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Hacia un nuevo marco regulador de agua y saneamiento

El Gobierno provincial, por medio de la Secretaría de Servicios Públicos, impulsa un cuerpo sistematizado de normas destinado a regular las prestaciones en el territorio cordobés.

El Gobierno de la Provincia, por intermedio de la Secretaría de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, impulsa un nuevo cuerpo sistematizado de normas, destinado a regular las prestaciones de agua y saneamiento en el territorio cordobés.
Se trata de un esquema legislativo que procurará suplir, con fuerza de ley provincial, al decreto número 529, vigente desde 1994, y un cúmulo de disposiciones desperdigadas que rigen actualmente los servicios en cuestión.

El anteproyecto, diagramado por el área legal de la Secretaría de Servicios Públicos, contó con los aportes y las observaciones del conjunto de organismos integrantes del Consejo Asesor de Políticas sobre Agua Potable y Desagües Cloacales, creado por la resolución 157/15 del Ministerio de Servicios Públicos, a los fines de perfeccionar la legislación proyectada, partiendo de un cuerpo consensuado entre los distintos actores vinculados con la prestación de esos servicios esenciales.
Con la concreción de un marco normativo ordenado se receptará un histórico requerimiento de las cooperativas de servicios públicos adheridas a las federaciones FACE-Córdoba y Fecescor, orientado a la urgente necesidad de unificar la diversidad de controles existentes y redefinir roles institucionales, para evitar superposición de competencias entre Provincia, municipios y ente regulador.

Asimismo, entre otros aportes, las instituciones representantes de las cooperativas de servicios hicieron hincapié en trazar disposiciones que prevean la suscripción de títulos habilitantes entre el poder concedente y las distribuidoras y, a su vez, que los títulos suscriptos prevean parámetros mínimos a los que ambas partes deban ajustarse ineludiblemente (plazo, régimen tarifario aplicable, ampliación de la infraestructura, área de cobertura y otros aspectos), propiciando un modelo tipo, que podrá ser ajustado a cada realidad.
Este planteo cooperativo incluye propender a la extensión de los plazos de concesión del servicio, de manera que posibilite a las prestadoras amortizar la infraestructura afectada. En la actualidad, estos términos se encuentran limitados en 15 años por la ley provincial 8102.

En lo que al régimen tarifario se refiere, las cooperativas señalan que el proyecto debe imponer la obligatoriedad de consignar en los títulos habilitantes suscriptos por el poder concedente y la prestadora mecanismos de revisión tarifaria, con plazos ciertos de actualización, verificables en forma periódica o ante la variación porcentual de precios, destinados a afrontar los costos de la operación del servicio y las inversiones de mantenimiento correctivo y preventivo, permitiendo de esta manera el cumplimiento de las metas contractuales. La cuestión representa un histórico problema planteado por las cooperativas, puesto que en numerosos casos la actualización tarifaría queda subordinada a la voluntad y discrecionalidad del poder concedente, atentando fuertemente contra la necesaria inversión en la infraestructura, y en algunos casos de importantes atrasos, directamente contra la prestación misma.

Finalmente y en atención a las prerrogativas previstas en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en los artículos 35 y 36 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, las entidades solidarias propician que el nuevo régimen tenga especial consideración y protección en lo relativo a la ponderación del servicio cuando éste es prestado por entidades cooperativas, en razón de haber sido erigidas por las mismas comunidades del área de prestación. Puesto que son entidades afirmadas en principios de equidad, democracia y ayuda mutua, se establecen y prosperan sobre idearios consustancialmente vinculados con una gestión socialmente responsable y, fundamentalmente, porque son distribuidoras creadas y dirigidas por los propios usuarios del servicio, en consecuencia constituyen modelos de empresas privadas autogestionadas por excelencia.

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