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La mesa de diálogo social, en marcha

Los titulares de FACE Córdoba y de Fecescor se reunieron con funcionarios provinciales para
evaluar los alcances y la implementación del acuerdo que hizo extensivo el decreto provincial 2164/17 a los usuarios asociados al sistema cooperativo de distribución eléctrica
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Con el objetivo de profundizar la acción coordinada entre el Gobierno provincial y el sector cooperativo de servicios, representantes de los ministerios de Desarrollo Social y de Servicios Públicos se reunieron con los titulares de FACE Córdoba y de Fecescor.

Del encuentro, desarrollado en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social, participaron el titular de la cartera, Sergio Tocalli; la secretaria de Coordinación y Acción Social, Déborah Petrakovsy; el director General de Energías Renovables y Comunicación del Ministerio de Servicios Públicos, Sergio Mansur, y los presidentes de las federaciones: Luis Castillo, por Fecescor, y Omar Marro, en representación de FACE Córdoba.

Las autoridades gubernamentales y cooperativas abordaron los alcances y la implementación del convenio marco de adhesión al denominado “Programa Tarifa Social Provincial”, acuerdo suscripto a comienzos de abril que hizo extensivo el decreto provincial 2164/17 a los usuarios asociados al sistema cooperativo de distribución eléctrica que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Antes de la firma del documento, la subvención sólo alcanzaba a clientes de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Ante la interrupción de la bonificación tarifaria eléctrica nacional dispuesta en virtud de la derogación, a partir del 1 de enero, de los artículos 4 y 5 de la resolución 1097/17 de la Subsecretaría de Energía de la Nación, los dirigentes de las federaciones que nuclean a las cooperativas de servicios plantearon la imperiosa necesidad de ampliar la cobertura provincial a los usuarios del interior, solicitud que fue reconocida por el Gobierno local y que culminó con la celebración del convenio marco.

En la reunión se subrayó la importancia de establecer un protocolo que fije el procedimiento para la incorporación como beneficiarios de la tarifa social de personas en situación de indefensión económica que, por diversas causas, no quedaron comprendidas en el padrón de inicio del convenio, puesto que el anuncio gubernamental se refirió a brindarles cobertura a 48.000 hogares del interior provincial, con posibilidad de actualizar el registro según las necesidades poblacionales.

Asimismo, los dirigentes recordaron que en los últimos años el aumento de los precios de la energía, producto de la quita de subsidios en la generación, unido a la merma de la capacidad económica de muchas familias, incrementó la vulnerabilidad de numerosos hogares, teniendo en consideración que el uso de aquélla es imprescindible para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana.

Aunque la energía no está considerada una necesidad humana básica en si misma, el acceso a ella es un aspecto crítico y las carencias usualmente derivan en riesgos para la salud, el desarrollo personal y la educación, y pueden obstaculizar la sociabilización y la plena integración de las personas.

Durante el encuentro también se mencionó la vinculación entre la pobreza energética y los padecimientos específicos sobre la salud física que afectan principalmente a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas. El frío y la humedad permanentes pueden causar problemas respiratorios como asma, bronquitis o alergias y agravar enfermedades preexistentes.

Paralelamente, incide sobre el rendimiento intelectual y la salud mental, ya que habitar una vivienda con malas condiciones energéticas puede causar ansiedad, exclusión, insomnio o estrés familiar.

En ese sentido, Castillo y Marro enfatizaron que aunque existen algunos estándares internacionales, la pobreza energética no es un fenómeno objetivo sino que debe adecuarse a diferentes niveles culturales o regionales y que, teniendo en cuenta el grado de desarrollo, la tecnología disponible y la situación de cada hogar, puede derivar en inestabilidad vincular y en problemas relacionados con el entorno social cercano, ya que los hogares en malas condiciones de habitabilidad dificultan las relaciones sociales normalizadas.

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