Casi 40% de las organizaciones experimentó pedido de soborno, más de 10% perdieron más de un millón de dólares y 31% estimó un impacto financiero de cien mil dólares. La malversación de activos fue la falta más recurrente, seguida por los informáticos, según la Encuesta Global de Delitos Económicos
Una de cada tres empresas latinoamericanas (28%) manifestó haber sido víctima de un fraude corporativo, al tiempo que 39% de las organizaciones experimentó pedidos de soborno, de acuerdo con los resultados del capítulo regional de la Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2016, elaborada por PwC.
Sobre la base de consultas a 1.139 organizaciones en 14 países -entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay- el estudio indica además que 46% de las organizaciones no cree que las autoridades locales tengan los suficientes recursos o estén lo suficientemente entrenadas para evitar estos fraudes.
No obstante, la primera cifra acusa un retroceso con relación a los casos reportados hace dos años, en los que 35% de las empresas encuestadas manifestó haber sido víctima de fraudes corporativos.
Malversación de activos
Al igual que en las ediciones anteriores, la malversación de activos fue el delito económico más recurrente durante los últimos 24 meses, con 78% de los fraudes reportados. Siguen los delitos informáticos, que se han convertido en una seria amenaza para las organizaciones (en este rubro la cantidad de víctimas crece encuesta tras encuesta: 26% de los casos reportados se explica por esta categoría, cuando en 2014 tan solo 20% correspondía a este delito. La mayoría de las organizaciones no tiene la preparación correcta para afrontar y entender los riesgos a los que se enfrentan, al punto que sólo 46% tiene un plan de respuesta preparado.
“Es importante que las organizaciones tomen conciencia de esta amenaza y evaluar todo su ecosistema de negocios en la región. Los hackers están las 24 horas del día buscando sus vulnerabilidades”, dijo Diego Taich, director de Forensic Technology Solutions de PwC Argentina.
Frentes
Según el informe, la amenaza proviene tanto del frente interno como del externo, siendo los principales causantes -en el primer caso- los mandos medios. Más de 55% de los fraudes en Latinoamérica fue cometido por un empleado propio y -el 45% restante- por sus clientes, proveedores y/o socios. Asimismo, en la región, los mandos medios y la alta gerencia son más propensos a cometer delitos “de cuello blanco”: 57% del fraude interno fue atribuido a este grupo (comparado con el 51% de la encuesta global) y tres de cada cuatro encuestados creyeron que la oportunidad era el incentivo principal para los perpetradores internos.
“Con la tecnología disponible actualmente existe una gran posibilidad de incrementar la sensación de control y mitigar la amenaza de sufrir un fraude. Las organizaciones tienen la posibilidad de analizar y monitorear grandes volúmenes de datos y detectar a tiempo un ilícito”, señaló Andrés Sarcuno, director de Forensic Services de PwC Argentina.
Más grandes, más vulnerables
Al analizar la cantidad de empleados de las organizaciones que manifestaron sufrir un caso de fraude, las compañías con más de 500 trabajadores tienen más del doble de probabilidad (67%) de sufrir uno de estos delitos, siendo mayores los montos y la cantidad de operaciones involucradas.
Respecto de las políticas de prevención, la encuesta mostró que la manera más frecuente de descubrir un fraude es a través de la auditoría interna: 16% de los casos fueron detectados de esta manera. Sin embargo, sólo 34% de los encuestados disponen de un plan de respuesta a un incidente.
Una de cada tres
A pesar de los resultados, sólo una de cada tres empresas proyecta invertir más recursos en sus programas para luchar contra los delitos económicos en los próximos 24 meses. Casi 40% de las organizaciones no llevó a cabo una evaluación de los riesgos de fraude en los últimos dos años o no saben si lo han hecho; y menos de 20% la realiza dos o más veces por año.
“Publicar un código de ética y designar un oficial de cumplimiento no resultan acciones suficientes para luchar contra el fraude y la corrupción. Las organizaciones tienen que asegurar, en cada rincón donde operen, que sus empleados y socios de negocio actúen de manera íntegra y transparente”, explicó Jorge Bacher, socio de PwC Argentina.
Suben los costos
Según la encuesta, el costo de los delitos económicos está creciendo. Desde el punto de vista del costo del delito en sí mismo, 10% de las organizaciones que reportaron un delito económico sufrió un impacto financiero de más de un millón de dólares, mientras que 31% de las víctimas estimaron un impacto financiero mayor a los 100.000 dólares. El costo no solamente se limita a la pérdida económica, sino también a los recursos internos y externos dedicados para combatir el fraude.
Por último, se destaca que 22% de las firmas de servicios financieros no ha realizado evaluaciones de riesgo relacionadas con la prevención de lavado de activos o la lucha contra la financiación del terrorismo.
Una de cada cinco instituciones financieras ha recibido sanciones de parte de los reguladores, con 38% adicional que reportó haber recibido inspecciones.
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