ESCUCHARComo si se tratase de una situación que se repite en loop, nuevamente la cuestión del narcotráfico y la tan remanida guerra contra las drogas se volvió a instalar en la agenda pública hasta que vuelva a ser desplazada por otro tema -como el dólar, algún escándalo de la farándula o el Mundial de Fútbol-.
Por Nicolás Omar Vargas * – Exclusivo para Comercio y Justicia
Así, algunos comunicadores repiten a boca de jarro una pregunta tan absurda y abyecta como lo es preguntar si nuestro país se está colombianizando o mexicanizando (como si la realidad de otros países se pudiese trasladar tan linealmente al nuestro); o se vuelve a insistir con políticas ya condenadas de antemano al más estrepitoso de los fracasos como la desfederalización de la persecución de la venta minorista de droga.
Más allá de ese panorama repetido y sombrío, sin prisa pero sin pausa se van dando situaciones que ponen en discusión las políticas en materia de drogas.
En la última reunión de Alto Nivel de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, realizada el pasado mes de marzo en Viena (Austria), gobiernos de diferente signo político criticaron, como nunca antes se lo había hecho en una reunión de ese nivel, al desgastado paradigma de la guerra contra las drogas impuesto por los Estados Unidos a casi toda Latinoamérica.
Por otra parte, y más cerca en términos de distancias, un ciudadano que tiene HIV desde hace varios lustros y que como consecuencia de ello padece algunas enfermedades residuales, presentó un amparo ante el fuero en lo Contencioso-administrativo en lo Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que el gobierno de esa ciudad le suministre cannabis o, en su defecto, lo autorice a cultivarlo porque desde que comenzó a consumir aceite de dicha sustancia han disminuido sus padecimientos y sus médicos le han rebajado en diez veces la dosis de los medicamentos invasivos que tomaba.
El ciudadano, cuyo nombre es Alejandro Cibotti, recurrió a esta vía porque -si bien sus médicos prestan conformidad con el consumo de aceite de cannabis y lo apoyan- ninguno se lo quiso prescribir por ser una sustancia que se encuentra dentro de los estupefacientes de acuerdo con el decreto que reglamenta la ley 23737.
Y en este caso me interesa detenerme porque recientemente la Asociación Pensamiento Penal presentó un amicus curiae en el que a partir de algunos argumentos aportados por juristas como Horacio Etchichury y Rafael Pasman se puede reflexionar sobre la política de drogas, el derecho a la autodeterminación y el derecho a la salud.
En primer lugar se puso de resalto el fracaso de la ley de estupefacientes que hizo que el Poder Judicial destine casi toda su fuerza de trabajo en perseguir penalmente a consumidores o a pequeños vendedores. Si bien se ven esfuerzos por cambiar ese rumbo, la creación de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad en el ámbito de la Procuración General de la Nación es uno de ellos; es sumamente necesario modificar la ley de estupefacientes.
Por otro lado, y a partir del fallo “Arriola”, de la Corte Suprema, ha vuelto a cobrar fuerza aquella idea que postula que no se puede penalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal por tratarse de un acto que no lesiona a terceros y que corresponde al ámbito de autodeterminación y privacidad de las personas.
El derecho a la autodeterminación también juega con relación a la libertad con que cada paciente cuenta para elegir el tratamiento que desee o inclusive elegir no tratarse. Este derecho es contemplado tanto por instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos como por la ley interna; la ley 26529 contempla expresamente el derecho a la autonomía de la voluntad.
La regulación de los estupefacientes es un tema que merece y debe ser discutido con la mayor seriedad y siempre teniendo en mira la dignidad humana, el derecho a la autodeterminación y las libertades individuales.
Empezar a pensar en la posibilidad del uso del cannabis con fines medicinales, que por cierto es algo que ya existe en otros puntos del planeta, puede ser un buen inicio para luego seguir con la despenalización y la legalización. No es algo descabellado ni imposible. Si Uruguay lo hizo, ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo?
* Miembro de la mesa directiva de la Asociación Pensamiento Penal.
