Una nueva ley para el Consejo de la Magistratura que garantice el equilibrio

Por Marcelo Bee Sellarés (*)


Concepto de equilibrio

La reforma constitucional de 1994 tuvo como una de sus ideas-fuerza fortalecer y asegurar la independencia del Poder Judicial ante el atropello del Poder Ejecutivo en la designación de los magistrados/as. Por ello, se consagraron y diseñaron constitucionalmente dos nuevas instituciones, el Consejo de la Magistratura de la Nación y el Jurado de Enjuiciamiento, y se incluyeron en los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional.

Con el objetivo de afianzar las instituciones republicanas de una sociedad democrática, debemos partir de que toda ley que sancione el Congreso de la Nación debe ir en consecuencia con la Constitución Nacional a fin de dar plena vigencia al principio de la supremacía constitucional del artículo 31 de nuestra carta magna.

En este sentido, la ley 26080 del año 2006, modificatoria de la 24937, rompe con el texto constitucional consagrado en el artículo 114 de la Constitución por los argumentos que a continuación, y de forma abreviada, expondremos.

En su parte pertinente, el artículo 114 dice: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación política resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley”.

Entre las mayores críticas a la actual ley vigente se esgrimen el no haber respetado el “equilibrio” en las representaciones o estamentos de los diferentes sectores. Para analizar este concepto es necesario recurrir a la génesis de los discursos de los convencionales constituyentes de 1994, a los fines de dilucidar cuál fue la intención y el espíritu de este concepto de equilibrio.

El miembro informante de la mayoría en su dictamen, Enrique Paixao, expresaba: “En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de las finalidades y el pluralismo en la integración del órgano”.

Cuando el constituyente utilizó la palabra “equilibrio”, lo que buscó fue evitar el predominio de un estamento por sobre otro, que pudiera aparejar una politización o corporativismo en el organismo, para que exista un contrapeso o armonía entre sectores de distinto origen.

Bidart Campos sostenía: “La noción de equilibrio es relevante y ésta quedará rota si por la cantidad de miembros de los órganos políticos de origen popular quedara a merced de ellos una predominancia que neutraliza la representación de jueces y abogados”.

En definitiva, lo que se buscó recurriendo al término “equilibrio” es evitar el predominio político, dotando al organismo de una mayor tecnicidad en la selección de los aspirantes a magistrados/as.

La pregunta es si “equilibrio” es sinónimo de igualdad, y aquí debemos remitirnos a lo que la Corte ya dijo en el caso “Monner Sans Ricardo c/Estado Nacional y otros – Amparo” (6/3/2014). Que la idea de los constituyentes fue que una representación no predomine sobre; otra es decir que no ejerza una acción hegemónica y que controle por sí misma al cuerpo.

Es decir, el concepto de equilibrio no conlleva la idea de igualdad numérica entre los integrantes de los diferentes estamentos. Esto se ve reflejado, en las diferentes integraciones que fueron variando desde la sanción de la ley 24937 (19 miembros) y sus modificatorias, ley 24939 (20 miembros), la ley vigente 26080 (13 miembros) y la ley 26855 que fuera declarada inconstitucional por el fallo “Rizzo” (19 miembros).

Claramente, la ley actual irrumpe ese equilibrio con una hegemonía del estamento político por sobre el no político (jueces, abogados de la matrícula federal y miembro académico), que -a la vez- no asegura el pluralismo ni la representación de las minorías en su integración. La ruptura del equilibrio, por el predominio de la representación política, conlleva a la politización del Consejo que se manifiesta principalmente en lo siguiente. Siete de los trece miembros pertenecen al estamento político, tres diputados, tres senadores y el miembro del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, este desequilibrio en la integración revela que este número de siete miembros del estamento político es suficiente para:

  • Formar quórum para las sesiones del plenario y adoptar decisiones por mayoría absoluta de miembros presentes.
  • Elegir al presidente y al vicepresidente del organismo.
  • Designar a los integrantes de las diversas comisiones internas.
  • Designar al administrador general del Poder Judicial, al secretario general del Consejo.
  • Aplicar sanciones a los magistrados/as.

Integración del organismo

Como dijimos, la composición actual del Consejo es de 13 miembros. Los estamentos que se vieron más perjudicados con la última reforma fueron los de los abogados/as de la matrícula federal y los de los académicos, quienes disminuyeron su representación en 50 por ciento.

En lo relativo al estamento de los abogados/as, se pasó de una representación de cuatro miembros a una de dos, con una distribución territorial desigual ya que uno de esos dos abogados/as pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el otro representa territorialmente a todo el interior del país, sin contemplar la representación de las minorías elegidas por el voto directo de sus propios colegas. Como si fuera poco, se excluyó a este estamento de la representación en la Comisión de Selección de Magistrados/as, lo que trae aparejado en la práctica que el estamento sólo tenga participación con su voto en el plenario del organismo.

La participación del estamento académico y/o científico actualmente se encuentra con un solo miembro, cuando el texto constitucional lo marca en plural.

Cabe también hacer un análisis del texto constitucional y la ubicación donde se encuentra esta representación. Si bien no es el lugar central, se utiliza la palabra “asimismo” con la significancia de afinidad e igualdad lo que confirma la idea de equilibrio y representación de la primera parte del artículo entre todos los estamentos.

Tan es así que la Corte en la causa “Rizzo”, en el considerando 19 del voto mayoritario, dijo: “No debe perderse de vista la terminología utilizada en el adverbio ‘asimismo’ que según el diccionario de la Real Academia Española significa ‘también’, como afirmación de igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada lo cual, da la idea que debe mantenerse el equilibrio y el sistema de representación de la primera parte del artículo. Que esta interpretación, se encuentra avalada en los objetivos que persigue la carta fundamental, en palabras del preámbulo a afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad”.

Claramente la ley actual interrumpe ese equilibrio con una hegemonía del estamento político por sobre el no político y a la vez no asegura el pluralismo en su integración, ni la representación de las minorías en los diferentes estamentos.

Respecto del miembro del Poder Ejecutivo Nacional, entendemos que corresponde su participación e integración, ya que el texto sostiene la “representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular”, lo que incluye no sólo a los diputados y senadores de la Nación sino también al representante del Poder Ejecutivo.

Cuando el texto sostiene que el Consejo estará integrado por jueces de todas las instancias esto incluye a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que sería entendible o recomendable su integración.

Asimismo, la ley es inconstitucional entre otros puntos porque el artículo 13, inciso “C”, dispone que el rechazo por el Senado de la Nación del pliego del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo importará la convocatoria automática a un nuevo concurso para cubrir la vacante de que se trate, quebrantando con ello la explícita prescripción al establecer que son vinculantes las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura al Ejecutivo para el nombramiento de los magistrados/as.

Conclusión sobre la actual ley

Entre algunos argumentos, podemos sostener resumidamente que el actual diseño afecta la independencia del Poder Judicial, que como poder del Estado se advierte menospreciado desde su origen, atendiendo la inconstitucional integración del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Se afecta la representación plural de las minorías y el carácter federal del organismo al otorgar un único representante de los abogados/as de la matrícula federal del interior del país. Se afecta, la representación de los abogados/as en la Comisión de Selección de Magistrados/as y Escuela Judicial, al ser excluidos con la actual ley vigente y por último se limitó la representación del estamento académico con un único representante cuando el texto lo menciona en plural.

Todo ello nos lleva a la necesidad de plantearnos una reforma de la ley en lo que hace a una integración más equilibrada con un nuevo diseño institucional, un número de integrantes preciso y que resguarde y respete el concepto técnico/político que tuvo en mente el constituyente al crear este virtuoso organismo de la Constitución.

(*) Funcionario del Consejo de la Magistratura de la Nación

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *