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Ganancias: encuentro entre legisladores y cooperativistas

Los delegados del movimiento solidario reiteraron su rechazo a la posible eliminación de la exención del impuesto sobre determinadas actividades del sector, presente en el proyecto de Presupuesto 2019.

El 16 de octubre se desarrolló la reunión de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales en la Unicameral, con presencia de representantes de cooperativas de segundo grado de la provincia, quienes les acercaron a los legisladores elementos conceptuales en rechazo de la posible eliminación de la exención del impuesto a las Ganancias sobre determinadas actividades del sector, presente en el proyecto de Presupuesto 2019 diagramado por el Ejecutivo Nacional.

Por el bloque de Unión por Córdoba participaron Ricardo Vissani, Silvia Gigena y Ana María Papa; por Córdoba Podemos se hizo presente Carmen Nebreda; Ezequiel Peressini concurrió por el Frente de Izquierda y los Trabajadores y Marina Serafini por el interbloque Cambiemos.
Por su parte, las federaciones de cooperativas de servicios públicos fueron representadas por Raúl Hoya, de Fecescor; Guillermo Oviedo, de FACE Córdoba, Moira Fernández y Alberto Calvo, de Colsecor, y por Pablo Tissera, titular de la filial Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

Parlamentarios y dirigentes coincidieron al señalar que la Ley de Cooperativas (20377) es clara en su redacción, al indicar en su artículo 2 que son “entidades fundadas en el esfuerzo propio y en la ayuda mutua para organizar y prestar servicios”.
Así, se reiteró que se trata de empresas fundadas en la autogestión, cuyo propósito es, básicamente, proveer a sus asociados bienes y servicios a un precio justo. Según establece la legislación, las cooperativas, como tales, están fuera del ámbito del impuesto a las Ganancias. No así los beneficios que sus asociados obtienen por operar en conjunto, que sí se encuentran gravados, en forma individual.

Hay consenso en que procurar calificar cualquier tipo de actividad económica como lucrativa es un artificio fiscalista que intenta ensanchar las bases del impuesto o área imponible, forzando conceptos y desatendiendo la sustancia de los hechos y las cosas, y la esencia de las relaciones sociales.
La economía lucrativa y la actividad económica de contenido social operan en dos ámbitos distintos porque responden a motivaciones diferentes y son respuestas a instancias alternas o dispares de la conducta humana.

El quehacer de las cooperativas expresa el compendio de fórmulas variables que asume el Estado en el cumplimiento de sus objetivos. Para ello, instrumenta soluciones para las necesidades humanas mediante una herramienta societaria idónea a tales fines.
Los principios técnico-jurídicos que estructuran el Derecho Tributario determinan las pautas reguladoras de la actuación estatal en el ejercicio del poder fiscal. De acuerdo con esos lineamientos, cuando el Estado grava las actividades lucrativas apunta indefectiblemente a un tipo de actividad cuya sustancia se define por la persecución de un fin de lucro. Bajo esa premisa, resulta impropio extender el área de aplicación del gravamen a una estructura que es ajena a los componentes del hecho imponible que se invoca.

Sobre la base de las ideas expuestas durante el encuentro, en los informes se citó a Dante Cracogna, quien sostuvo que la cooperativa no es una alternativa más que ofrece la legislación vigente dentro de un repertorio de formas posibles para organizar ciertas actividades, sino que es “la opción forzosa” de quienes procuran el logro de determinados objetivos valiéndose de principios determinados, y que “la legislación debe brindarles esa posibilidad con estricta adecuación a la naturaleza cooperativa, para que no se defraude la fe pública ni se convierta el derecho en un engaño”.

Atendiendo a estas consideraciones, el planteo de la legisladora Nebreda fue categórico. En coincidencia con los comunicados emitidos por FACE Córdoba, Fecescor y Colsecor respecto del borrador de la Ley de Presupuesto 2019, exhortó a los presentes a no ceder y los alentó a no aceptar iniciativas alternativas que impliquen aportes adicionales.

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