ESCUCHARPor el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba
La atención de la salud vive momentos de profunda inquietud ante el atraso injustificado que los financiadores del sistema, obras sociales e instituciones de medicina pre-paga vienen operando en perjuicio de médicos, pacientes y clínicas, agravadas por el contexto de inflación que vive el país.
Ante la situación, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba dio a conocer el 6 de septiembre pasado, a través de todos los medios locales, una dura advertencia sobre la posibilidad de un colapso en el sistema de atención de la salud.
Por considerarlo de suma importancia y actualidad, publicamos en forma completa, el reclamo de la institución que congrega a todos los médicos que desarrollan sus actividades en la Provincia
Esta situación es consecuencia de una serie de errores que cometen distintos actores del sistema y que luego termina afectando a los prestadores –instituciones o trabajadores de la salud– que son los que toman contacto directo con los pacientes y sus padecimientos.
Hay dos situaciones que ya desde hace varios años complican innecesariamente a los establecimientos y profesionales y que deben resolverse para evitar las soluciones que afectan a los ciudadanos.
Una de ellas es la demora de, en promedio, tres meses por parte de prepagas y obras sociales para pagar una práctica médica o un estudio. Ese retraso tiene una causa histórica: antes, ese lapso se utilizaba para completar las gestiones administrativas, muchas veces engorrosas en la época de tramitación analógica.
Pero hoy, con la digitalización, todos los procedimientos se han acelerado, por lo que esa brecha temporal es injustificable y, en tiempos de inflación, altamente gravosa para entidades y médicos.
Las financiadoras deben acortar los plazos de pago para evitar el quiebre de las instituciones.
Otra asimetría entre financiadores y prestadores de salud se verifica cuando hay alguna disidencia por el cobro de una práctica. En esos casos, los financiadores primero debitan el monto y luego se analiza la situación. Debería ser al revés: investigar la pertinencia de la práctica primero y después, si corresponde, debitarla del siguiente cobro.
De lo contrario, se descuenta al prestador “por las dudas”, antes de que esté definida la causa de la discrepancia y cuál de los actores tiene razón en la controversia.
Los problemas económicos derivados de la inflación y de los errores del sistema no deben pagarlos los prestadores, sino aquellos que, mes a mes, perciben –sin demoras– un ingreso por su cobertura, es decir las financiadoras. No deben hacerse cargo ni los establecimientos, ni los trabajadores de la salud, ni los pacientes.
En nuestra revista institucional EHICA DIGITAL Nº 161, correspondiente a septiembre 2023, se puede leer un informe de situación, las reacciones por el cobro de copago, opiniones sobre la crisis y declaraciones de instituciones médicas.
