Cooperativas, Mercado eléctrico

Cooperativas eléctricas con prestación rural exclusiva

Son 17 firmas cuyos mercados tienen una dispersión territorial extrema, con largas extensiones de líneas por atender y muy baja densidad poblacional

Activar el interruptor para encender la luz de una habitación es una práctica automática para los miembros de la sociedad contemporánea. Probablemente, la mayoría de las veces lo hacen sin reparar en la utilidad de contar con acceso a la energía, exceptuando, claro está, situaciones en las que se producen alteraciones en la regularidad del servicio o alguna variación en el valor de las tarifas.
Sin embargo, esta simple rutina no se manifiesta como un hábito irreflexivo en el interior de la provincia de Córdoba; menos aún para los habitantes y productores del campo quienes, asociados en cooperativas, autogestionan el arduo esfuerzo de distribuir energía en vastos territorios exiguamente poblados.
Como se puede inferir, la dispersión del mercado eléctrico supone un difícil y laborioso cometido para las 204 cooperativas existentes en la provincia y se potencia en el caso específico de 17 distribuidoras cuyas jurisdicciones se limitan a áreas puramente rurales, puesto que en las zonas urbanas próximas es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) la que presta el servicio.
Esta peculiar coyuntura se presenta en los territorios adyacentes a las localidades de Alejandro Roca, Alto Alegre, Arias, Balnearia, Ballesteros, Devoto, General Cabrera, Isla Verde, James Craik, Laborde, Leones, Morrison, Pascanas, Tancacha, Sobremonte, Ucacha y Villa María del Río Seco. La enumeración comprende a cooperativas que tiene su representación institucional en las federaciones FACE Córdoba y FECESCOR.
Sobre esta compleja problemática, el gerente de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos de Ucacha (CESPU), ingeniero Gustavo Bernardi, señaló: “En la provincia hay mercados rurales muy diferentes, según la actividad (cereal, láctea, ganadera, regantes y otros). Todos tienen en común que poseen una baja rentabilidad, pero con costos de explotación distintos entre sí”.
Y añadió: “Hoy las tarifas están distorsionadas. Solamente se autorizan incrementos partiendo de una tarifa inicial y aplicando ajustes por inflación, sin realizar un estudio tarifario integral al momento de conceder la adecuación de los valores. Actualmente, un usuario urbano comercial paga un tarifa similar al rural, a pesar que en las zonas urbanas hay en promedio un usuario cada 20 metros y en la zona rural uno cada dos kilómetros y una subestación dedicada para cada uno”.
Asimismo, Bernardi detalló que la inflación de los últimos años ha licuado las amortizaciones de los balances y que, por eso, a las cooperativas rurales les cuesta tanto hacer un correcto mantenimiento y ampliación de las redes eléctricas, ya sea recambio de postes, conductores o afines. “No nos damos cuenta porque el balance nos da equilibrado, pero casi sin amortizaciones”, concluyó Bernardi.

Infraestructura indispensable de la actividad agro-ganadera
La energía eléctrica se ha convertido en un insumo imprescindible del sector agropecuario para el funcionamiento de su actividad productiva; a tal punto, que en determinadas áreas geográficas de la provincia la electrificación rural no sólo significa la posibilidad de ampliar la producción sino que determina la productividad o no de un territorio.
La electrificación rural reduce la distancia económica que separa al ámbito rural de las fuentes dinámicas de demanda de bienes y servicios, puesto que, además de redundar en mejores condiciones de vida, permite aprovechar oportunidades económicas, facilita el uso planificado de los recursos, genera empleo y arraigo.
Numerosos estudios aportan evidencia a favor de la efectividad potencial de las mejoras de infraestructura rural sobre la producción agropecuaria. Específicamente, el documento de trabajo de investigación de políticas del Banco Mundial encargado en 2009 a Shahidur Khandker, Douglas Barnes, y Hussain Samad, denominado “Impactos de la electrificación rural en el bienestar”, expone con base en técnicas de estimación econométrica que la electrificación de la red tiene impactos positivos significativos, posibilitando incrementar los ingresos netos y las condiciones de vida de los productores y las familias rurales.
En nuestro país, la diseñadora industrial e investigadora de Conicet, María Schmukler, en su tesis de maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad titulada “Electrificación rural en Argentina”, sostuvo: “Desde hace algunas décadas, el nivel de acceso a la electricidad es considerado como un factor fundamental en los procesos de desarrollo socio-económico de las sociedades actuales. Particularmente, en el medio rural es un elemento determinante al momento de analizar las posibilidades de desarrollo, acceso a la infraestructura y las condiciones de vida que tienen las poblaciones”.

Fondo de Electrificación Rural en Santa Fe
En el 2014, la provincia de Santa Fe, mediante la ley 13414, promulgada por el Poder Ejecutivo por medio del decreto 1982, estableció el Fondo de Electrificación Rural (FER), destinado a la realización de obras de mantenimiento de la infraestructura para la prestación del servicio de electrificación rural, brindado por cooperativas del rubro y por las comunas que prestan el servicio rural en la provincia.
Para acceder al beneficio, las distribuidoras tuvieron que acreditar una serie de requisitos, presentar los planes de obra correspondientes y firmar convenios de adhesión específicos.
El fondo compensador se integra anualmente con un gravamen de 1,5 por ciento sobre el monto facturado por la prestación del servicio público de distribución de electricidad y un monto idéntico aportado por el gobierno provincial.
Desde el inicio de vigencia del FER cooperativo ya se distribuyeron más de 30 millones de pesos destinados a obras de mantenimiento y ampliación.
A mediados del año pasado, la Legislatura satafesina, por impulso del senador provincial Felipe Michlig, sancionó por unanimidad una nueva ley por la cual prorrogó hasta el 4 de julio de 2024 el plazo de vigencia del fondo.
Cuando se sancionó la dilación del término de vigencia, Michlig recordó que el fondo está destinado a facilitar la promoción, actualización y ejecución de la electrificación rural.
A casi cinco años de su creación, dio excelentes resultados y les permitió a muchas poblaciones pequeñas y zonas rurales disponer de un fluido eléctrico de calidad, mermando sensiblemente los cortes y los problemas de suministro que padecían dichos usuarios.