“Mila”, el caso sobre libertad de expresión que movilizó a Francia y marca pautas para el futuro

Por Pilar Viqueira – pviqueira@comercioyjusticia.info

En un país traumatizado por la masacre perpetrada en el semanario satírico Charlie Hebdo y por otros ataques terroristas, el Estado debió proveerle custodia a una adolescente que criticó al Islam en Instagram. Todo ocurrió en febrero de 2020 y se resolvió este año. Las repercusiones de lo sucedido marcan las divisiones de enfoques en torno al tema y permiten visualizar el criterio de los tribunales de justicia al respecto.

A partir de febrero de 2020, a cinco años de la masacre en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, Francia debatió los límites del denominado “derecho a la blasfemia”, por el acoso que sufrió una adolescente que manifestó su rechazo al Islam en Instagram.

“El Corán es una religión de odio”, comentó, entre otras frases, Mila, de 16 años, en un vídeo en la mencionada red social. Lo hizo mientras hablaba con otro usuario sobre su gusto por las mujeres.

El posteo de la joven, que residía cerca de Lyon, bastó para que recibiera una verdadera catarata de amenazas e insultos: 200 mensajes por minuto, según declaró. Incluso, tuvo que abandonar la escuela a la que asistía, por razones de seguridad.

El delegado General del Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), Abdallah Zekri, contribuyó a profundizar los riesgos para Mila. “Quien siembra vientos, recoge tempestades”, lanzó.

El abogado de la joven, Richard Malka, aseguró que su representada no cruzó ningún límite y aclaró que criticó el Corán, pero no una comunidad.

Además, denunció lo que definió como tibieza y silencio de algunos políticos y activistas. Dijo que no defendían a una menor de edad insultada por fanáticos, homofóbicos y machistas por temor a que pudiera interpretarse que respaldan su visión sobre el Islam.

Injurias

Si bien la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, defendió el derecho a reprobar determinadas confesiones, advirtió que las injurias por pertenecer a una religión son infracciones, y así complicó un debate en el que se mezcló el derecho a la blasfemia con la incitación al odio racial y la libertad de expresión con la protección de las minorías.

“La amenaza de muerte es inaceptable”, dijo Belloubet, pero añadió -para pasmar más-: “El insulto a la religión es un ataque a la libertad de conciencia”.

El abogado de Mila, Richard Malka, también letrado de Charlie Hebdo, denunció lo que definió como tibieza y silencio de algunos políticos y activistas. Dijo que no defendían a una niña amenazada por su temor a que pudiera interpretarse que respaldan la visión de ella sobre el Islam.

Sus palabras se interpretaron como un cuestionamiento del derecho a la blasfemia, que permite criticar una religión y sus símbolos, pero no a sus adeptos. Horas después, Belloubet se rectificó: “No quise cuestionar el derecho de criticar la religión”, asumió.

La derecha francesa respaldó a Mila y el Poder Judicial, también. La fiscalía de la ciudad de Vienne abrió investigaciones por amenazas de muerte y por incitación al odio racial, aunque pronto archivó la segunda.

Alto precio

El equipo de Charlie Hebdo pagó un alto precio por ejercer su derecho a burlarse de la religión: en enero de 2015, más de una decena de miembros de su redacción fue asesinada por terroristas islamistas.

Cabe recordar que el 17 de enero de 2015, los hermanos Chérif y Saïd Kouachi irrumpieron en la sede parisina de Charlie Hebdo y abrieron fuego. En un minuto y 49 segundos diezmaron el plantel de la publicación más irreverente del país.

“Fue una ejecución política”, dijo desde el inicio el actual director de Charlie Hebdo, Riss, quien vive con custodia permanente. “No fue un atentado ciego, fue una ejecución específica para acallar a gente que tenía una palabra particular”, manifestó también.

“Segundos cuchillos”

Antigua sede de Charlie Hebdo.

En diciembre de 2020, luego de tres meses y medio de juicio, la Justicia francesa condenó a 14 personas por su apoyo logístico a los atacantes.

Se trata de los denominados “segundos cuchillos” quienes, entre otras acciones, les proporcionaron armas, equipamiento y financiación a los hermanos Kouachi y a Amédy Coulibaly, integrantes de Al Qaeda.

Tres acusados están prófugos, con orden de captura. Se trata de la única mujer, Hayat Boumedienne, y de los hermanos Mohamed y Medhi Belhoucine (se sospecha que murieron en Siria, en las filas del Estado Islámico).

La dificultad del proceso consistió en determinar el grado de complicidad de los imputados, puesto que los tres hombres que perpetraron los atentados -los Kouachi y Coulibaly- fueron abatidos.

Ali Riza Polat, el principal inculpado, fue condenado a 30 años de prisión por complicidad. Otros dos encartados recibieron penas de 20 y 13 años, respectivamente, por “asociación de malhechores terroristas”.

Los magistrados rebajaron las acusaciones que pesaban sobre el resto y le impusieron entre cuatro y 10 años de cárcel por “asociación de malhechores no terroristas”. El juicio en contra de los “segundos cuchillos” comenzó a principios de septiembre de 2020.

Dos centenares de personas se constituyeron como querellantes y muchas estuvieron presentes durante la jornada inaugural del debate, la primera ocasión en que se pudo ver -aunque con tapabocas- a 11 de los 14 acusados por diversos grados de complicidad y participación.

“Queremos saber cómo se organizó el ataque y por qué. Lo importante son las respuestas y la investigación”, afirmó en su momento Philippe Assor, el letrado de la pareja del economista y colaborador de Charlie Hebdo Bernard Maris Wolinski, acribillado en su trabajo. “Ellos murieron para que nosotros pudiéramos seguir siendo libres”, afirmó -por su parte- Malka, abogado de la revista (y de la joven Mila).

Móvil del crimen

Para Malka, el debate que se iniciaba se trataba de libertad de expresión. Al respecto, enfatizó: “El móvil del crimen era la voluntad de prohibir criticar a Dios; es decir, la libertad de expresión. Resumiendo, la libertad”.

En la misma línea, declaró que lo sucedido debía hacer reflexionar a quienes, con sus críticas a la revista, se convirtieron, a su entender, en “cómplices intelectuales”.

En la víspera del comienzo del debate, Charlie Hebdo volvió a publicar las caricaturas de Mahoma que la convirtieron en objetivo de los extremistas. “Todo eso (en referencia a los atentados), por esto”, consignó en su portada, que reproduce los dibujos que, en 2006, difundió en solidaridad con el diario danés Jyllands-Posten, amenazado por ser el primero en llevar a imprenta sátiras del profeta.

“Desde enero de 2015 nos han pedido repetidamente publicar otras caricaturas de Mahoma. Siempre nos hemos negado, no porque esté prohibido porque la ley nos lo permite, sino porque hacía falta un buen motivo”, explicó la publicación danesa. “Reproducir esta semana de la apertura del juicio estas caricaturas nos pareció indispensable”, agregó en el número especial dedicado a los tres días de atentados que abrieron un 2015 trágico, que acabó con otra ola de ataques terroristas en París el 13 de noviembre y dejaron 130 fallecidos más.

República

La periodista y ensayista Caroline Fourest, ex colaboradora de Charlie Ebdo y autora de Elogio de la blasfemia y Generación ofendida, sostuvo que es la tradición satírica -y, por lo tanto, la expresión crítica- la que permitió “poner la iglesia en su lugar y posibilitar así que emergiera la República”.

“Es la fuente de todas nuestras libertades, incluidas las que disfrutan hoy las minorías o las mujeres, gracias a la laicidad”, enfatizó.

Deshonestidad intelectual

Fourest coincidió con el abogado de Charlie Hebdo, Malka, en cuanto a que se trataría de un proceso sobre la libertad de expresión. En tanto, manifestó que la sociedad debía interrogarse sobre la responsabilidad de los “terceros cuchillos”; es decir, de los que “señalaron a Charlie como un posible objetivo a fuerza de estigmatizarlo, de llamarlo racista, con una deshonestidad intelectual muy peligrosa e inflamable”.

En esa línea, dijo que hay sectores que están formando el pensamiento de los jóvenes y confunden la crítica de las ideas, incluso la crítica de la religión, con la crítica de las identidades.

“Confunden el derecho a la blasfemia con el racismo y envenenan nuestro debate público en un contexto en el que existen siempre asesinos que pueden ampararse en esa confusión para sentirse legítimos y autorizados para matar”, argumentó.

Blasfemia

En febrero de este año, los límites del derecho a la blasfemia volvieron a discutirse en Francia por lo sucedido con “Mila”. Lo que hace particular su caso es su juventud y el hecho de que carece de una agenda política o partidista.

“El Corán es una religión de odio”, afirmó Mila, de 16 años, en un video de Instagram, mientras hablaba con otra persona sobre su lesbianismo.

Caroline Fourest, ex colaboradora de Charlie Ebdo y, sostuvo que es la tradición satírica -y, por lo tanto, la expresión crítica- la que permitió “poner la iglesia en su lugar” y posibilitar que emergiera la República francesa.

Sobre el calvario que sufrió la joven, Riss escribió: “Primero fue insultada por los más tontos. Después, fue amenazada por los más fanáticos. Y, finalmente, abandonada por los más cobardes”.

En julio de este año hubo un veredicto. El Tribunal Penal de París condenó a penas de cuatro a seis meses de prisión a 11 jóvenes de entre 18 y 29 años por participar en el “linchamiento virtual” de Mila, recordando que recibió decenas de miles de insultos y hasta amenazas de violación y de muerte.

Varios de los imputados deberán indemnizar a la joven por daños y perjuicios, como víctima de ciberacoso.


La sátira política en Argentina y EEUU: panorama jurisprudencial

En un expediente en el cual se debatieron los alcances de la libertad de expresión en el país y, en particular, los límites de la sátira y de la parodia, hace poco menos de un año, en diciembre de 2029, la Corte revocó la condena dictada en contra de la revista Barcelona por una tapa de 2010 que involucró a Cecilia Pando, activista del grupo Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina. El fallo siguió los lineamientos del dictamen que presentó en 2018 el procurador Víctor Abramovich.

Hace una década, Pando demandó a aquel medio por publicar una foto de su rostro adosada a la imagen del cuerpo desnudo de otra mujer atado con sogas, con el título “Las chicas quieren guerra antisubversiva” y leyendas tales como “Para matarla” y “Soltá el genocida que llevás dentro”.

Cabe recordar que antes de la salida de la edición número 193 de la revista, Pando se había encadenado al Edificio Libertador -sede del Estado Mayor del Ejército- para reclamar la detención de militares procesados o juzgados por delitos de lesa humanidad.

Pando argumentó que la imagen debía analizarse en el contexto de sus costumbres y las de su entorno familiar; sobre todo, porque, según alegó, era “pornográfica”.

Por su parte, los letrados de Barcelona adujeron que la revista abordó un tema público mediante recursos humorísticos. “La revista ejerce la sátira y la parodia”, recordaron, acotando que reflejó una noticia protagonizada por Pando utilizando aquellos recursos.

Los abogados adelantaron parte de la jurisprudencia que se pondría en juego en el juicio, citando causas en las que se estableció el derecho a publicar caricaturas de figuras públicas, como el fallo “Hustler Magazine versus Falwell”, de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el que se concluyó que la caricatura no puede causar daño psicológico.

En abril de 2016, el Juzgado Nacional en lo Civil 108 admitió parcialmente el reclamo de Pando y le ordenó a Gente Grossa SRL a pagarle 40 mil pesos. La actora había pedido $70 mil. El a quo argumentó que la publicación lesionó la imagen, el honor y la dignidad personal de Pando.

Ambas partes apelaron y en marzo de 2017 la Sala D de la Cámara Civil ratificó el decisorio y elevó el monto de la reparación a 70 mil pesos. Afirmó que, si bien la libertad de expresión es un pilar fundamental del sistema republicano que se manifiesta en la facultad de los individuos de expresar cualquier pensamiento, idea, creencia, juicio de valor u opinión a través de cualquier medio, su ejercicio no es absoluto cuando se enfrenta con otros derechos también fundamentales, como al honor y a la propia imagen.

Citó al Tribunal Constitucional de España, que sostuvo que, en ocasiones, la manipulación satírica de una fotografía puede obedecer a intenciones que no gozan de relevancia constitucional suficiente para justificar la afectación del derecho a la propia imagen y que puede usarse “como instrumento de escarnio”.

La disputa llegó a la Corte , que revocó la condena. Reseñó que Barcelona usa la sátira para hacer críticas de la política y de la sociedad argentina, que la expresión satírica utiliza el humor o lo grotesco para expresarlas y que se caracteriza por “exagerar y deformar la realidad de modo burlesco”. Concluyó que la tapa cuestionada no lesionó el honor de Pando porque no sobrepasó los límites de la protección que la Constitución le otorga a la libertad de expresión.

También descartó que haya configurado un “insulto gratuito” o una “vejación injustificada”.

En cuanto a la vulneración del derecho a la propia imagen, expuso que -por las características del medio y el contexto de la publicación- el fotomontaje podía ser considerado “una manipulación de la imagen asimilable a una caricatura”, entendiendo por tal “una creación satírica realizada a partir de la deformación de los rasgos y aspecto físico de un sujeto”.

En abril de 2018, el procurador Abramovich había dictaminado que la publicación de Barcelona estaba amparada por el derecho a la libertad de expresión y que no excedió el alcance de una opinión sobre un asunto de interés público. Alegó que el margen de tolerancia de la actora frente a la crítica periodística debía ser mayor debido a su carácter de figura pública.

También afirmó que la sátira social o política es una “poderosa herramienta de comunicación de ideas y opiniones” sobre asuntos públicos merecedora de protección constitucional.

El funcionario recordó que Argentina tiene una larga tradición -que se remonta al siglo XIX- de publicaciones que recurrían a la caricatura, al sarcasmo y a la ironía para referirse a figuras públicas y a acontecimientos sociales.

Por último, estimó que la existencia de un agravio para la accionante debía ponderarse partiendo del carácter satírico e inverosímil de la revista Barcelona: planteó que ningún lector pudo considerar razonablemente que lo que se transmitía era información verdadera o creíble acerca de la actora, su vida íntima o su imagen. Abramovich entendió que el hecho de que las críticas satíricas expuestas por la revista Barcelona sean susceptibles de herir los sentimientos de la actora no justificaba una condena indemnizatoria, enfatizando que, de otro modo, se atentaría contra una de las libertades fundamentales en una república democrática: la preservación del debate relativo a las actividades de figuras públicas que son de interés para la sociedad.

El caso “Hustler magazine versus falwell”, citado por la defensa de Barcelona, es clave.

A lo largo de su vida, el estadounidense Larry Flynt, editor de Hustler, enfrentó varias batallas legales relacionadas con los contenidos que difundían sus productos.

Flynt siempre se amparó en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que veda la promulgación de leyes que prohíban la libertad de culto, de expresión, de prensa, de reunión o de petición.

En 1978, al salir de una audiencia por una denuncia por “obscenidad”, fue baleado por un supremacista banco que estaba furioso porque Hustler mostraba interacciones sexuales entre personas de distintas razas.

En 1984, la publicación de una parodia de un conocido anuncio del licor Campari, en el que se satirizó al predicador ultraconservador Jerry Falwell, llevó a Flynt a otra polémica.

La nota contenía una supuesta entrevista a Falwell en la cual hablaba de su “primera vez”, reconociendo haber mantenido relaciones con su madre en una letrina.

Falwell demandó a Flynt por difamación y por infligirle daño moral y pidió una indemnización de 40 millones de dólares. En la reconvención, el periodista, representado por el célebre abogado de derechos civiles Alan Isaacman, acusó al pastor de violación de sus derechos de autor, ya que para recaudar fondos para su causa fotocopió y distribuyó la nota entre sus feligreses.

Ante un tribunal del Estado de Virginia, Isaacman aseguró que “cualquier persona en su sano juicio podía entender que lo que leía era una parodia” y que, como tal, no lesionaba la reputación de Falwell.

Por su parte, Flynt dijo que sólo era culpable de tener mal gusto y argumentó que si la primera enmienda protegía a una “escoria” como él, también protegería a los demás ciudadanos.

Flynt fue absuelto del cargo de difamación pero condenado civilmente por causarle sufrimiento emocional al demandante.

El fallo fue recurrido ante la Corte Suprema de EEUU, que avaló la postura del editor de forma unánime, destacando que en la historia del país “la descripción gráfica y la caricatura satírica tuvieron un papel predominante en el debate público y político”.

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