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El Inaes habilitó reuniones a distancia y certificación de firmas por organismo de competencia local

El organismo estatal dictó dos resoluciones que buscan brindar herramientas para garantizar el funcionamiento de las entidades de la economía social.

Tomando en cuenta las restricciones para la circulación dictadas por el gobierno nacional en respuesta a la crisis sanitaria que generó la propagación del coronavirus, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) se expidió respecto de dos temas de importancia para las entidades del sector: la realización a distancia de reuniones de juntas de gobierno y la posibilidad de certificación de firmas por organismos competentes en los estamentos municipal, provincial o nacional.
En sus considerandos, la resolución 358/20 expone la necesidad de prever mecanismos que sustituyan los encuentros presenciales, para garantizar que las entidades puedan cumplir las funciones que les ordena la normativa vigente; máxime, en un momento crítico de la economía nacional y regional.

Bajo esa premisa, resuelve que durante todo el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, las entidades podrán celebrar reuniones a distancia de los órganos de gobierno, cumpliendo con los siguientes requisitos:

  1. El órgano de dirección de la entidad podrá disponer, si lo considerara pertinente, la realización de las asambleas mediante la modalidad a distancia, con la utilización de recursos electrónicos.
  2. La entidad deberá garantizar que el sistema elegido admita la libre accesibilidad a las reuniones de todos los asociados, con pleno ejercicio de sus derechos políticos permitidos. La imposibilidad de garantizar el acceso en estas condiciones obstará la realización de las asambleas por este medio. El canal de comunicación debe permitir la transmisión simultánea de sonido e imágenes en el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital. Se deberá definir cuál será el sistema utilizado para la realización de las votaciones, el cual deberá contar con la posibilidad de emitir el voto de manera clara y de fácil contabilización ante cada moción. No podrán realizarse asambleas en las que sea obligatorio el voto secreto y que no cuenten con un sistema que lo posibilite.
  3. En la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se debe informar de manera clara y sencilla cuál es el canal de comunicación elegido, cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación y cuáles son los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia por medios digitales. Asimismo, se debe difundir el correo electrónico referido en el punto siguiente. Los asociados comunicarán su asistencia a la asamblea al correo electrónico que la entidad habilite al efecto.
  4. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con cinco días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
  5. Deberá dejarse constancia en el acta de las personas humanas y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, así como los mecanismos técnicos utilizados.
  6. Sin perjuicio de la transcripción del acta de asamblea en el libro pertinente, el órgano de dirección debe conservar una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco años, la que debe estar a disposición de cualquier asociado que la solicite.
  7. El órgano de fiscalización deberá ejercer sus atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial observancia de los recaudos mínimos aquí previstos. Será obligatoria la intervención de un veedor del Inaes y/o del órgano local competente.
    En tanto, en la resolución 357/20 el organismo estatal expuso que, ante la particular situación sanitaria y económica, numerosos organismos han planeado dificultades para concretar el requisito de certificación de firma para trámites registrales y que -a fin de permitir la concreción de los gestiones que, en muchos casos, son esenciales para que las entidades puedan brindar servicios fundamentales- es conveniente permitir que cualquier autoridad nacional, provincial o municipal habilitada para certificar firmas pueda llevar a cabo tal diligencia cuando sea requerida por la normativa vigente.
    En su artículo 2, la resolución precisa que la certificación deberá consignar el nombre, apellido y documento de cada uno de los firmantes y la correcta individualización de la autoridad certificante.

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