En 2023, la inversión tecnológica será prioridad para el Poder Judicial de Córdoba

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sebastián López Peña, adelantó a Comercio y Justicia que habrá una gran inversión que se financiará con la tasa de Justicia. El objetivo es reducir las posibilidad de nuevos ciberataques y agilizar la recuperación de datos en caso de que ocurra otro hackeo. Paralelamente, continuarán las obras de infraestructura 

Por Silvina Bazterrecheasbazterrechea@comercioyjusticia.info

Sebastián López Peña ocupó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en los últimos dos años. Fueron tiempos difíciles y de cambios vertiginosos para el Poder Judicial, que debió modernizar sus procesos y avanzar en la digitalización de todos sus trámites ante la emergencia que significó la irrupción del covid-19. Cuando todo parecía volver a la normalidad, en agosto pasado la Justicia de Córdoba debió enfrentar un hackeo a sus sistemas operativos que la dejó al borde del abismo. Las primeras horas fueron de absoluta incertidumbre y, por primera vez, el tema de la ciberseguridad era puesto en primera plana. Superada aquella crisis, López Peña hizo un balance de lo que dejó el ciberataque y adelantó cómo se preparan para enfrentar esta nueva realidad. La digitalización de los expedientes y la informatización de los procesos abre un nuevo paradigma y otros desafíos. ¿Cuenta el Poder Judicial con dinero para mejorar sus sistemas de seguridad y optimizar el expediente digital?¿Cómo se prepara con vistas a 2023?¿Qué proyectos serán prioridad?. Estos interrogantes formaron parte del diálogo que mantuvo este medio con el vocal Sebastián López Peña. 

El Poder Judicial de Córdoba fue víctima este año de un hackeo que lo dejó paralizado. ¿Qué balance hace de esa situación y cómo se preparan para enfrentar estos inconvenientes de cara al futuro?

Lo que tiene que ver con ciberseguridad es una temática que ya empieza a ocupar un espacio central en todas las organizaciones públicas y privadas atento a que la mayor digitalización que se dio con la pandemia ha implicado que se amplíe el campo de acción de la ciberdelincuencia y todavía no están completamente desarrollados los mecanismos de defensa adecuados. Si bien el Poder Judicial había invertido mucho en ciberseguridad -tenía todos sus sistemas operativos actualizados y los antivirus al día-, la gente de Microsoft de EEUU, que inmediatamente se puso en contacto ese fin de semana del hackeo, nos explicaba que, si bien el sistema de seguridad que teníamos era bueno, no era infalible. Como no existen los infalibles, uno tiene que invertir en dos sentidos: en primer lugar, en tratar de poner más obstáculos a los ciberdelincuentes para evitar los hackeos y, además, lo más importante es invertir para contar con una rápida capacidad de restauración del sistema; esto es algo que las empresas privadas multinacionales están aplicando.

Nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y a estos nuevos paradigmas, avanzar con un esquema de mayor seguridad informática y de mayor capacidad de recuperación para poder enfrentar mejor la situación si tenemos otro episodio como el que pasó.

En este sentido, el año que viene haremos una fuerte inversión, que estará financiada por la tasa de Justicia, para cumplir con estos objetivos. Los expertos aseguran que estos ciberataques no van a cesar, es una nueva realidad. De la misma manera que antes se invertía en depósitos, en sistemas anti incendios o en mecanismos de conservación de documentos, hoy la realidad nos lleva a invertir en ciberseguridad informática.

Además, tenemos pensado continuar avanzando en el desarrollo del expediente electrónico que -hoy por hoy- es la prioridad número 1. En este punto, nos encontramos con una realidad que nos excede, que es el tema de recursos humanos. que son muy difíciles de conseguir. Toda la gente que hoy hace desarrollo informático está trabajando por sueldos que el Estado no puede pagar. Ahí siempre nos encontramos con ese inconveniente: por suerte, tenemos un convenio con la Universidad Tecnológica que nos provee continuamente de recursos humanos, pero es un tema difícil.

Varios poderes judiciales están avanzando en materia de inteligencia artificial. ¿Cómo viene el Poder Judicial de Córdoba con ese tema?

Nosotros también estamos avanzando en materia de juicios de Ejecución Fiscal y lo estamos haciendo ahora también con Violencia Familiar. Es algo muy incipiente pero tenemos muchas expectativas de incorporarlo a cada vez más procesos.

¿Qué proyecciones tienen en materia de obra pública para el año próximo?

El paradigma que está siguiendo el Tribunal Superior en este momento es tratar de tener todas las sedes judiciales propias, en las 24 sedes judiciales de la Provincia y lo estamos logrando. El edificio de Carlos Paz está en marcha, hemos licitado Cura Brochero, Las Varillas y Deán Funes; vamos a insistir con Corral de Bustos porque la litigación se hizo en un momento económico muy complicado en el que no había referencia de precio. Además, si todo va bien, deberíamos terminar el año que viene con las sedes más chicas: Laboulaye, Morteros y Arroyito. Una gran satisfacción que hemos tenido este año es haber podido avanzar en la infraestructura del interior.

¿Haber implementado los acuerdos rotativos que se hacen en el interior les ha permitido hacer una evaluación diferente de los problemas que tiene cada sede judicial?

Por supuesto, siempre el contacto con la gente, con el lugar, nos da una visión diferente y nos permite corregir decisiones que se toman. Estas visitas son una modalidad que ha caído muy bien en el interior pero mejor nos ha caído a nosotros, nos han resultado mucho más útiles a nosotros mismos.

Hubo una intensa polémica recientemente por el proyecto del Ministerio de la Defensa Pública. ¿Les sorprendió la iniciativa del Gobierno?

La postura que se hizo pública en la Legislatura es la que adoptó la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. La idea de que haya un defensor General fue bien recibida; lo que ocurre es que el proyecto tenía muchos más déficits que beneficios. Eso fue lo que expresé en la Legislatura y fue la misma opinión que llevó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba. 

La mayor preocupación se centró en la reforma del Consejo de la Magistratura… 

Exacto, nos sorprendió muchísimo lo del Consejo de la Magistratura porque siendo ésta una institución central en la vida institucional de cualquier provincia y de la Nación misma y siendo, sigue siendo un modelo para el resto del país: tiene una composición muy equilibrada, con una representación política que es muy minoritaria, con un sistema que es ampliamente superador a muchos otros consejos del resto del país. Entonces, yo creo que tocar su composición en el marco de la ejecución de una ley que no tiene nada que ver nos pareció un sinsentido y un grave retroceso para las instituciones.

¿Cómo está trabajando el consejo tras la pandemia?¿logró avanzar la cobertura de vacantes?

El Consejo de la Magistratura ha trabajado muy bien incluso durante la pandemia, nos ha dado mucha satisfacción, la actividad este año ha sido incesante a pesar de que este año el consejo renovó sus estamentos de magistrados y abogados y eso implicó reacomodar la estructura.

¿Qué opina del Jury de Enjuiciamiento? En este caso la participación sí es mayoritariamente política

La historia ha demostrado que ha funcionado bien, no hemos tenido problemas de mal funcionamiento, en los últimos años hubo algunas destituciones de magistrados y, hubo otras que se evitaron a raíz de la renuncia anticipada de los acusados, de manera tal que creo que cumple con una función adecuada.

En la Unicameral también se analizan proyectos, como la reforma del Código Procesal Civil. ¿Cree que es necesario avanzar en la reforma de los códigos?

 La oralidad está avanzando porque nos ha demostrado que acorta mucho los plazos judiciales pero requiere de consensos, capacitación y de algunas reformas legislativas. Estas reformas son necesarias y se pueden hacer por fuero o, de manera general, con una ley transversal que incorpore las herramientas digitales -como la grabación de las audiencias, la firma digital- a los códigos procesales. Hoy creo que la mayor deuda legislativa tiene que ver con la adecuación de todos los procesos al expediente electrónico. 

En lo que a oralidad se refiere, el fuero Laboral avanzó con el Procedimiento Declarativo Abreviado. ¿Cómo ha sido este proceso?

Aún no ha terminado ese proceso, se siguen sumando causales a la nueva ley, los resultados han sido muy buenos, tenemos cada vez más procesos que terminaron en escasos meses, que si bien son minoritarios, lo importante es la tendencia. Uno ve una tendencia en el que disminuye la pendencia, la Sala Laboral del TSJ también está trabajando para esto, es mucho el trabajo, lo importante es que si uno mira la proyección esto va mejorando y esperamos que el año próximo podamos continuar avanzando.

En un momento de alta inflación, la mora en la resolución de los conflictos termina siendo compleja a la hora de actualizar, por ejemplo, los créditos laborales. Los laboralistas se quejan porque el fallo “Hernández” ya no es suficiente…

Habría que ver si llega algún planteo que nos permita a nosotros abocarnos para modificar ese criterio, la situación económica tergiversa cualquier proyección que uno pueda hacer. Lo vemos en la elaboración del presupuesto: uno pone el valor para la construcción de una obra y desde que saca el acuerdo hasta que se abren los sobres pasan tres meses y, en ese tiempo, la inflación subió 20% y quedó desactualizado, ni hablar del material informático.

Lo llevo a un reciente fallo que dictó la Sala Penal del TSJ en el marco de un hábeas corpus en el que se reclamó por los partos humanizados.¿Les sorprendió los testimonios brindados por las internas embarazadas?

Evidentemente son cosas que en el año 2022 no deberían estar pasando. El mensaje del Poder Judicial es claro, no hay discusión posible en un tema como éste. Es claro y es contundente que se debe cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y también creo que la solución no es muy difícil, se debe partir de una concientización y capacitación que se va realizando y, aquí se debe partir de ello para evitar estas situaciones.

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