada. Me refiero a la cárcel.
Las luces de alarma que provienen del espacio carcelario no son pocas. En ocasiones, los gritos desgarradores y el llanto de dolor -que debieran oficiar de sirenas del espanto- aturden y ensordecen a quienes entregan cuerpo y alma en los lugares de encierro. Pero, evidentemente, no alcanza para conmover y debatir en sociedad sobre la legitimidad de la cárcel en las condiciones actuales.
Veamos. En lo que va del año 2015, diversas crónicas periodísticas muestran que la Procuración Penitenciaria y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación denunciaron que la cárcel ubicada en Marcos Paz aloja 1.627 presos, mientras que su límite es de 1.505, a la vez que la cárcel de Devoto excede su capacidad en 33 internos. En Misiones, se denunció al personal penitenciario de la Colonia Penal de Candelaria -Unidad 17- por golpes y vejaciones propiciadas por funcionarios en una “inédita y violenta requisa” realizada el 18 de enero. Por su parte, presos de la Unidad Penal de Concepción del Uruguay presentaron hábeas corpus por sus condiciones de detención y el estado edilicio de la cárcel.
Es inconcebible que la realidad carcelaria de nuestro país sea ajena al debate público cuando el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, denunció que durante el año 2013 y hasta junio de 2014, hubo un muerto cada 38 horas en las cárceles argentinas. En sus palabras: “La gran mayoría fueron muertes violentas, le siguen los suicidios, las muertes por golpes y en menor porcentaje muertes no violentas, por enfermedades”. El mismo titular de la Procuvin denunció en agosto de 2013 las condiciones “infrazoológicas” reinantes en nuestras cárceles.
Es muy posible que el trato extendido a nuestros presos hable mucho de nosotros, de la sociedad que conformamos, de la comunidad a la que pertenecemos. También creo que si a los desaventajados, en extrema situación de vulnerabilidad, los “enjaulamos” del modo en que lo hacemos, dejamos mucho que desear. Y el escenario se agrava cuando guardamos silencio sobre una realidad que nos golpea de frente.
Reformar cuestiones estructurales
La ley que organiza al Servicio Penitenciario Federal (SPF) es producto de la dictadura militar que usurpó el poder en el año 1966 y creó un “estado penitenciario”, análogo al “estado militar” o al “estado policial”.
Esta militarización no se compadece con el trato humano que debe brindarse a quien se encuentra detenido por orden de autoridad estatal, en un lugar también estatal.
Las condiciones de violencia y deshumanización, si bien estructurales, exigen la adopción de medidas tendientes a transformar y modificar los espacios y las prácticas imperantes.
La reforma integral del hoy denominado SPF; el pleno funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, especialmente, de su Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; el control de las tasas de encarcelamiento preventivo; la sanción de ley de cupo carcelario; y la prohibición de alojar presos en comisarías son sólo los primeros pasos a dar en pos de la humanización de las cárceles.
La necesidad de democratizar nuestros lugares de encierro y el ineludible debate a encarar se debe imponer en la agenda pública, ya que el tema urge. Será muy interesante conocer, al respecto, las propuestas de nuestros candidatos en este año electoral.
* Integrante de la Asociación Pensamiento Penal.
