El derecho que vivimos en pandemia

Por Luis R. Carranza Torres (*)

Un aniversario es la fecha en que se cumple un número de años exacto desde un suceso importante. Es algo que llama tanto a la reflexión como a la ponderación de los desafíos del futuro.

No somos los mismos del pasado año; una pandemia global carga con la culpa de ello. Tampoco lo es el derecho. En tan solo un año, mucho ha cambiado en el universo jurídico de nuestro país, en general, y de Córdoba, en particular.

El derecho de la pandemia, que todavía recorremos, es algo particular, novedoso y bastante mutable. Como todo lo provisorio, son reglas extraordinarias para tiempos fuera de la común, que enmiendan los principios jurídicos clásicos. El mayor desafío es adaptarse a la coyuntura con reglas propias, sin echar por la ventana el ordenamiento.

La respuesta jurídica sanitaria estatal a la crisis mundial causada por el coronavirus a partir de marzo de 2020 generó un crecimiento exponencial de las normas de excepción relativas a la salud pública. No se trató de un ordenamiento uniforme sino de sucesivas regulaciones, confirmatorias o modificatorias de las anteriores, sin que pueda entenderse como una tendencia uniforme en cierta dirección sino más bien como un flujo y reflujo normativo de restricción y flexibilización de medidas respecto de lo posible jurídicamente en tiempos normales.

En Argentina, en marzo de 2020 se dispuso la ampliación de la emergencia sanitaria por DNU 260/20, el 12 de marzo, que amplió la ya existente en de la ley 27541, dictada en diciembre de 2019, que había declarado diversas emergencias públicas en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Cabe destacar que con aquella norma asistimos por primera vez a un estado de emergencia que no tiene por causa a lo económico, si bien lógicamente proyectó sus efectos en esa área.

La legalidad de las medidas de restricción circulatoria denominadas ASPO que estableció el decreto 260/20, sin mediar el dictado de estado de sitio, fue convalidado en lo resuelto por la Sala integrada de hábeas corpus de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “Kingston, Patricio s/ Hábeas corpus”, el 22 de marzo de 2020.

En ese momento, el tribunal señaló que ante la falta de un tratamiento antiviral efectivo y sin vacunas, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio eran de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario de la enfermedad. Como su fundamento citó la necesidad de la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es la salud pública, tanto del afectado en forma directa como del de los terceros con los que se tuviera contacto, en caso de tratarse de un afectado por el covid-19.

Control dinámico

No debe perderse de vista que las situaciones pandémicas por oleadas requieren de un control de constitucionalidad dinámico, como advertimos en su momento, pues en un escenario tan cambiante como una crisis sanitaria, lo que hoy no es razonable puede serlo en el futuro, o a la inversa. Tampoco debe olvidarse que, a la par de la situación general, pueden existir situaciones especiales en que la vida y salud de determinadas personas estuvieran por encima de las medidas de profilaxis sanitaria.

Pandemia covid-19 controles

Las novedades en el derecho por la pandemia no se agotan en el dictado y vigencia de estas normas de base, existiendo asimismo varias nuevas formas normativas de nivel sublegal.

En tal sentido, la crisis sanitaria mundial del coronavirus generó nuevas formas de derecho e impulsó otras ya existentes.

Quizás el tipo de norma más en auge sea la del protocolo. Una palabra con raíces en el griego antiguo, pasando luego al latín, y que en términos generales puede definirse como el conjunto de reglas que determinan la manera en que debe realizarse una actividad.

Relegado hasta ahora al ámbito de lo técnico, lo operativo o lo funcional, la crisis lo elevó a la categoría de norma jurídica reglamentaria general. Su incumplimiento determina como consecuencia una infracción al orden jurídico cuya sanción, en la generalidad de los casos, está dentro del tipo penal del artículo 205 del Código Penal.

Comités de crisis

En cuanto al derecho de organización, en el ámbito administrativo cobraron protagonismo los comités de crisis de naturaleza interagencial. Un ejemplo cercano de ellos resulta el Centro de Operaciones de Emergencia (COI) creado por el Gobierno provincial.

Otra de las cuestiones propias del manejo normativo en la pandemia se halla dada por la presencia de “consejos de expertos” para asesorar a las autoridades, como instancias de consulta previa frente a decisiones importantes, como las que implican restricciones de derechos o alteraciones drásticas a lo normalmente establecido.

Se buscó dotar a lo decidido de “legitimidad técnica” o científica.

No se trata sólo de una cuestión de organización de trabajo sino de una que impacta en forma directa en lo jurídico, toda vez que la fundamentación de los actos administrativos integra la noción del debido procedimiento en un Estado de Derecho.

Otro de los rasgos de esta normativa está dado por el crecimiento exponencial de la legislación y de las nuevas facultades en las áreas del derecho de fomento y de la protección civil. El mejor ejemplo es la “Operación General Manuel Belgrano” de las Fuerzas Armadas, llevada a cabo en el ámbito del Ministerio de Defensa, bajo la coordinación del Estado Mayor Conjunto, en misiones de apoyo a la comunidad, y que involucra a unos 80 mil militares, el mayor desligue desde la Guerra de Malvinas en 1982.

Una muestra de la magnitud del aporte logístico de esta operación lo dan los números: en sus 30 primeros días de implementación, se distribuyeron a la población vulnerable más de un millón de raciones de comida. Sin contar la importancia de las tareas llevadas a cabo en otras áreas, tales como la fabricación de barbijos u otros vestuarios de protección, el alcohol en gel o la atención sanitaria a la población en hospitales militares móviles.

Tampoco fue escasa la influencia de la normativa de aislamiento sobre las formas procesales, del modelo presencial bajo formato papel al remoto bajo formato electrónico.

Cabe recordar que antes de la actual emergencia sanitaria, por acuerdo reglamentario 1582 serie “A” (del 21/08/2019), el TSJ de Córdoba dispuso aprobar y poner en ejecución un plan tendiente a la tramitación íntegramente electrónica de los expedientes judiciales.

Estado precedente

En tal sentido, la digitalización de datos, documentos y procedimientos, así como la instauración de las firmas digital y electrónica, tiene una base legal habilitante: la ley nacional 25506 y su decreto reglamentario; la ley nacional 26685 y las leyes provinciales 9401 y 10177. Esta última, en su artículo 14, faculta a dicho TSJ a reglamentar el uso del expediente electrónico y la firma electrónica o digital, así como a disponer su gradual implementación. La pandemia sólo vino a acelerar un estado de cosas precedente.

Se puede definir el “proceso electrónico” como aquel que se actúa en un entorno digital, sin necesidad de papel, en virtud de utilizar métodos automatizados informáticos para efectuar los distintos actos procesales. Expediente electrónico, por su parte, es aquel en se registra en un soporte electrónico, electromagnético o similar las distintas actuaciones del trámite, en el que se accede a partir del uso de un determinado hardware y programa.

No se trata, pues, de un nuevo proceso o expediente como categoría sino de una nueva especie dentro de las categorías o elementos jurídicos (proceso, expediente) de siempre.

Por ello tan sólo resulta un cambio de formato, si bien de no poco peso.

Por otra parte, no fue el primero que experimentó el proceso judicial en la historia humana, pero sí el más revolucionario de nuestro tiempo. Urge en la materia poner a tono los códigos procesales con la nueva realidad de materialización de los actos procesales.

Tal es, en rasgos generales, este “derecho pandémico” que el covid-19 está deparando y que todavía no concluyó.

(*) Abogado. Escritor.

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