Durante el primer semestre de 2010 se contabilizaron cerca de 5.300 computadoras con programas no
licenciados.
Business Software Alliance (BSA), organización internacional dedicada a la promoción del mundo legal en programación informática, relevó durante el primer semestre de este año en Argentina cerca de 5.300 computadoras con software ilegal, tanto en empresas como en comercios de venta de equipamientos. En total, este hallazgo representa una pérdida para la industria del software de autor del orden de los 4.300.000 de pesos.
Por orden de la justicia civil, fueron realizadas 116 diligencias probatorias destinadas a constatar el posible uso de software pirata en instalaciones informáticas de empresas pertenecientes a los rubros pesquero, de la industria del cereal, del turismo, agropecuario, inmobiliario, de la construcción, financiero y de autopartes. El relevamiento se efectuó en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Salta y Neuquén, entre muchas otras ciudades.
Durante estas diligencias se contalibilizaron 5.012 computadoras con software sin licencias, lo que genera indemnizaciones -que deberán afrontar los usuarios ilegales- en el orden de 3.200.000 pesos.
Asimismo, las autoridades argentinas llevaron a cabo 16 allanamientos policiales – de los cuales cuatro se efectuaron en Córdoba- en búsqueda de software pirata, en comercios dedicados a la venta de computadoras. Se encontraron 235 computadoras con software ilegal preinstalado y 302 DVD con copias ilegales de software, lo que alcanza un valor total de 1.074.760 pesos. Se procesó a 12 personas por considerarlas responsables del delito de defraudación contra la propiedad intelectual; mientras que 12 titulares de comercios fueron condenados a cumplir tareas comunitarias y a indemnizar a los titulares de los derechos de autor.
“Cada producto ilegalmente instalado o copiado afecta directamente, no sólo a la empresa productora, sino también a los programadores, distribuidores, revendedores y vendedores nacionales. Esta ilegalidad causa la disminución de las ventas, entorpece la innovación y perjudica los incentivos económicos necesarios para la creación de nuevos programas y aplicaciones”, aclara BSA.
