ESCUCHARA pesar de que en la actualidad los delitos económicos son objeto de un amplio debate en círculos académicos, legislativos, políticos, e incluso televisivos y radiales, que se esmeran por definir qué entendemos por criminalidad económica, qué tipo de delitos o prácticas se enmarcan dentro de ella y comentan el efecto devastador que estos delitos generan a nivel social, cultural, económico y financiero, los autores de estos crímenes (Estados, corporaciones, instituciones financieras y otras organizaciones poderosas con alto rédito económico comparado al de sus víctimas) no se ubican dentro de lo que la sociedad se representa como un delincuente “típico”.
Por Ana Franca Nieto *
Aún más, quienes los cometen gozan de una suerte de “aceptabilidad social”, lo que genera una falta de percepción de lo perjudicial que son estos crímenes para la sociedad y, por ende, una falta de condena social; hoy por hoy los ciudadanos difícilmente se sienten “víctimas” de estos delitos.
Este fenómeno de invisibilidad, al contrario de lo que se trata de instalar, es sostenido en parte por una multiplicidad de discursos mediáticos y sociales y también por las agencias de control penal que ponen énfasis en torno a otros delitos (contra la propiedad, la vida, la libertad).
Todo ello favorece que el mapa de la seguridad/inseguridad percibida socialmente se delimite manteniendo los delitos económicos fuera; lo que se traduce en que la gente no considere que hay mayor “inseguridad” por el aumento y la impunidad de este tipo de crímenes.
Sólo por citar un ejemplo del daño social, cultural, económico y financiero que tiene el delito económico organizado traigo a colación un informe del Centro de Investigación para la Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) correspondiente al año 2013.
En este informe se relevaron 15 casos de criminalidad económica que fueron noticia durante ese mismo año y se concluyó que la suma total del perjuicio realizado alcanza unos cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000).
El alto costo de este tipo de criminalidad es indiscutible; un solo delito de este tipo puede victimizar a cientos de personas.
La sanción de “leyes parche” y la utilización de tribunales especializados, organismos de control y prevención, agencias de investigación y administraciones federales de fiscalización del Estado encargadas de prevenir y perseguir estos delitos solamente con fines partidarios refleja la hipocresía y falta real de compromiso por parte del Estado nacional y de los Estados provinciales en la implementación de políticas de criminalidad económica serias, igualitarias y a largo plazo para la prevención y juzgamiento de estos delitos, lo cual -sin lugar a dudas- fortalece la invisibilización de los éstos y la revictimización inconsciente de los ciudadanos que sufren sus consecuencias directas y devastadoras.
* Abogada. Miembro del Área Penal Económica de INECIP Córdoba.
