viernes 27, diciembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Empresarios imputados por contaminación dolosa

El fiscal Carlos Matheu instruye la causa.
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Se los acusa de permitir que los empleados arrojen a los desagües pluviales desechos peligrosos. La planta se encuentra ubicada en barrio Ampliación Empalme. Ya se registraron nueve casos de cáncer. Las muestras de la UNC demostraron que los niveles de residuos encontrados en el suelo superan los permitidos por la normativa – Silvina Bazterrechea — [email protected]

Tres directivos de la firma BusPack de Córdoba, encargada de la limplieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancia de Córdoba, fueron imputados por el delito de contaminación ambiental dolosa por dolo eventual en forma continuada, en el marco del artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos.
Están acusados el presidente de la firma, Gabriel Martínez; el gerente Ricardo Giménez y los directivos Guillermo Derudder y su hermano Raúl Dereudder. Todos fueron indagados por el fiscal de instrucción Carlos Matheu, quien formuló la acusación.
La actividad que desarrolla BusPack es considerada de alto riesgo ambiental. Según explicó Matheu a Comercio y Justicia, la firma tiene a su cargo la limpieza de unos 100 unidades de transporte por día. Entre las tareas de mantenimiento que realiza BusPack figura la limpieza de los baños químicos de los colectivos.
A los acusados se les reprocha haber permitido que los empleados de mantenimiento y limpieza arrojaran desde el año 2009 hasta la fecha los desechos de los colectivos a dos desagües pluviales del predio que desembocan por las calles Junín y Corrientes del barrio Ampliación Empalme, donde está emplazada la planta de la empresa.
Además de los desechos cloacales, se detectó que los trabajadores también arrojaron restos de hidrocarburos como gasoil y aceites en desuso, entre otros elementos, como líquidos de frenos y desengrasantes.

Según la pericia realizada por el Centro de Investigaciones de Química Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba (UNC), los niveles de residuos encontrados en los sectores aledaños a la planta superan los permitidos en la normativa en el decreto 415 /99 de la Secretaría de Ambiente y Recursos Hídricos de Córdoba, que fija los máximos autorizados de arrojo de residuos peligrosos.
Por ejemplo, las bacterias coliformes -que se encuentran en grandes cantidades en las heces de humanos- superan seis veces lo normal. La pericia también detectó presencia de nitrógeno, éter, zinc, cobre y otros metales pesados en el suelo, también por encima de los parámetros normales.
Con estas pruebas, el fiscal Matheu resolvió imputar a los acusados y ordenó un estudio sanitario sobre los vecinos de barrio Ampliación Empalme que viven en cercanías al predio de BusPack.

Casos de cáncer
“Hasta el momento hemos detectado nueve casos de cáncer de vecinos próximos a la empresa”, explicó el fiscal, quien remarcó que una de las personas enfermas vive en una casa contigua y es una mujer de 37 años a quien se le diagnosticó esta enfermedad.
Lo que la fiscalía deberá determinar ahora es si existe una relación causal entre las los vecinos enfermos y la actividad que realiza la empresa. Además, harán un estudio exhaustivo para conocer si hay más casos de este tipo y citarán a declarar a los vecinos afectados.
Matheu advirtió que la planta se encuentra enclavada en el corazón del barrio. “Hay una escuela, una guardería y una plaza a pocas cuadras”.
Teniendo en cuenta estas condiciones y la peligrosidad de los residuos vertidos, el fiscal no dudó en comparar este caso con el de barrio Ituzaingó y las fumigaciones clandestinas que ocurrieron allí y terminaron con la condena de dos productores rurales.

Descargo y nuevas imputaciones
Al declarar ante el fiscal, los acusados adujeron que cuentan con una cisterna donde se arrojan los materiales a desechar, que luego son retirados por otra empresa. No obstante, testigos que declararon en la fiscalía advirtieron que -sobre todo los días de lluvia- la cisterna rebalsa y todo termina en los desagües pluviales de las calles Junín y Corrientes.
Consultado por este medio, Matheu no descartó nuevas imputaciones que alcancen a los empleados de la firma que hayan trabajado desde 2009 a esta parte y que son aproximadamente unos 40 personas.
La denuncia fue interpuesta por la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba en febrero de este año. En un primer momento recayó sobre la fiscalía de Rubén Caro -quien debió apartarse y luego fue girada para su instrucción al fiscal Matheu.

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